La clausura de la estación de servicio YPF ubicada en Uspallata, dispuesta por la Municipalidad de Las Heras el pasado 3 de febrero, hizo visible una disputa societaria que hasta entonces permanecía fuera del radar público. La medida recayó sobre un emprendimiento privado que no posee relación operativa directa con el negocio de los residuos, pero sí un vínculo de propiedad clave: pertenece a Diego Dumit y Alfredo Vila Santander.
Se trata de los mismos empresarios que hoy protagonizan un encarnizado conflicto judicial por el control de Selfix SRL, la firma concesionaria del Centro de Disposición Final (CDF) de El Borbollón, donde se deposita y trata la basura de los municipios del Gran Mendoza.
El cierre de la expendedora, situada en un punto estratégico de la Ruta Nacional 7, tuvo un fuerte impacto logístico inicial, pero fue apenas la punta del iceberg. Debajo de la superficie emerge una guerra de poder por el control del multimillonario negocio de la basura.
Las fechas permiten comprender por qué la sanción municipal funcionó como un catalizador: apenas un día antes de la clausura, el 2 de febrero, VW SA —sociedad presidida por Vila Santander— presentó una demanda judicial contra Selfix, Dumit y otros socios por presuntos actos irregulares que alteraron drásticamente el control de la compañía.
Si bien la Municipalidad de Las Heras fundamentó la clausura en un expediente administrativo por matafuegos vencidos y planos desactualizados —y levantó la sanción pocos días después—, la proximidad cronológica entre ambos hechos convirtió una pelea empresarial en un asunto de gran exposición pública y suspicacia política. Aunque no existe por ahora una constancia judicial que vincule formalmente la clausura con la demanda, la coincidencia temporal disparó interrogantes.
De socios a enemigos
Durante varios años, Vila Santander y Dumit compartieron negocios e intereses comunes. Sin embargo, el quiebre tuvo su epicentro en Selfix, una pieza estructural del sistema ambiental del área metropolitana.
La disputa no es menor ni se limita a una diferencia comercial de rutina: está en juego la conducción de una empresa que maneja un flujo económico que supera holgadamente los mil millones de pesos por mes. En el CDF de El Borbollón, Selfix administra el tratamiento de los residuos sólidos urbanos (RSU) de Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú, Luján de Cuyo, Las Heras y Lavalle. Además, la planta recepciona los desperdicios de empresas privadas y de complejos habitacionales que gestionan su propia recolección.
“La cantidad de RSU recibido mensualmente ronda las 40.000 toneladas y el precio estipulado (por tonelada) es de $27.711,89 para municipios y $35.000 más IVA para privados”, destaca un informe oficial.
No se trata de una firma marginal: la concesión vigente, otorgada en 2022 por un plazo de diez años, la posiciona como un eslabón crítico para el cual no existe un reemplazo inmediato ni una alternativa operativa simple para las comunas afectadas.
La metamorfosis de Selfix
La historia de Selfix SRL muestra mutaciones constantes desde su constitución en 2018. Tres años después de su origen, la firma quedó bajo el mando de Guillermo Negrotto y Carlos Marcelo Persia, ambos vinculados a Dumit. En noviembre de 2021, Vila Santander ingresó a la sociedad a través de VW, adquiriendo el 45% de las cuotas sociales.
Dumit, por su parte, formalizó su ingreso recién en marzo de 2024; primero mediante su empresa Diepebru (que adquirió las acciones de Persia) y luego a través de una cesión de cuotas realizada por Negrotto.
Ese fue el punto de inflexión definitivo: en un lapso de solo dos días, la estructura societaria quedó reconfigurada. El control efectivo de Selfix se concentró en Dumit, quien pasó a manejar —de forma directa e indirecta— el 55% del capital social, obteniendo la mayoría necesaria para administrar la sociedad a su voluntad.
El planteo central de la demanda presentada por VW, que actualmente se tramita en el 4° Juzgado de Gestión Asociada de Mendoza, es la nulidad absoluta de esos actos societarios de marzo de 2024. Según sostiene Vila Santander, dichas maniobras permitieron desplazarlo del control interno mediante la utilización de firmas cuya autenticidad está bajo sospecha.
La demanda y la presión interna
VW sostiene que este reordenamiento no fue el resultado de una negociación legítima, sino de una maniobra irregular. La demanda cuestiona específicamente la veracidad de las rúbricas atribuidas a Vila Santander y a Negrotto en el acta de la reunión del 6 de marzo de 2024. Para respaldar dicho planteo, la parte denunciante aportó una pericia caligráfica privada que concluye que las firmas no corresponden a las personas indicadas.
