La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, presentó este jueves en la Legislatura provincial el Presupuesto 2026, que destinará más de $480 mil millones a políticas de seguridad pública y penitenciaria.
Durante su exposición, la funcionaria destacó que 2025 marcó un punto de inflexión en el sistema de seguridad de Mendoza: “Logramos la inversión en bienes de capital más alta de la década y consolidamos la base tecnológica y operativa del nuevo modelo de seguridad”, señaló.
La ministra adelantó además que en 2026 se ejecutarán dos grandes proyectos penitenciarios en San Rafael y Luján de Cuyo, que permitirán sumar 800 nuevas plazas al sistema provincial.
Rus confirmó que en el sur provincial se construirá una nueva Unidad Penal en El Cerrito (San Rafael), de 6.800 metros cuadrados, que agregará 200 plazas al sistema. En tanto, Almafuerte III, en Luján de Cuyo, contará con 5.000 metros cubiertos y 600 nuevas plazas.
“Necesitamos ampliar las plazas del Servicio Penitenciario. Son obras fundamentales que modernizarán el sistema y acompañarán los nuevos paradigmas de control y reinserción”, explicó la ministra.
Las inversiones también apuntan a fortalecer el control tecnológico en los establecimientos actuales, con cámaras de precisión, detectores de metales y reconocimiento facial del 100% del personal penitenciario.
Estas medidas ya se implementaron en Boulogne Sur Mer, San Felipe y Almafuerte, y ahora se extenderán al sur provincial.
Rus destacó la importancia de acompañar la infraestructura con políticas de reinserción social. En ese sentido, anunció que llevará a la Legislatura un proyecto de ley para penas cortas, enfocado en delitos menores como hurtos, robos simples o encubrimientos, con programas de formación laboral y educativa.
“Queremos evitar que quien recupera la libertad vuelva a delinquir. La educación y el trabajo son la base de ese cambio”, sostuvo.
Durante 2025 se inauguró una universidad dentro de Almafuerte II, equipada con biblioteca, aulas y salas informáticas, además de la primera industria penitenciaria, que produce papel higiénico y otros insumos.
“Se generó un círculo virtuoso: las empresas compran, los internos aprenden un oficio y la sociedad gana en seguridad y oportunidades”, explicó Rus.
Ley “antiaguantadero”: una herramienta para intervenir inmuebles usados en delitos
La titular de la cartera de Seguridad y Justicia anunció que enviará a la Casa de las Leyes un proyecto “antiaguantadero”, elaborado junto a intendentes y jefes de seguridad municipal. La iniciativa busca intervenir viviendas o terrenos abandonados que se transforman en refugios de delincuentes o puntos de venta de drogas.
“Queremos cortar de raíz los lugares donde se esconden los delincuentes. Muchos inmuebles abandonados son foco de delitos y afectan la seguridad pública”, afirmó.
La normativa permitirá al Ministerio de Seguridad actuar en coordinación con Defensa Civil y los municipios para intervenir sobre propiedades en situación irregular, sin afectar la titularidad, pero garantizando la seguridad comunitaria.
Rus recordó que en los últimos meses se demolieron búnkeres y aguantaderos en Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén y Ciudad, en operativos conjuntos con cuadrillas municipales.
El uso de armas
Finalmente, adelantó que impulsará una modificación a la Ley 6722 de Policía, para actualizar los criterios del uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad.
El objetivo es dar mayor respaldo jurídico a los efectivos y establecer con claridad los contextos en los que pueden efectuar disparos.
“Buscamos fortalecer la actuación policial con reglas claras, que protejan al efectivo y garanticen la seguridad pública. La ley actual quedó desactualizada frente a las demandas operativas”, remarcó.
Ante la existencia de un proyecto similar, impulsado por los diputados Enrique Thomas (Cambia Mendoza) y Gustavo Cairo (La Libertad Avanza), Rus propuso modificaciones a la iniciativa en cuestión “con el objetivo de evitar multiplicaciones”.
Trabajo conjunto con municipios
Otro de los puntos centrales de la exposición fue la articulación con los municipios. La ministra mencionó los avances en los centros de monitoreo de Lavalle, Godoy Cruz, Junín y General Alvear, y destacó que el de Junín “será modelo para toda la zona Este”.
Además, anticipó que Capital, Luján y Guaymallén contarán con nuevos centros operativos durante el próximo ejercicio.
En esa misma línea, también destacó el programa “Espacios Más Seguros”, que forma preventores municipales en trabajo conjunto con la policía para vigilar zonas comerciales y sectores con alta incidencia delictiva.
“Estamos poniendo el foco en los delitos menores, pero de fuerte impacto social, como los robos simples y los hurtos”, explicó.