La Cámara de Diputados iba a tratar este miércoles la reforma del Código Procesal Penal, pero a último momento y por pedido de la oposición, el presidente del cuerpo legislativo, Andrés Lombardi, decidió no incluirlo en el orden del día. Los motivos del bloque del peronismo como de La Unión Mendocina tienen que ver con la “velocidad” que el oficialismo pretende darle a la iniciativa.
El proyecto fue presentado hace menos de dos semanas por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, en conjunto con el Ministerio Público Fiscal. Recién este martes, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), en el que Cambia Mendoza tiene mayoría, emitió el despacho para que se pueda tratar en el recinto.
La propuesta busca optimizar los tiempos y dinámicas de los procesos penales en la provincia. De lleno, propone modificaciones a la Ley N.º 6730, con un enfoque particular en la etapa de investigación penal preparatoria, considerada clave para determinar si una causa avanza a juicio oral.
En el peronismo sospechan “del apuro” que tuvo el bloque oficialista en debatir el tema en comisiones, ya que recién este lunes se presentaron en LAC, el procurador general Alejandro Gullé y el subsecretario de Justicia Marcelo D`Agostino para dar detalles sobre el proyecto.
“Nos pareció sospechoso el apuro con el que el oficialismo trató el proyecto. Recién esta semana vinieron autoridades a explicarlo. Eso también nos generó dudas con la rapidez que quisieron tratar un tema sensible como es lo penal”, comentó Germán Gómez, presidente del bloque del PJ.
El legislador provincial sostuvo que el motivo de la prórroga del tratamiento fue para acudir a especialistas en materia penal. En ese sentido, Gómez afirmó que “todos los artículos nos hacen mucho ruido. Vemos un retroceso al trabajo que se viene realizando con el código actual”. En el bloque del peronismo ven “difícil” acompañar la iniciativa.
La Unión Mendocina (LUM) se mostró más abierto y en líneas generales “están a favor” porque consideran que la propuesta enviada por el Ejecutivo “tiene mucho sentido”. No obstante, también hicieron énfasis en la rapidez que tuvo el oficialismo sobre el tema y que quieren analizar “detenidamente” los 12 artículos que se busca modificar en el código.
Jorge Difonso, presidente del bloque de LUM, le pareció prudente que el debate se pase para la próxima semana porque es un tema que “no es algo que se tiene que debatir así porque sí”. El exintendente de San Carlos dijo que se encuentran analizando un planteo por docentes de la cátedra de Procesal Penal I y II de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo en el artículo 362 bis.
Las cátedras que plantearon esta inquietud son de quinto año de la carrera de Abogacía, que presentaron aportes al proyecto.
“Vemos mucho sentido en lo que plantea el proyecto, pero queremos ver detalladamente cada punto. Sobre todo queremos ver el planteo que ha realizado docentes de la Facultad de Derecho sobre cómo algunos cambios de facultades que propone el documento. Seguramente haremos una propuesta de ese punto en el tratamiento”, aseguró Difonso.
El artículo denominado “discrepancia” explica que si un Fiscal de Instrucción solicita el sobreseimiento de un acusado y el juez no está de acuerdo con el pedido, las actuaciones se elevan al Fiscal Adjunto Penal. En ese caso, la norma pide que si este “coincidiera con lo solicitado por el inferior, el juez resolverá en tal sentido”.
De lo contrario, la norma sostiene que el expediente pasará en vista al Fiscal subrogante, quien formulará el requerimiento de citación a juicio basándose en los fundamentos del superior.