El expediente, caratulado como “VW S.A. C/ Selfix S.R.L. y Otros p/ Acción Societaria”, solicita expresamente que se retrotraiga la situación al estado previo a la incorporación de Diepebru SAS como socia.
La tensión entre los socios no se limitó únicamente a la composición del capital. Según surge de las actas societarias, VW realizó reiterados pedidos de acceso a libros contables y documentación que, a su entender, fueron respondidos de manera incompleta o directamente denegados.
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En ese contexto, en octubre de 2025, una asamblea de socios trató específicamente los “gastos ocasionados” por los constantes requerimientos de información de VW.
En dicha reunión también se discutió la aplicación del artículo 91 de la Ley General de Sociedades, una herramienta legal que puede utilizarse para excluir o limitar derechos de socios considerados perjudiciales para el interés social.
Dos meses más tarde, la mayoría controlada por Dumit aprobó además un aporte irrevocable de capital por más de 1.294 millones de pesos. Este tipo de decisiones suele alterar el equilibrio interno de las sociedades si alguno de los socios no puede acompañar la integración del capital, y forma parte del escenario de hostilidad que derivó en la judicialización total del conflicto.
La dimensión política del caso
Mientras la batalla legal avanzaba en los tribunales, la política local comenzó a mostrar sus cartas. Lejos de quedar encerrada en los expedientes, la pelea se proyectó hacia otros activos del mismo entramado empresario. El episodio más visible fue la mencionada clausura en Uspallata, un punto estratégico para el transporte internacional sobre la Ruta 7, dispuesto por la gestión de Francisco Lo Presti en medio del enfrentamiento abierto Dumit y Vila Santander.
Formalmente, la medida respondió a incumplimientos administrativos. No obstante, el contexto disparó interpretaciones inevitables en ámbitos empresariales, donde se leyó como un posible “coletazo” de la interna de los residuos.
Selfix opera en El Borbollón bajo una concesión otorgada por la ex Empresa Municipal de Obras y Servicios de Las Heras; en tal sentido, las últimas gestiones de esa comuna permanecen bajo la lupa, dado que funcionarios clave son señalados por supuestos vínculos con Dumit.
Este entramado explica por qué el conflicto dejó de ser una disputa privada y silenciosa: la superposición entre el poder económico, los contratos públicos de alto perfil y las decisiones administrativas volvió inevitable la lectura política. Dumit no es un actor ajeno al territorio; su empresa gestiona un servicio crítico y mantiene interlocución directa con el poder local.
La clausura de la estación, aunque fue revertida tras la subsanación de las faltas, fue interpretada en el círculo empresarial como una señal de la intensidad de la disputa y de la capacidad de influencia territorial en juego.
Un eslabón crítico para la provincia
El impacto institucional del caso es tangible. Para los municipios involucrados, el escenario es delicado, ya que la recolección de residuos no admite interrupciones sin consecuencias sanitarias inmediatas. Cada día, toneladas de basura del Gran Mendoza terminan en El Borbollón, y no existe hoy un operador alternativo capaz de absorber ese volumen sin una reorganización logística compleja y sumamente costosa. Por ello, la estabilidad de la concesionaria es un asunto que trasciende la pelea entre particulares.
El tratamiento de residuos no es un mercado volátil, sino un flujo constante de fondos financiado por presupuestos públicos. Quien controla esa estructura administra una caja relevante y una relación directa con el Estado. Si la Justicia finalmente declara la nulidad de los actos cuestionados, la estructura societaria de Selfix podría retrotraerse al estado anterior a marzo de 2024, obligando a una reestructuración forzada de la conducción de la empresa.
Hasta el momento, la operatoria del CDR de El Borbollón continúa desarrollándose con normalidad. No existen medidas que afecten la prestación del servicio ni la vigencia del contrato de concesión. El expediente judicial determinará si hubo falsificación de firmas y nulidad de actos, pero más allá de lo jurídico, la pelea ya dejó expuesta una vulnerabilidad central: el sistema de disposición final de residuos de los principales municipios mendocinos depende de una empresa atravesada por una guerra de poder entre dos socios.
Lo que está en juego hoy no es solo un surtidor en alta montaña o una faja municipal; es la legitimidad de quien administra el destino final de la basura del Gran Mendoza, bajo qué nivel de transparencia y con qué grado de control público. Esa respuesta queda ahora supeditada al dictamen de la Justicia.