Tras la reciente sanción del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) en el departamento de Malargüe, Mendoza alcanzó un 94% de adhesión territorial, quedando únicamente la comuna de La Paz en la fase final de elaboración para sumarse al esquema general iniciado en 2017, el cual ha tenido que adaptarse con el paso del tiempo.
En el municipio del este ya se encuentran trabajando activamente en el proyecto y confiaron que la intención es someterlo a los espacios participativos correspondientes -incluyendo a las comunidades locales, puesteros y cámaras económicas- para luego validarlo en audiencia pública. La meta institucional del Ejecutivo es poder concluir el trámite a fines de este año o, a más tardar, en el primer tramo de 2027.
En diálogo con El Sol, el director de Planificación de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Matías Dalla Torre, y la subsecretaria del área, Marité Baduí, explicaron en detalle qué implica contar con un plan de ordenamiento en el día a día de los ciudadanos, cómo se interviene frente al avance de loteos irregulares y la necesidad de coordinar la expansión urbana con los recursos hídricos.
“Es una política que se ha mantenido a lo largo del tiempo acá en la provincia y se está cerrando un ciclo. Nos está faltando La Paz y nos comunicaron que están con intención de cerrar este año su plan”, destacó Dalla Torre.
Por su parte, la subsecretaria Marité Baduí ponderó el impacto del hito alcanzado en las comunas: “Hoy podemos decir con orgullo que 17 de los 18 municipios de Mendoza ya cuentan con su Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) aprobado. Este logro representa la adhesión del 94% de la provincia a un mismo modelo de desarrollo. El ordenamiento territorial es la herramienta central para dar certidumbre y reglas claras al inversor público y privado. Saber con precisión dónde se puede construir y dónde se debe proteger el suelo productivo es la única garantía para un crecimiento ordenado”.
¿Qué impacto tiene en la cotidiana un plan de ordenamiento?
Más allá de los aspectos técnicos, la ausencia de una planificación adecuada deriva en distorsiones urbanas cotidianas que terminan perjudicando la calidad de vida de la gente. Dalla Torre graficó las consecuencias concretas de no contar con reglas de zonificación claras.
“Un plan de ordenamiento es una planificación de cómo podemos organizar el territorio, buscando que esa organización no genere conflictos entre sí. Por ejemplo, cuando esto no existe, conviven en un mismo territorio -que es lo que pasa ahora- un matadero o una fábrica al lado de un barrio. Es lo mínimo y, después, hay casos más importantes. Cuando no hay planificación también se llevan barrios a lugares donde no tienen infraestructura adecuada. Entonces, no tienen cloacas, veredas o cordones. La gente camina por lugares donde son inseguros porque no ha sido planificado el lugar para tener un uso residencial”, sostuvo el funcionario, agregando que “la comunidad y cómo usa su territorio también debería tener cierta planificación”.
En ese sentido, contrastó la dinámica de desarrollo latinoamericana con la europea: “En América Latina hacemos al revés que en Europa. Primero nos asentamos y después urbanizamos. En Europa es totalmente distinto. Primero se genera el lote urbanizado con los servicios básicos, agua, cloacas y luz, y después se asienta la gente. Eso es lo que pasó en Guaymallén y ya está acomodada la gente”.
“Cuando vos tenés un plan de ordenamiento se puede simplificar tu vida porque te deberías tardar menos para llegar a tu trabajo, no deberías tener conflictos con que hay derrames o desechos industriales cerca de tu casa”, sintetizó Dalla Torre.
La expansión en Luján y Maipú: rutas, escuelas y la crisis del agua
El crecimiento poblacional que arrojó el último censo posicionó a Luján de Cuyo y Maipú como los dos departamentos con mayor expansión residencial. Sin embargo, este fenómeno trajo consigo serios contratiempos en materia de accesos viales, equipamiento urbano y, fundamentalmente, provisión de agua y saneamiento.
Dalla Torre citó como ejemplo la situación que se registra en las inmediaciones de calle Boedo y Vieytes, en el límite entre Luján y Maipú: “Se ha expandido mucho la urbanización hacia la zona de Maipú y Luján. Eso debe ir acompañado con una planificación de las rutas y de los accesos, pero también de los espacios de equipamiento, como las escuelas. El ordenamiento busca eso, desde los servicios básicos como infraestructura complementaria. Y cada municipio, cuando tiene su plan de ordenamiento, determina cuáles son las zonas a crecer, qué rutas se necesitan para esas zonas, y qué actividades se permiten. Lo define básicamente cada municipio”.
