El Jury de Enjuiciamiento resolvió este jueves, por unanimidad, aceptar la denuncia de la Defensora General, Cecilia Saint-André contra Romina Crisafulli Menéndez, abogada de la Primera Defensoría Oficial Penal de Adultos de San Rafael, perteneciente a la Segunda Circunscripción Judicial.
Las acusaciones que recaen sobre la defensora oficial por desorden de conducta, mal desempeño e inasistencias reiteradas, respaldadas por una serie de denuncias que apuntan a un patrón de irregularidades graves en el ejercicio de sus funciones.
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Según la presentación realizada por la jefa de los defensores, Crisafulli presentó de manera reiterada certificados médicos inválidos firmados por un profesional no habilitado, el doctor Héctor Rodríguez Medina.
A esto se suma la acumulación de ausencias injustificadas, episodios de mal comportamiento reportados por colegas y personal judicial, y el abandono de su lugar de residencia en San Rafael sin notificar formalmente el cambio de domicilio, requisito obligatorio dada la circunscripción donde debía desempeñarse.
El expediente detalla que la abogada defensora obtuvo el alta médica en mayo de 2024 y continuó bajo una modalidad excepcional de trabajo remoto. Sin embargo, ese mismo mes abandonó su vivienda en San Rafael, mientras tramitaba el traslado escolar de su hijo a la Ciudad de Mendoza, hecho que, según la denuncia, permite inferir una planificación previa para modificar su centro de vida y luego solicitar un traslado ante el Consejo de la Magistratura.
Paralelamente, durante el período en que trabajó de manera virtual, se registraron múltiples quejas de ciudadanos que señalaron perjuicios concretos en su defensa técnica.
Las irregularidades se profundizaron hacia fines de octubre de 2024, cuando Crisafulli presentó nuevos certificados médicos —también emitidos por el profesional no habilitado— alegando un diagnóstico de herpes zóster y posteriormente neuropatía posherpética.
Ambos fueron rechazados por la Junta de Salud Ocupacional de OSEP, que le otorgó el alta presencial. Pese a ello, la magistrada manifestó su negativa a retomar tareas en San Rafael y continúa presentando certificaciones cuestionadas, desoyendo las notificaciones por faltas injustificadas.
Con estos elementos, el órgano judicial decidió darle traslado a la denuncia contra Crisafulli, quien ahora deberá ser notificada y preparar la respuesta formal ante el Tribunal de Enjuiciamiento quien decidirá si procede o no avanzar con el juicio solicitado.