“Vamos a comprometernos a algo que ya estamos cumpliendo”. Con esas palabras el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, justificó la decisión del gobierno mendocino de sumarse al Consenso Fiscal que el gobernador Rodolfo Suarez firmará este lunes por la tarde en Buenos Aires con el presidente Alberto Fernández.
El encuentro se realizará desde las 17 y reunirá a los mandatarios del Frente de Todos y a los de Juntos por el Cambio, con excepción de Horacio Rodríguez Larreta, que adelantó que no asistiría a la convocatoria.
El acuerdo otorgará luz verde a las provincias para aumentar impuestos y también brindará la posibilidad de crear el impuesto a la herencia, las donaciones y los legados. Sin embargo, desde el primer momento, la administración de Suarez dejó en claro que en Mendoza no crecerá la presión tributaria.
“El proyecto no autoriza aumentos de tributos, pero sí le confiere mayor estabilidad jurídica a todos los sectores que deben pagar impuestos y, por otra parte, también le da mayor estabilidad jurídica y certeza a los gobiernos provinciales”, explicaron desde la Casa Rosada.
En torno a eso Fayad explicó: “En el caso de los impuestos, la realidad es que estamos por debajo de las alícuotas que establece el Consenso en cuanto a Ingresos Brutos y en cumplimiento del resto, como Automotor, Inmobiliario y Sellos. No tenemos ningún costo de firmarlo, salvo alguna cláusula que son costos menores. Tenemos el beneficio de no pensar más esta relación con la Nación en el contexto del año que viene cargado de vencimientos”.
Con esto, el Ejecutivo aspira a mantener una relación sin tensión, teniendo en cuenta la deuda que tiene que refinanciar la provincia con el gobierno nacional.
La deuda que vence
En 2022 hay dos vencimientos que ascienden a casi 16 mil millones de pesos; por un lado el préstamo del Fondo Fiduciario que se habilitó durante la pandemia, más otros créditos del mismo organismo que se tomaron en 2019 para realizar obras.
El tercer préstamo de Mendoza es con el Banco Nación, que actualmente la provincia está en proceso de refinanciación del mismo. “Siempre una relación fluida ayuda a acelerar los tiempos”, añadió el funcionario de Suarez.
En cuanto a los fondos discrecionales, el consenso indica que las provincias que adhieren deben abstenerse por el periodo de un año de iniciar procesos judiciales y suspender los ya iniciados. Desde Hacienda dejaron en claro que no se trata de un “desistimiento” del reclamo, sino que existen otras vías para reclamar.
