El acuerdo financiero entre Mendoza y Nación que el Ejecutivo envió a la Legislatura permitirá compensar deudas y acreencias entre ambas jurisdicciones en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. Pese a todo, el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, confirmó que existen otros convenios incumplidos por obras que la Provincia ejecutó con recursos propios, por lo que dejó abierta la posibilidad de iniciar nuevos reclamos.
El convenio, suscripto el 27 de julio por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Economía, Luis Caputo, contempla una deuda de Mendoza por $333 mil millones de pesos. A su vez, reconoce a favor del estado provincial créditos por $121 millones. Esto deja un saldo neto de $212millones que Mendoza deberá devolver en cuotas hasta fines de 2027.
El acuerdo reconoce créditos a favor de la Provincia, principalmente, vinculados a las obras sobre las rutas nacionales 40 y 143. También incluye compensaciones por el Consenso Fiscal y trabajos de vivienda. Tras la compensación con obligaciones, quedará un saldo que Mendoza deberá cancelar hasta fines de 2027.
“Es un decreto que necesita la ratificación de la Legislatura, en el cual la Nación acuerda pagar $121.000 millones en concepto de distintos reclamos que había hecho Mendoza”, explicó Fayad durante su presentación ante los legisladores.
Las deudas pendientes
El ministro dejó en claro que el convenio no contempla todas las acreencias que Mendoza considera pendientes. Entre ellas, figuran obras que fueron ejecutadas bajo acuerdos en los que la Nación se había comprometido originalmente a aportar el financiamiento.
“Hay convenios incumplidos en los que la Nación financiaba obras que ejecutaban las provincias, como obras de cloacas, viales y de vivienda”, describió Fayad.
El Ejecutivo local continuó con esos proyectos, pese a la falta de transferencias nacionales. “Las obras no pararon nunca, con lo cual Mendoza continuó haciendo obras con fondos propios”, puntualizó.
Parte de esas acreencias ya fue incorporada al acuerdo actual. Por ejemplo, contiene un convenio de viviendas por aproximadamente $2.400 millones. Pero todavía quedan pendientes obras vinculadas al agua y saneamiento, además de trabajos relacionados con el Departamento General de Irrigación.
“Los más importantes son algunas obras de agua y saneamiento y otras obras de Irrigación, incumplidos por el Gobierno nacional. Todo se va negociando de a poco y aspiramos a seguir consiguiendo más fondos”, adelantó Fayad.
Una puerta abierta para nuevos reclamos
La posición del Gobierno provincial es que el acuerdo actual no clausura la posibilidad de exigir recursos por nuevas obligaciones que sean trasladadas desde la Nación hacia Mendoza. Como ejemplo, Fayad consideró que la reforma del régimen penal juvenil es una responsabilidad que podría requerir fondos adicionales para su implementación.
“Es el criterio general: cada vez que se transfiere una responsabilidad a la Provincia no se puede transferir la responsabilidad sin los recursos que permitan hacer frente a esa responsabilidad”, definió.
Sobre el caso puntual del régimen penal juvenil, Fayad evitó anticipar un reclamo concreto, pero confirmó que el Ejecutivo mendocino analizará el costo y la responsabilidad que implica la nueva obligación. “Se analizará efectivamente a quién corresponde esa responsabilidad y, si la naturaleza del reclamo lo permite, se reclamarán los fondos para poder hacerle frente”, suscribió.
De esta manera, el acuerdo por $121.000 millones aparece como una etapa dentro de una negociación más amplia entre Mendoza y la Nación. El Gobierno provincial obtendrá el reconocimiento de parte de las inversiones ya realizadas, especialmente en las rutas 40 y 143, pero mantiene abiertas otras acreencias derivadas de convenios incumplidos y deja planteado un criterio para futuros reclamos: cada obligación transferida deberá tener, según la postura de Hacienda, los recursos necesarios para financiarla.
Las rutas concentran $80.000 millones del acuerdo
El principal componente de las acreencias reconocidas corresponde a las inversiones que Mendoza está realizando sobre rutas nacionales. Fayad precisó que $80.000 millones están vinculados a los trabajos sobre las rutas 40 y 143, luego de las negociaciones que llevó adelante el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial con Vialidad Nacional.
“El ministro (Natalio) Mema negoció con la Dirección de Vialidad Nacional el reconocimiento de estas inversiones y Vialidad Nacional reconoce estos $80.000 millones que son parte de este convenio, en conjunto con otros reclamos que la Provincia tenía con la Nación”, sostuvo.
Esto incluye, además, cerca de $39.000 millones derivados del Consenso Fiscal y otros $2.295 millones correspondientes a obras de vivienda. Como parte del arreglo, Mendoza deberá desistir de dos demandas que mantenía contra el Estado nacional ante la Corte Suprema, vinculadas con modificaciones en el Impuesto a las Ganancias y la eliminación del Fondo Federal Solidario.
Para Fayad, el acuerdo representa una mejora inmediata para la posición financiera provincial. Según detalló, Mendoza ya invirtió alrededor de $17.000 millones en las obras viales incluidas en el convenio, por lo que el reconocimiento de $80.000 millones permitiría recuperar lo ejecutado hasta el momento y contar con recursos para continuar los trabajos.
“De las dos obras que mencioné, la Provincia ha invertido cerca de $17.000 millones y vamos a recibir $80.000 millones, con lo cual tenemos lo que hemos invertido hasta hoy más probablemente casi un año de obra ya cubierto”, afirmó.
El acuerdo no modifica el esquema de recuperación mediante peajes
El ministro también aclaró que la compensación acordada con Nación no modifica el sistema de financiamiento originalmente previsto para las rutas 40 y 143. Las obras continuarán y Mendoza mantendrá la intención de recuperar parte de la inversión a través del cobro de peajes.
“Las obras se hacen igual y los fondos se pretenden recuperar igual, de la misma manera que estaba previsto originalmente a través de peajes, que creemos que es la forma más genuina de financiar y, por sobre todas las cosas, de mantener la infraestructura vial”, sostuvo.
Fayad argumentó que el sistema permitiría garantizar recursos permanentes para el mantenimiento de las rutas. “Una grieta sale mucho más barato de arreglar que un cráter y un cráter sale mucho más barato que arreglar una loza. Mientras antes se ataque el problema, mejor”, graficó.
El acuerdo que ahora deberá tratar la Legislatura combina el reconocimiento de acreencias, la reprogramación de obligaciones y el desistimiento de dos demandas judiciales. Pero, al mismo tiempo, no representa un cierre definitivo de la discusión financiera entre Mendoza y la Nación: quedan convenios pendientes de cobro y el Gobierno provincial ya anticipó que evaluará nuevos reclamos ante cada responsabilidad que implique mayores gastos para las arcas locales.
