El ecosistema familiar que Walter Bento intentó preservar durante dos años y medio de debate judicial comenzó a fragmentarse tras la lectura de la sentencia condenatoria del 6 de febrero. La novedad más impactante surge en el plano académico y judicial: Nahuel Bento, recientemente condenado como coautor de lavado de activos, presentó un pedido ante el Tribunal Oral Federal Nº2 para radicarse en Buenos Aires. Lo hizo en el expediente “paralelo” que se inició para tratar beneficios como la domiciliaria.
El motivo de la solicitud es la obtención de una beca en el Conicet. Paradójicamente, el tema de investigación que desarrollará el hijo del exmagistrado es: “El derecho a recurrir un fallo en el proceso penal, estándares internacionales y su inclusión en el nuevo Código Procesal Penal Federal”, según consta en la web oficial del organismo. El estudio se llevará a cabo en el Instituto Interdisciplinario de Estudios Constitucionales de la Universidad Nacional de José Clemente Paz (UNPAZ).
Al pesar sobre él una condena de 5 años de prisión y una multa de $16.642.040, Nahuel Bento tiene la obligación de informar y pedir autorización para cualquier cambio de domicilio ante los Tribunales federales, incluso dentro del país. Aunque no implica una salida de la Argentina, su traslado significa un alejamiento físico del núcleo familiar que actualmente tiene a su padre alojado en la cárcel federal de Cacheuta.
Según documentación judicial a la que accedió El Sol, Nahuel Bento argumentó que la beca “reviste carácter rentado, percibiendo mensualmente el estipendio que fija el organismo nacional para esta categoría de becarios”.
“Una vez fijado el nuevo domicilio real, lo haré saber de inmediato, manteniéndome -como hasta el presente- plenamente a disposición de la Justicia para todo aquello que el Tribunal estime pertinente”, aclaró.
¿Estrategia judicial?
Tanta fue la repercusión del pedido que el Ministerio Público presentará una oposición a la beca. Por lo que contaron fuentes del caso, podría tratarse de una estrategia de la familia para dejar sola a su madre con el cuidado de uno de sus hermanos, Facundo, quien presenta una discapacidad. De esta manera, volvería a cobrar fuerza la posibilidad de que el equipo legal de Walter Bento pida la detención domiciliaria.
La semana que viene podrían conocerse mayores precisiones al respecto.
Caso Bento: el Tribunal admitió un error y la multa para Marta Boiza saltó de miles a $223 millones
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El destino europeo de Luciano Bento
Por su parte, el hijo menor del clan, Luciano Bento, también tiene planes de abandonar la provincia. A diferencia de su hermano y sus padres, fue absuelto por falta de acusación fiscal y no posee condenas en su contra.
Trascendió que consiguió trabajo en España y tendría planificado trasladarse al Viejo Continente durante el próximo mes.
La paradoja del cuidado de Facundo y Marta Boiza
Estos movimientos migratorios de los hermanos Bento exponen una fuerte contradicción con la estrategia defensiva sostenida durante todo el proceso. A lo largo de los dos años y medio de juicio, la familia se empecinó en presentar innumerables recursos de prisión domiciliaria para Walter Bento, bajo el argumento de que su presencia era indispensable para el cuidado de su hijo Facundo, quien padece una encefalopatía crónica no evolutiva.
Incluso, en reiterados planteos, la defensa aseguró que la madre, Marta Boiza, se encontraba incapacitada físicamente, lo que le dificultaba severamente el cuidado del joven.
Sin embargo, ahora que el ex juez cumple su condena de 18 años en prisión efectiva en Cacheuta y los recursos judiciales se agotaron (hasta que, al menos quede o no firme la sentencia), los dos hijos que servían de apoyo en el hogar han decidido alejarse de Mendoza por motivos laborales y de estudio, dejando a Facundo bajo el exclusivo cuidado de Boiza. Ante este panorama, es que la fiscalía estaría buscando documentación para oponerse al pedido.
La esposa del ex juez también recibió una dura sanción: fue condenada a 6 años de prisión por enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado y falsedad ideológica. Si bien por ahora no tiene prisión efectiva, sobre ella pesa una multa millonaria de $223.346.159, cifra que fue corregida recientemente por el tribunal tras detectar un error de cálculo inicial.