En medio de la pandemia del coronavirus y ante el temor por la llegada de la segunda ola, el gobernador Rodolfo Suarez solicitó a la Legislatura prorrogar por un año la emergencia sanitaria, social, administrativa, económica y financiera.

Lo que se busca es extender los alcances de la ley 9.220 del año pasado, que aprobó la emergencia y le permitió al Ejecutivo realizar compras de manera más ágil, reasignar partidas y otorgar herramientas financieras para hacer frente a la crisis.

En el 2020 el mandatario estableció un uso del crédito de hasta el 10% del presupuesto en el contexto de emergencia. Sin embargo, el artículo 32 de la Ley de Administración Financiera (8.706) no pone límites en la reasignación de partidas o endeudamiento para atender casos de epidemias, inundaciones, terremotos u otros de fuerza mayor.

“Este fenómeno representa un hecho de marcado dinamismo, imponiendo la necesidad de adoptar gran cantidad de decisiones en un marco de crisis y, en ese contexto, se han adoptado medidas en todos los ámbitos con el objeto de mitigar la propagación de la enfermedad entre la población, por lo que resulta vital a tales fines contar con las herramientas normativas necesarias”, señala el texto entre sus argumentos.

Sobre eso, el Ejecutivo hace referencia a las “respuestas extraordinarias” por parte del Estado que ha requerido la pandemia.

El proyecto presentado plantea que la norma inicial no se modificó en su esencia por lo que resulta “necesario mantener las herramientas legales” que otorgó en su momento la Legislatura.

Se espera que el la iniciativa tome estado parlamentario el martes y que se trate la semana próxima. Para poder prorrogar la emergencia el gobernador solamente necesita tener mayoría simple de los votos.

El planteo de la oposición

Desde el arco opositor probablemente acompañen la medida, sin embargo la idea es reclamar por la presencia de la ministra de Salud, Ana María Nadal, y además pedirán los informes de los gastos realizados en el marco de la pandemia.

El año pasado se creó la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de todas las medidas realizadas por el Poder Ejecutivo para controlar las operaciones de endeudamiento, uso del crédito y las contrataciones realizadas. Sin embargo, desde la oposición afirman que no se realizaron los informes mensuales con los detalles.