Los Corralitos. Imagen de archivo.

El Departamento General de Irrigación suspendió de manera preventiva la emisión de nuevas factibilidades de servicios cloacales en la Cuenca El Paramillo, una decisión que impactará sobre futuros desarrollos urbanos e inmobiliarios en amplios sectores del Gran Mendoza.

La medida alcanza a áreas de Luján de Cuyo, Maipú, Guaymallén y el este de Godoy Cruz, y tendrá una vigencia estimada de dos años. Según explicó el organismo, la infraestructura actual presenta limitaciones operativas que impiden incorporar nuevos usuarios sin afectar el funcionamiento del sistema existente.

La restricción se mantendrá hasta que se amplíe la capacidad de la red, un proceso que, según estimaciones oficiales, podría demandar alrededor de dos años.

La resolución fue adoptada en el marco de las facultades regulatorias que Irrigación asumió recientemente tras la sanción de la Ley Provincial 9.589, que redefinió el esquema de control de los servicios de agua y saneamiento en Mendoza.

Una red al límite de su capacidad

El superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli, sostuvo que la decisión respondió a la necesidad de evitar una mayor sobrecarga sobre una red que ya registra problemas estructurales y operativos.

De acuerdo con el diagnóstico oficial, la infraestructura vinculada a la cuenca El Paramillo presenta deterioro estructural en algunos sectores, episodios de desbordes y dificultades para absorber nuevos volúmenes de efluentes.

Desde el organismo señalaron que la situación es consecuencia de una combinación de factores, entre ellos el crecimiento urbano sostenido de los últimos años y la insuficiencia de obras de ampliación para acompañar esa expansión.

La resolución establece que no podrán otorgarse nuevas factibilidades cloacales mientras no se determine técnicamente que existe capacidad disponible para incorporar conexiones adicionales sin afectar la calidad del servicio.

Nuevos controles para Aysam y los municipios

La medida también implica un cambio en el esquema de control sobre los prestadores. A partir de ahora, Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam) deberá acreditar que la infraestructura tiene capacidad suficiente antes de habilitar nuevas conexiones en las zonas alcanzadas por la restricción.

Además, la empresa contará con quince días hábiles para presentar una declaración jurada con información sobre los volúmenes de efluentes que recibe desde distintos operadores y municipios, junto con el estado de sus sistemas de medición. A ello se suma un plazo de treinta días hábiles para entregar un informe técnico sobre las factibilidades ya otorgadas que aún no se encuentran conectadas a la red.

El objetivo es determinar cuál sería el impacto real que tendrían esas futuras conexiones sobre una infraestructura que actualmente se encuentra bajo observación.

La resolución también alcanza a los municipios que administran servicios propios de agua y saneamiento, como Maipú y Luján de Cuyo. En adelante, no podrán otorgar nuevas factibilidades cloacales de manera autónoma cuando los efluentes descarguen en la red troncal de El Paramillo. Para hacerlo deberán contar previamente con la autorización de Aysam.

El trasfondo de la crisis cloacal

La decisión se conoció en medio de los cuestionamientos por los derrames cloacales registrados en distintos puntos del Gran Mendoza, especialmente en la zona de Los Corralitos, en Guaymallén. Esos episodios derivaron en actuaciones administrativas y judiciales vinculadas al funcionamiento del sistema de saneamiento provincial.

En ese contexto, el presidente de Aysam, Humberto Mingorance, fue imputado en una causa que investiga presuntos delitos relacionados con contaminación de agua y daño sobre bienes de uso público.

Más allá del capítulo judicial, el colapso de la Colectora Máxima Noreste, el conducto que transporta los líquidos cloacales de unas 600.000 personas del Gran Mendoza, derivó en una sanción sin antecedentes recientes contra Aysam.

En tal sentido, Irrigación aplicó una multa de $120 millones tras detectar vuelcos clandestinos en canales de riego y descargas de efluentes en la vía pública de Los Corralitos. En su resolución, el organismo incluyó términos inusualmente duros: habló de un “vertido clandestino de extrema gravedad”, con daño directo al recurso hídrico público, y sostuvo que Aysam incurrió en una conducta “reiterada, dolosa y agravada”.

Qué ocurrirá con los proyectos en marcha

Uno de los principales interrogantes que abre la medida está relacionado con los emprendimientos que se encuentran en distintas etapas de desarrollo. Desde Irrigación aclararon que la decisión no busca paralizar la construcción ni impedir el crecimiento urbano, sino evitar que la incorporación de nuevos usuarios agrave los problemas existentes mientras se ejecutan las obras necesarias para ampliar la capacidad del sistema.

Marinelli explicó que la medida apunta a fortalecer el ordenamiento técnico y obligar a buscar soluciones transitorias mientras avanzan las obras previstas para ampliar la infraestructura. El objetivo es incrementar la capacidad de transporte y conducción de líquidos cloacales en la región.

Entre los proyectos considerados prioritarios figuran la finalización del Colector Colonia y la construcción del nuevo Colector Paramillo II, en sus distintas etapas. Las obras incluyen nuevos colectores troncales y trabajos sobre cañerías de gran diámetro en zonas con presencia de napas freáticas, una complejidad que explica los plazos previstos para su ejecución.

Según las estimaciones oficiales, esos trabajos podrían demandar al menos dos años. Durante ese lapso, municipios y desarrolladores privados deberán evaluar alternativas de tratamiento biológico.

Entre las opciones contempladas figuran biodigestores, pozos sépticos y pequeñas plantas cloacales compactas para emprendimientos de escala reducida, siempre bajo las condiciones técnicas exigidas por la normativa vigente.

No obstante, el titular de Irrigación advirtió sobre la necesidad de garantizar el monitoreo y mantenimiento permanente de estos sistemas para evitar riesgos ambientales y eventuales afectaciones sobre los acuíferos.

Los límites del crecimiento urbano

La decisión de Irrigación volvió a poner en discusión la relación entre la expansión urbana y la capacidad de la infraestructura sanitaria. Durante décadas, el Gran Mendoza creció en población y desarrollos inmobiliarios, mientras que gran parte de la infraestructura subterránea mantuvo niveles de inversión insuficientes para acompañar ese proceso.

Según datos oficiales, Mendoza posee una cobertura cloacal cercana al 83%, uno de los porcentajes más altos del país. Sin embargo, las autoridades sostienen que el crecimiento demográfico y el avance de nuevos desarrollos residenciales exigieron a la red más allá de la capacidad prevista originalmente.

Con la nueva resolución, Irrigación fijó una pausa en la incorporación de nuevas conexiones cloacales hasta contar con información técnica actualizada y con obras que permitan garantizar la sustentabilidad del sistema.