La sanción de la Ley de Inocencia Fiscal abrió un nuevo escenario en materia tributaria en la Argentina. Para los especialistas de Mendoza, el eje central de la norma no pasa sólo por los cambios técnicos, sino por un giro profundo en la lógica de control del Estado.
“Lo que se apunta con esto es dejar de perseguir a la gente, como ocurría en gobiernos anteriores, donde vos eras culpable y tenías que estar demostrando tu inocencia”, explicó el economista Daniel Garro en diálogo con El Sol.
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Según Garro, uno de los puntos más relevantes de la ley es que se revierte la carga de la prueba. Hasta ahora, movimientos financieros relativamente bajos podían disparar controles automáticos: “Antes te pasabas alrededor de 400 mil pesos y ya tenías problemas con ARCA, con las tarjetas o las billeteras virtuales. Era una persecución tremenda”, remarcó.
Con la nueva normativa, ese esquema cambia: por debajo de los 100 millones de pesos, los contribuyentes podrán depositar fondos en el sistema bancario, comprar propiedades con bancarización previa o disponer libremente de sus ahorros sin activación automática de controles. El objetivo oficial es normalizar operaciones cotidianas y evitar que consumos o movimientos financieros de bajo monto disparen investigaciones fiscales.
El economista destacó que el objetivo es aliviar la presión fiscal sobre una amplia franja de la sociedad, integrada por profesionales, pequeños comerciantes, monotributistas y trabajadores independientes.
“La idea es que ARCA no esté ‘persiguiendo’ a la gente que la está peleando. Recién van a intervenir cuando los montos superen los 100 millones para arriba”, señaló, marcando con claridad el nuevo umbral de control.
Bajo este panorama, Garro subrayó la importancia de que la ley no sea un blanqueo tradicional, sino un mecanismo para normalizar operaciones cotidianas. “Si vos tenías algo guardado y lo querés gastar, comprar un departamento o hacer una operación bancarizada, por debajo de los 100 millones no te van a estar preguntando nada”, afirmó. Para el economista, la intención es que esos fondos puedan volcarse al mercado sin miedo, dinamizando la economía real.
Multas
La ley también actualiza de forma significativa el régimen de multas. Se establece un aumento superior al 100.000% en las sanciones por la falta de presentación en tiempo y forma de declaraciones juradas ante ARCA. Por ejemplo, la multa del artículo 38 pasa de $200 a $220.000 para personas humanas y de $400 a $440.000 para personas jurídicas. No obstante, el ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró que no habrá sanciones automáticas: el organismo recaudador deberá notificar previamente y otorgar un plazo para regularizar antes de aplicar penalidades.
En materia penal, la normativa eleva los montos a partir de los cuales la evasión se considera delito. La evasión simple queda configurada desde los $100 millones, mientras que la evasión agravada sube su piso de $15 millones a $1.000 millones. En casos con estructuras societarias complejas, intermediarios, fideicomisos o jurisdicciones no cooperantes, el umbral pasa de $2 millones a $200 millones. Si hay facturación apócrifa, la evasión agravada se fija desde $100 millones, reemplazando el límite previo de $1,5 millones.
Los grises de la Ley
El experto advirtió que aún existen zonas grises que deberán aclararse con la reglamentación. “Hay que esperar el decreto reglamentario para ver la instrumentación de algunas cosas, porque pueden generar dudas. Incluso puede pasar que, aunque ARCA no te persiga, la Justicia interprete distinto el espíritu de la ley”, alertó, reflejando también la cautela de muchos contadores.
Respecto al fuerte aumento de las multas por incumplimientos formales, Garro llevó tranquilidad y recordó las aclaraciones oficiales: “Es verdad que subieron mucho las multas, pero el Gobierno detalló que no habrá sanciones automáticas. Te van a avisar y te van a dar tiempo para regularizar, no como ahora, que las multas caen solas”.
Lejos de ser un nuevo “dolor de cabeza”, Daniel Garro aseguró que la Ley de Inocencia Fiscal apunta a alivianar la relación entre el Estado y los contribuyentes: “El espíritu general es molestar lo menos posible a la ciudadanía, que estos montos se actualicen”.