Un proyecto de ley propone crear un programa obligatorio de prevención de la reincidencia para las personas sancionadas por conducir bajo los efectos del alcohol en Mendoza. La iniciativa busca modificar el Código Contravencional y la Ley de Seguridad de Tránsito para que la realización y aprobación de una capacitación psicoeducativa sea una condición para recuperar la habilitación para conducir en determinados casos. La propuesta fue presentado por la diputada provincial María Inés Ramos, del bloque La Libertad Avanza.
El proyecto crea el “Programa Provincial de Prevención de la Reincidencia en Contravenciones e Infracciones Viales por Alcoholemia Positiva”, destinado a quienes sean sancionados bajo el artículo 67 bis de la Ley 9.099 y a los infractores reincidentes alcanzados por el artículo 86 bis de la Ley 9.024.
La propuesta establece que el juez deberá imponerlo obligatoriamente como una sanción accesoria y que el conductor deberá acreditar la aprobación de todos los módulos antes de ser rehabilitado para conducir, una vez cumplido el período de inhabilitación correspondiente.
Según los fundamentos, la iniciativa parte de un aumento de los controles de alcoholemia y de la necesidad de complementar las sanciones económicas con herramientas destinadas a modificar las conductas.
El proyecto señala que durante 2024 los controles crecieron un 241% interanual, mientras que la tasa de positividad se ubicó en 3,3%. En 2025, de acuerdo con los datos incluidos en la iniciativa, se realizaron aproximadamente 69.500 controles, que derivaron en 1.080 actas por registros de hasta 0,99 gramos de alcohol por litro de sangre y 1.358 procesos contravencionales por registros superiores a un gramo.
La tendencia continuó durante 2026. Entre el 1 de enero y el 9 de junio se realizaron 49.707 controles de alcoholemia, un 33% más que durante el mismo período de 2025. Como resultado, se confeccionaron 788 actas por alcoholemia positiva y se iniciaron 705 procesos contravencionales. A partir de estos datos, los autores sostienen que el aumento de las multas y de los controles debe complementarse con medidas destinadas específicamente a evitar la reincidencia.
El programa no sería una capacitación exclusivamente informativa. De acuerdo con el proyecto, tendría un componente de reflexión, concientización, reeducación y modificación de conductas, con contenidos orientados a que los sancionados identifiquen los factores que intervienen en sus decisiones al momento de conducir después de consumir alcohol. La propuesta apunta a que los participantes desarrollen herramientas preventivas para evitar repetir la conducta.
Para implementar el sistema, el Ejecutivo deberá determinar una autoridad de aplicación que tendrá a su cargo la creación de un Registro Provincial de Prestadores Habilitados. Allí podrán inscribirse profesionales e instituciones que cumplan con los requisitos técnicos y de capacitación establecidos por la reglamentación.
Los infractores podrán elegir libremente entre los prestadores registrados, mientras que la autoridad deberá establecer un sistema para verificar la identidad del participante, su asistencia, el cumplimiento de los módulos y la autenticidad de los certificados.
Uno de los puntos centrales es que el costo del programa estará a cargo del conductor sancionado. Los prestadores podrán determinar libremente el valor del servicio. Sin embargo, quienes acrediten imposibilidad económica podrán acceder al programa a través de efectores públicos provinciales o de los mecanismos que establezca la reglamentación.
La iniciativa también modifica el régimen vigente para quienes conduzcan con una alcoholemia igual o superior a un gramo por litro de sangre. Mantiene las sanciones previstas, que incluyen multas de entre 4.000 y 11.000 unidades fiscales o arresto de hasta 120 días, además de una inhabilitación para conducir de entre 90 y 545 días, pero incorpora como sanción accesoria obligatoria la realización y aprobación del nuevo programa.
En el caso de los infractores reincidentes, el proyecto establece que quienes registren una condena firme por la misma infracción durante los tres años anteriores deberán realizar y aprobar el programa. La rehabilitación para conducir quedará condicionada a la acreditación del cumplimiento de la totalidad de la capacitación ante la autoridad competente.
El texto también busca reforzar los mecanismos de control sobre las certificaciones. Entre sus objetivos figura “erradicar prácticas fraudulentas y la emisión irregular de certificados”, mediante un sistema de validación que permita comprobar que el infractor efectivamente cumplió con el trayecto formativo. Además, la autoridad de aplicación deberá elaborar anualmente un informe estadístico anonimizado con la cantidad de personas alcanzadas, los niveles de cumplimiento y las tasas de reincidencia.
La propuesta deberá ser analizada ahora por la Legislatura provincial. En caso de avanzar, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 30 días desde la promulgación para reglamentar la norma y definir los mecanismos de funcionamiento del programa.