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21 de junio de 2022
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Día movido en el Bentogate

Nueva batería de imputaciones contra el juez Walter Bento, su esposa, abogados y un narco

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Fotos de viajes al exterior, mensajes y relaciones de amistad y visitas de abogados a presos, las pruebas del expediente.

El titular del Juzgado Federal Nº1 de la provincia fue acusado por un nuevo caso de cohecho, prevaricato y 11 hechos de abuso de autoridad. También su mujer quedó complicada, además de letrados y la mano derecha del "Rengo" Aguilera.

El llamado Bentogate presentó uno de los días más movidos desde que comenzaron a caer las imputaciones contra magistrados y abogados, en mayo del año pasado, por sospechas de graves hechos de corrupción en los Tribunales Federales: este martes, el juez Eduardo Puigdéngolas imputó al titular del Juzgado Federal Nº1 de la provincia, Walter Bento, en un nuevo caso de cohecho, el número 15, por estar sospechado de beneficiar a un reconocido narco, mano derecha del ex jefe de la barra brava de Godoy Cruz, Daniel Rengo Aguilera, para que accediera a la prisión domiciliaria.

No sólo eso: lo acusó por prevaricato (cuando un funcionario público dicta una resolución arbitraria en el ámbito de la administración de Justicia) y por 11 casos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público todos en concurso real, en los que tuvo participación directa aprovechando su rol de magistrado federal durante los últimos años.

Además de Bento, el juez Puigdéngolas imputó y ordenó un allanamiento en su celda de la cárcel federal y la detención de Cristian Oscar Oliva, el hombre ligado al Rengo Aguilera, por cohecho activo agravado, sospechado de haber pagado coimas a través de sus abogados, Luciano Ortego y Javier Angeletti, para acceder al beneficio antes de la condena a 8 años de cárcel que recibió el 29 de julio del 2020.

Ver también: El narco que dejó de estar preso en su casa por manipular la tobillera

El líder de la instrucción más caliente de la provincia también citó a indagatoria para imputación a los mencionados letrados, Ortego y Angeletti, por su presunta participación en el pago de la coima para favorecer a Oliva, y a otros dos abogados, Jaime (cohecho) y Luis Francisco  Chato Álvarez (abuso de autoridad).

De acuerdo con información a la que accedió El Sol, además fue citada para indagatoria Marta Isabel Boiza, la esposa de Walter Bento.

La fiscalía solicitó la imputación –y el juez hizo lugar– por estar sospechada de vaciar una caja de seguridad de un banco antes de que se desarrollara un allanamiento en la entidad financiera en busca de pruebas.

Se trata del famoso procedimiento donde se encontró una carta con un mensaje dirigido al juez del Bentogate: “Puigdéngolas, leé por favor”.

Ver también: Bentogate: procesamiento confirmado y escándalo institucional en la provincia

En detalle

El nuevo caso de soborno que el fiscal general Dante Vega le endilgó a Walter Bento está relacionado a un hombre estrechamente ligado al ex jefe de la barra del Tomba, Daniel Aguilera.

Cristian Oliva fue uno de los tres detenidos, junto con el señalado líder de la organización –Aguilera–, en una causa por drogas.

Básicamente, Oliva era representado por un abogado oficial y luego pasó a tener particulares: primero, Javier Angeletti y, después, Luciano Ortego. Una vez que entraron en escena estos letrados, señalados como integrantes de la asociación ilícita dedicada a sacar presos a cambio del cobro de coimas, la situación procesal de Oliva cambió: pasó de estar en la cárcel a recibir la detención domiciliaria.

Es más, hasta llegó a debate con el beneficio y continuó un tiempo en su casa a pesar de los 8 años de condena que le impusieron los jueces María Paula Marisi, Héctor Cortes y Roberto Naciff el 29 de julio del 2020.

Para los investigadores, luego de declaraciones analizadas en el Bentogate, como las del propio Rengo Aguilera y el abogado Carlos Varela Álvarez, más las visitas que los letrados hacían a la cárcel federal, no existieron dudas de que hubo pago de coimas para morigerar la situación de encierro de Oliva.

Justamente, Jaime Alba, uno de los abogados procesados en esta megacausa que pasa sus días en la cárcel, fue acusado este martes de cohecho activo agravado en calidad de autor, en el llamado caso 14, que tiene al Rengo Aguilera como principal protagonista.

Alba está sospechado de haber comparecido a la cárcel de Boulogne Sur Mer entre marzo y setiembre del 2017 para visitar a Aguilera, sin ser su abogado defensor, y solicitar dinero.

De acuerdo con la declaración de Aguilera, Alba le habría dicho durante el encuentro que mantuvieron que debía pagar “100.000 dólares para frenar esto ahora y arriba de 200 si la causa es más compleja”.

Este abordaje habría sido posterior a otra visita que recibió el Rengo –siempre según sus dichos– que tuvo como protagonista a Diego Aliaga, el llamado nexo o facilitador de la organización, quien fue asesinado a mediados del 2020.

Bento también fue acusado por 11 casos de abuso de autoridad, todos ligados a su rol de juez, es decir, por dictar “resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

Los 11 casos fueron citados por el fiscal general Vega en su pedido de imputación y en la resolución de Puigdéngolas.

Por citar algunos de los mismos, entendió que no se apartó o inhibió de una causa por evasión tributaria que tenía a un amigo imputado; por intentar obtener datos en la Dirección Nacional de Migraciones cuando debían permanecer secretos por ley y por conseguir datos de la Dirección de la Propiedad Inmueble –pidió datos como ciudadano común y logró acceder gracias a un funcionario de la repartición–; entre otros, y por esto también deberá responder en los próximos días.

Los amigos del juez

Durante los primeros allanamientos que se realizaron en la causa, y a pesar de la reticencia del juez Bento de entregar su teléfono celular, en el domicilio del barrio Palmares se secuestraron viejos dispositivos que pertenecían a los integrantes de la familia. Entre ellos, aparecía un ya antiguo Iphone 2G que era propiedad de Marta Boiza, esposa del magistrado.

Una vez que se analizó el contenido de ese aparato, se obtuvo información que terminó de comprometer a Bento con pruebas que no estaban directamente vinculadas a los casos de coima, pero que pusieron en duda su rol como juez.

De allí surgió que, al menos desde el 2008, el matrimonio Bento-Boiza mantenía una estrecha relación de amistad con la pareja formada por Roberto Massi y Sandra Massi.

El hombre es uno de los socios de Carlos Massi e hijos SRL, una firma ubicada en el Este provincial y que, según su razón social, se dedica a la “venta de semillas, abono, fertilizantes, productos de vivero, venta al por menor de flores y plantas naturales y artificiales y cultivo de vid para vinificar”.

Esta empresa fue denunciada por la AFIP en el 2014, en un caso por evasión impositiva. La causa por delitos tributarios cayó al juzgado de Bento, quien –a pesar de mantener un vínculo con, al menos, uno de los integrantes– no sólo no se apartó, sino que falló a favor de dictar una falta de mérito.

Los investigadores que conduce el fiscal Dante Vega buscaron en los archivos del Ministerio Público para saber cuál había sido el papel de la fiscalía de entonces y encontraron que había existido una apelación a la decisión del magistrado.

El vínculo entre las parejas quedó plasmado en charlas entre Boiza y Sandra Massi; la mayoría, sobre tema frívolos vinculados con los viajes que realizaban. En una serie de mensajes, Boiza comenta que están por entrar a ver a Celine Dion en el Caesar Palace de Las Vegas. Las fotos de Bento posando confirman todo.

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