El gobierno de Alfredo Cornejo anunció la tercerización del millonario negocio del secuestro de vehículos en la provincia. Lo hizo a través del decreto 1989 del Ministerio de Seguridad y Justicia, publicado este lunes en el Boletín Oficial, donde se formalizó la licitación pública para “la contratación del servicio de gestión integral y descontaminación de las playas de secuestros”.
Se trata de un plan que no sólo incluye la gestión de las playas del Gran Mendoza, Valle de Uco y las zonas Este y Sur. La empresa elegida también deberá hacerse cargo del acarreo de los vehículos que se secuestren en la vía pública, convertirlos en chatarra o subastarlos, siguiendo en todos los casos las disposiciones legales. Allí radica la gran atracción de la licitación, con varios millones de pesos en juego.
“La contratación tiene su fundamento en dos grandes universos de vehículos a gestionar: aquellos secuestrados bajo la Ley Provincial de Seguridad Vial Nº 9024 y aquellos involucrados en causas judiciales, cuya administración está regulada principalmente por la Ley N° 6816 de la provincia de Mendoza”, resalta en decreto en sus considerandos.
El pliego licitatorio resalta que la firma adjudicataria tendrá que:
- Acondicionar las playas dependientes del Ministerio de Seguridad y Justicia, para que los vehículos secuestrados permanezcan en dichos predios en condiciones de seguridad hasta que las autoridades dispongan la devolución a sus propietarios, su remate o su reducción a chatarra, según el caso.
- Disponer y gestionar los remates de los rodados secuestrados y que estuvieran en condiciones de venta.
- Disponer y gestionar la reducción a chatarra y posterior comercialización en tal estado de los rodados.
El privado se quedará con el dinero que generen los remates y la comercialización de chatarra. Pero sus ingresos se multiplicarán por el acarreo de vehículos secuestrados en la vía pública y por el tiempo de alojamiento en las diferentes playas.
Actualmente, el servicio de guinche por retiro de vehículos de la vía pública hasta la playa de secuestros cotiza en $75.000. Mientras que el costo diario del depósito del vehículo retirado de circulación es de:
- Camiones, ómnibus, acoplados, casillas rodantes, tractores y máquinas agrícolas: $12.000.
- Autos y camionetas: $8.000.
- Motos: $3.800.
“El Ministerio de Seguridad y Justicia actualizará el valor durante la vigencia de la contratación”, sostiene el pliego.
Según estimaciones oficiales, por mes ingresan en promedio 1.237 vehículos a las seis playas de secuestros distribuidas en distintos puntos de la provincia. Y se retiran 758.
“El Estado no pone nada”
Si bien el decreto autoriza una partida de $13.260 millones para la licitación, en el Gobierno destacan que se trata de un monto estimado, con base en un cálculo de la posible cantidad de secuestros de vehículos en un lapso de 10 años.
“El Estado no pone nada. Este sistema se autofinancia a través de la compactación de vehículos que no tienen un tercero que los reclame. Entonces, el privado que asuma esta gestión podrá cobrar por esa compactación”, explicó la ministra de Seguridad, Mercedes Rus.
A su vez, la funcionaria insistió que “el Estado no va a gastar esos 13.000 millones. Ese es un valor proyectado en función de la licitación, que incluye los costos de todo el plan integral de gestión. Todo esto lo asume un privado que se financiará con el producto de la compactación y lo que paga el infractor por el acarreo y el depósito, que hoy también es un costo que asume el infractor”.
Por otra parte, Rus enfatizó que “esto permite desocupar a este valioso personal policial, más de 100 efectivos, lo que representa más de 1.700 millones anuales en recursos humanos destinados a la gestión de secuestros”.
Además, en el Ejecutivo subrayan que el mismo pliego determina que la retribución al Ministerio de Seguridad se calculará como un porcentaje sobre los ingresos totales del servicio, que no podrá ser menor al 3%.
Los detalles de la licitación
El acuerdo será por diez años, con posibilidad de extenderlo por otros cinco. “El servicio requiere de una serie de inversiones y prestaciones para ser brindado satisfactoriamente”, informaron desde Seguridad.
La adjudicataria bajo ningún concepto podrá suspender el servicio ni utilizar los predios como playas de estacionamiento para el público en general. En cambio, tendrá que realizar mejoras en los terrenos, instalando maquinarias y equipamientos.
También deberá proveer al menos siete grúas, con una antigüedad menor a los cinco años, que tendrán que estar disponibles las 24 horas, los siete días de la semana, y contar con un servicio de seguimiento satelital que permita “el permanente monitoreo de su desplazamiento, ubicación on line, horarios, velocidades, y kilómetros recorridos”.
La empresa que gane la millonaria licitación comenzará a trabajar en el Gran Mendoza, para luego extender sus tareas, de manera progresiva, al resto de la provincia.
Lo que está confirmado es que la actual playa de San Agustín no utilizará para depositar vehículos. “El oferente deberá proceder a la provisión de un inmueble que se afectara al funcionamiento de la playa de secuestros Zona Gran Mendoza”, asegura el pliego.
En un siguiente paso, se avanzará con la desafectación de las playas de secuestros en el interior de la provincia:
- Agente Marcelo Vignaud (Tropero Sosa 1840, San Martín).
- Zapata (Ruta Nacional 40, kilómetro 3228, Tupungato).
- San Cristóbal (Tulio Angrimán 3500, San Rafael).
- San Ignacio Loyola (Calle 7 y Q, General Alvear).
- Malargüe (Adolfo Puebla 256, Malargüe).