El Ministerio Público Fiscal ordenó a través de una resolución que los fiscales mendocinos con competencia penal investiguen de oficio las denuncias de espionaje de las redes sociales, el teléfono o el correo electrónico en causas de violencia de género. Sin embargo, la normativa contrasta con un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que determinó en 2017 que este tipo de hechos son un delito federal.
La resolución 604, firmada por el procurador Alejandro Gullé, tiene fecha este lunes y permite zanjar una interrogante planteada por la jefa de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Laura Rousselle, sobre la interpretación y el alcance que debe darse a los artículos 153 bis y 73 del Código Penal.
El primero de los artículos establece la sanción con quince días a seis meses de cárcel al que accediera por cualquier medio y sin la debida autorización a un sistema o dato informático de acceso restringido. El segundo, regula la violación de secretos y las calumnias e injurias.
Rousselle planteó, en una situación determinada de violencia de género, si los fiscales tienen que investigar ante los hechos delictivos que configuran esos artículos del Código Penal.
Para Gullé, no se trata de una violación de secretos sino una violación a la privacidad.
Por ello, el procurador General de la Corte estableció como criterio general de actuación que los fiscales mendocinos, con competencia penal inicien de oficio las instrucciones relacionadas con los delitos previstos en el artículo 153 bis del Código Penal.
Esta es la resolución:
La Corte Suprema dice que es un delito federal
La decisión de Gullé se contrapone a su vez a un fallo de la Corte Suprema. El máximo tribunal estipuló, en el 2017, que esta violación es un delito federal, cuando dirimió entre dos tribunales por el caso de una mujer que denunció a su pareja por celos enfermizos.
En aquella instancia, la denunciante había asegurado que su ex habría ingresado a su usuario de Facebook, a su correo electrónico y hasta había obtenido los datos de su lista de contactos y copiado la tarjeta SIM del celular.
En ese momento y con las firmas de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, la Corte decidió que el delito debía ser investigado por la Justicia federal.