La operación de las empresas privadas en la gestión del acarreo de vehículos, la compactación y las playas de secuestro comenzó formalmente tras varios meses de adecuación de la infraestructura por parte de las adjudicatarias. El servicio, que antes estaba en manos del Gobierno, promete mayor agilidad y menor impacto ambiental.
Este miércoles, el gobernador Alfredo Cornejo junto a la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, hicieron el anuncio junto a las autoridades de la empresa en la nueva playa de secuestros ubicada en calle Rodríguez Peña, de Maipú.
Se trata de un terreno que alquila la empresa y cuenta con instalaciones y maquinarias adquiridas por la unión de firmas. Algunos de los vehículos son subcontratados a otras compañías.
Cornejo se reunió con Karina Milei y respaldó obras en rutas nacionales con inversión privada
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, participó de una reunión con autoridades del Gobierno nacional junto a su par de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. El encuentro se desarrolló con la presencia de la secretaria general Karina Milei, el subsecretario de Gestión…
La operación quedó a cargo de la empresa Menserv, en asociación con Acindar Metalicos Acmet S.A. Fue la única oferente cuando en 2024 se convocó a licitación pública. La adjudicación se dio en abril del año pasado.
Durante este tiempo, la empresa comenzó un proceso de adaptación de la infraestructura para operar (debían acondicionar la playa a las medidas de seguridad) que ya culminó, quedando listas para operar.
Durante el anuncio, la ministra Rus señaló: “Es importante porque le da orden a la gestión de secuestros tanto de la Policía Vial como judiciales. Soluciona un problema, porque no funcionaba bien. La chatarra no compactada generaba problemas de seguridad y también medioambientales”. Además, agregó que cuenta con tecnología que permitirá la trazabilidad de los vehículos.
La playa inaugurada será la primera y regirá para todo el Gran Mendoza. Se implementarán -en el marco del contrato con la misma empresa- otras en la Zona Este, el Valle de Uco y el sur provincial.
Para que pueda operar de la manera más eficiente se necesita de convenios entre el Gobierno y los municipios. Rus reconoció que ya hay algunos adheridos como Guaymallén, Godoy Cruz y Luján. Que avanzan con Maipú y Las Heras. También con el Ministerio Público Fiscal, para aquellos vehículos judicializados.
Además, informaron que desde ahora se agilizan los plazos de los seis meses que antes tenía un propietario para reclamar y regularizar su vehículo, a los dos meses vigentes.
El problema de la acumulación de vehículos
En concreto, pretenden que las empresas trabajen sobre dos universos de vehículos según su disposición legal. Por un lado aquellos secuestrados bajo la Ley Provincial de Seguridad Vial Nº 9.024 y los que están involucrados en causas judiciales, cuya administración está regulada por la Ley N° 6.816 de Mendoza.
El Gobierno de Mendoza viene trabajando desde hace varios años por la gestión de los vehículos judicializados o secuestrados. La compactación masiva en 2024 permitió la liberación de la ex playa de secuestros San Agustín -que había sufrido un incendio-, donde ahora se proyecta la construcción de un barrio.
Un negocio millonario
Lo que pretenden con la privatización de este servicio, proyectada en 2024, es liberar al personal policial que estaba destinado a la custodia de los vehículos (alrededor de unos 100 policías la día) y ahorrarse los más de 1.700 millones de pesos al año que implicaba en ese momento el recurso humano. Sin contar los gastos en grúas para el traslado, el personal de atención al público, la logística, el alquiler, los inmuebles y demás.
Sin embargo, no se trata de una erogación austera. Las empresas RED COEN SA y ECUR SA, en asociación con Acindar Metálica Acmet S.A., se adjudicaron un negocio que supone un gasto estatal superior a los 13.260 millones de pesos totales por los 10 años de operación que dura el contrato.
Además, las empresas tendrán a disposición una serie de unidades de negocio que surgen del convenio. Podrán cobrar (a los propietarios) por el acarreo de los vehículos que sean secuestrados, por el día de estadía, por la venta de los vehículos liberados para remate/subasta y por la venta de la chatarra producto de la compactación. Solo tendrán que ofrecer una retribución mensual del 3% de su ganancia al Estado mendocino.
“La privatización nos permite disponer de personal policial valioso a favor de la seguridad pública y el ahorro de costos logísticos. Prefiero poner el recurso a disposición de la seguridad en espacios públicos y no en un reducto para evitar que alguien no se robe el espejo de un auto que está juntando polvo”, señaló la ministra.
Consultada por las estimaciones de ahorro estatal calificó el mismo como “incalculable”.