El juez federal Eduardo Puigdéngolas procesó este lunes a su par Walter Bento por un nuevo caso de cohecho, que se suma a los anteriores y que forma parte de la trama que se investiga a una presunta banda dedicada al cobro de coimas a cambio de beneficios judiciales.

Para el magistrado y para el fiscal Dante Vega, Bento era el jefe de la asociación ilícita que mejoraba la situación procesal, principalmente, de personas vinculadas con delitos de contrabando, siempre previo pago de cuantioso montos en dólares.

Este nuevo procesamiento tiene que ver las sospechas firmes de que Bento cobró coimas para cajonear un expediente y así permitir que una cueva financiera siga funcionando sin problemas en pleno centro mendocino.

En la misma resolución, Puigdéngolas sobreseyó a Bento y a su esposa, Marta Boiza, por la denuncia que había en contra de ellos por una supuesta irregularidad en la venta de un inmueble y en la toma de un préstamo del Banco Nación.

La operación de venta había quedado bajo la lupa de la Justicia porque Boiza no declaró que era una persona políticamente expuesta a la hora de firmar la transacción. Ese ítem es clave para que los responsables de seguir casos de lavado de dinero conozcan el origen de los fondos.

Sobre el préstamo, Bento presentó la documentación con la cual el Banco Nación aceptó hacer una excepción y otorgarle un crédito para compra de vivienda única a pesar de que ya poseía otros inmuebles.

El caso de la cueva en la galería Tonsa

La nueva investigación contra Bento nació desde la Fiscalía de Dante Vega, cuando se sumaron pruebas que sostenían que habría cobrado coimas a los responsables de una casa de cambios ilegal (cueva) con base en Ciudad.

Se trata del denominado caso 9 de cohecho que le imputaron al titular del juzgado Federal Nº1 de la provincia. Los dos presuntos sujetos que pagaron los sobornos fueron identificados como Enrique de la Cruz y José María Sanguedolce, quienes tenían un negocio de pantalla (empresa de giros de dinero) para realizar algunas maniobras ilegales.

El Ministerio Público sostiene que el magistrado nunca ordenó la detención de estos hombres en un expediente que comenzó a trabajarse en el 2014. Recién seis años después del comienzo de las actuaciones, los sospechosos fueron capturados, es decir, en el 2020, por resolución de su par Marcelo Garnica.

Básicamente, la fiscalía de Vega entendió –y lo confirmó el juez Eduardo Puigdéngolas con su procesamiento– que Bento cobró coimas para permitirle a De la Cruz y Sanguedolce profundizar su negocio de compra-venta de moneda extrajera ilegalmente mientras tenían domicilio en la Galería Tonsa.