Sobre el comportamiento de la población, analizó que “hay dinámicas que son espontáneas. La gente va orientándose o asentándose donde hay suelo disponible. Entonces, con un plan de ordenamiento, hay que fijar cuáles son las zonas a expandir, cuáles son las zonas posibles para crecer“.
Para el funcionario, el instrumento principal es la zonificación. “Las residenciales, las de expansión y las zonas donde no deberían crecer las urbanizaciones”, dijo y sumó: “¿Qué ha pasado en Mendoza? No hemos tenido esa zonificación, entonces la gente ha ido a lugares donde no tienen la infraestructura ni los servicios adecuados porque no estaba planificado”.
No obstante, reconoció que la problemática también guarda relación con “cuestiones económicas y culturales”, dado que “la gente se asienta donde el precio del suelo o del terreno no esté tan alto” y busca “naturalidad y paisaje -donde estaban los lotes un poco más baratos en el área metropolitana- hacia la zona de Maipú o Luján”.
Esta saturación urbana colisionó con la infraestructura sanitaria. Meses atrás, el Departamento General de Irrigación emitió una resolución en la que confirmó que no otorgará nuevas factibilidades de servicios cloacales en la Cuenca El Paramillo para sectores de Luján, Maipú, Guaymallén y Godoy Cruz por el lapso aproximado de dos años, en el marco del conocido desastre ambiental que afecta a los vecinos de Los Corralitos.
Al respecto, Dalla Torre explicó: “Ahora Irrigación está trabajando en su plan hídrico, que también se desprende del plan provincial de ordenamiento territorial. Sobre todo en este escenario de crisis hídrica y de saneamiento, Irrigación está viendo que se tiene que planificar el saneamiento para que no pase lo que pasó en Guaymallén. Se fue a vivir un montón de gente, en su mayoría son barrios que no han terminado de regularizar su situación, y efectivamente no fue acompañado por la infraestructura de saneamiento necesaria”.
“Esto es muy dinámico y el territorio se mueve así. Hay que ir haciendo esos ajustes. La idea de tener una planificación significa eso: tener garantizado un caudal de agua necesario con infraestructura de saneamiento”, remarcó el director.
Sobre la preservación del recurso hídrico y la gestión de riesgos, Baduí añadió que la gobernanza territorial “constituye un proceso de toma de decisiones indispensable para garantizar la seguridad hídrica y mitigar el riesgo aluvional” y que “en una provincia como la nuestra, la planificación del suelo es indispensable para proteger nuestras cuencas”.
Sanciones de hasta $100 millones en el Pedemonte y alerta por loteos clandestinos
El Piedemonte mendocino se consolidó como uno de los puntos más críticos de la geografía provincial. El Gobierno ha endurecido drásticamente su postura frente a los loteos clandestinos y “flojos de papeles”, estableciendo un régimen de sanciones que contempla multas de hasta 100 millones de pesos e incluso la potestad de ejecutar demoliciones inmediatas.
“Si hay un caso que necesita planificación previa es el Piedemonte. Se ocupó y luego se estableció una planificación del mismo. Hoy en día está planificado mediante una ley específica, que es la 9414, y establece, mediante un mapa de vulnerabilidad, cuáles son las zonas que son posibles ocupar y cuáles no. Por supuesto que hay barrios irregulares que ya estaban asentados en zonas que hoy en día no podrían ocuparse porque ya se sabe cuáles son los sectores donde hay un cauce de río o una cuenca aluvional donde no puede haber barrios”, detalló Dalla Torre.
A su vez, el funcionario hizo hincapié en la complejidad legal para abordar construcciones consolidadas: “El problema que tenemos es que ya tenés barrios que llevan 20 años con construcciones consolidadas, que son irregulares y que están en esa zona. Con esta ley podemos aplicar las sanciones desde la provincia junto con los municipios. Estamos haciendo las inspecciones para sancionar no solamente al que compra ahí, sino sobre todo a los desarrolladores. Muchas veces es difícil identificar a los propietarios porque se van pasando contratos de compra-venta y son papeles que no pasan por ningún registro”.
