La subsecretaria de Ambiente de Mendoza, Nuria Ojeda, brindó detalles en LVDiez sobre el estado actual del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino, que busca desarrollarse en la zona de Uspallata, al tiempo que subrayó el riguroso proceso técnico que se está llevando adelante en torno al Informe de Impacto Ambiental (IIA) presentado por la empresa.
En medio del fuerte debate social y político que genera la minería en Mendoza, la funcionaria remarcó que se trata de una evaluación ambiental profunda y articulada. “En estos momentos se está trabajando en la evaluación del informe que presentó PSJ Cobre Mendocino”.
Este proceso se realiza de manera conjunta con todos los organismos sectoriales, bajo la órbita de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (Ceiam), con el objetivo de “construir un único informe integral que contemple absolutamente todos los aportes técnicos sectoriales”, explicó.
El proyecto en cuestión ha sido reformulado respecto de versiones anteriores, y eso implica una revisión total de los estudios y parámetros técnicos. “Hay estudios que se consideran de base. Cuanto más robustos sean, más valor tienen. Pero la estructura del informe debe actualizarse por completo, porque las normativas cambian, los escenarios también y, en este caso, incluso la tecnología propuesta por la empresa no es la misma que se había considerado en versiones previas del proyecto”, detalló.
Según aclaró Ojeda, el nuevo diseño contempla otro tipo de técnica extractiva, lo que lleva a repensar las condiciones de control y los mecanismos de evaluación. “Los alcances y condiciones han sido modificados. Por eso el estudio de impacto ambiental que se está analizando es totalmente distinto al anterior”, señaló.
En relación con el enfoque ambiental que sostiene la provincia, la subsecretaria fue enfática: “Tenemos que partir siempre de la premisa de que cualquier actividad humana genera un impacto. Nuestra responsabilidad como autoridad de aplicación es medir, analizar y controlar ese impacto para que sea el menor posible o pueda ser compensado con otras acciones”.
Uno de los ejes más relevantes del análisis está enmarcado por la Ley N° 7722, vigente en Mendoza desde 2007, que prohíbe expresamente el uso de sustancias como cianuro o sulfuro en los procesos mineros. “Nuestra legislación es clara y restrictiva. No permite el uso de estas sustancias como sí ocurre, por ejemplo, en la provincia vecina de San Juan. Aquí debemos ajustarnos a un proceso de flotación y no de lixiviación, porque este último está prohibido por ley”, recordó Ojeda.
“Vale destacar —agregó— que aunque en otras industrias de la provincia sí se utilizan esas sustancias, en minería está totalmente vedado por nuestra legislación vigente”.
Consultada sobre los mecanismos de fiscalización, la subsecretaria remarcó que el monitoreo es continuo, dinámico y de máxima exigencia. “No es que recibimos un estudio, lo aprobamos y pasa media década sin revisiones. Buscamos que este proceso sea orgánico y progresivo, incorporando nuevos estudios y datos a medida que el proyecto avanza. Esa lógica nos permite trabajar con información actualizada y adaptada a cada etapa del desarrollo”, expresó.