“Mucha gente es engañada porque hay lotes que son más económicos, pero por ser ilegales. Entonces, tenemos esa situación ahora agravada porque está la gente asustada con el fenómeno de El Niño y hay barrios que están muy cerca de los cauces”, advirtió, aunque ponderó los avances logrados: “Desde que tenemos los planes, es cierto que han bajado la cantidad de lotes o barrios en zonas como el Pedemonte o la zona agrícola productiva. Si no, esto hubiese sido un desastre. Está un poco más controlado, aunque no quiere decir que no siga existiendo. Estamos mucho más alertas y más coordinados con los municipios cuando aparece un lote clandestino”.
Cómo funcionará el nuevo sistema de alerta temprana que prepara Mendoza por el Súper Niño
Mendoza avanza con la creación de un Sistema de Alerta Temprana Hidrológico que buscará anticipar crecidas, aluviones, tormentas severas y otros eventos climáticos extremos. El esquema permitirá integrar en tiempo real la información que generan distintos organismos provinciales y nacionales para…
Censo forestal y el problema de los árboles secos
Otro aspecto clave incorporado dentro de la perspectiva del ordenamiento territorial es la gestión del arbolado público, en medio de un contexto alarmante por caída de ramas, arboles secos que derivaron en accidentes fatales y conflictos de competencias entre la Nación, la provincia y las comunas.
“Lo que pasa es que tenemos mucha cantidad de forestales en Mendoza y poco caudal hídrico, entonces cada vez hay menos agua, el árbol pierde fuerza, pierde capacidad de resistencia frente a tormentas y vientos. Tener un censo es una potencia y hay muy pocas provincias que lo tengan. Después requiere mucha gestión, por supuesto”, aseveró Dalla Torre.
Cómo empezó el plan y la nueva etapa de auditorías para 2027
Haciendo un repaso histórico, Dalla Torre recordó que la Ley del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial se aprobó en 2017 y fijaba originalmente un plazo de un año para que las comunas presentaran sus normativas locales, meta que se vio demorada por la complejidad técnica del proceso.
“No es una cuestión fácil, porque es necesaria mucha información. En todas partes del mundo cuesta dar esta puntada inicial de poder armar los planes. Se va generando información y también una trayectoria de conocimiento, que serían como capacidades institucionales que ya tienen ahora los municipios y que este mismo proceso ha dejado: utilizar cartografía digital, poder tener capacidades de planificación y monitoreo de algunos indicadores, etc. Cuando se armó la ley se puso como obligatorio que al año estuvieran todos los planes, pero indudablemente no era tan sencillo”, repasó. El primero en sancionarlo fue Godoy Cruz, seguido por la Ciudad de Mendoza y el resto del área metropolitana, mientras que el Este y el Valle de Uco demandaron más tiempo.
En el caso de Malargüe, uno de los últimos en sumarse, el plan debió reestructurarse por el despegue económico de la zona: “Se metió la minería. Tenían un plan y lo tuvieron que pensarlo de nuevo. Hidrocarburos también. Toda esa explosión que se dio hizo rever el plan: cuáles son las rutas que tenés que mejorar, cuáles son los servicios que tenés que llevar”.
Actualmente, aunque 17 municipios ya tienen el aval, varios continúan trabajando en afinar sus mapas específicos. “Aprobar el plan de ordenamiento es una condición necesaria, pero no suficiente, porque quizás todavía no está terminada la zonificación. En la provincia hay muchos municipios que están en esa situación, que tienen su plan de ordenamiento, pero la zonificación no. El Gobierno está asistiendo a varios municipios en ese sentido en comunas como Tupungato o San Carlos”, admitió Dalla Torre.
Incluso, la dinámica urbana exige revisiones permanentes: “Las ciudades se siguen moviendo, entonces hay que ir haciendo esos ajustes a ese mapa preliminar, revisándolo y ajustándolo. Por ejemplo, dentro de lo residencial hay partes de solamente barrios y después partes mixtas con barrios y comercios. Se hace manzana por manzana y lleva todo un análisis urbanístico y geográfico. En el área metropolitana eso está mucho más ajustado, pero cuando te alejás del Gran Mendoza no, y estamos trabajando en esto”. De hecho, Godoy Cruz ya presentó su primera actualización obligatoria a los cuatro años de vigencia.
“Una vez que esté el plan presentado por todos los municipios, la siguiente etapa es que, en el marco de la ley, los municipios tienen una auditoría que hoy en día la hace la Agencia de Ordenamiento Provincial, donde va monitoreando el grado de cumplimiento de ese plan. Es una etapa que queremos encarar en el 2027”, concluyó Dalla Torre.