El conflicto entre traumatólogos y el PAMI no tiene fin. Si bien este miércoles hubo un principio de acuerdo por 60 días para atender urgencias y emergencias en un 50% de las clínicas privadas de Mendoza, la tregua se cayó rápidamente al mediodía.
De acuerdo con la información a la que accedió El Sol, el arreglo que habrían hecho algunos especialistas con las clínicas (con valores similares a los que se cobran en OSEP), no habría caído bien en el sector, ya que la acción de estos profesionales habría sido considerada “poco ética“.
De este modo, rápidamente, los que accedieron a atender a los pacientes, bajo esas condiciones, en clínicas como el Hospital Privado, Santa Clara o A Mano, desistieron de la posibilidad, y los afiliados de PAMI seguirán sin atención traumatológica.
Frente a esta situación, hay un silencio hermético por parte de las autoridades locales de PAMI, que ni siquiera se presentaron este martes en la Comisión de Salud en la Legislatura, donde tenía que explicar cómo se iba a resolver el conflicto con los traumatólogos.
El inicio del conflicto
El quiebre entre los traumatólogos de Mendoza y el PAMI arrancó en noviembre del 2024 y en abril de este año llegó a un punto álgido que obligó a los especialistas a renunciar a la atención de los afiliados de todas las clínicas privadas de la provincia.
Si bien el mayor inconveniente es económico (los profesionales piden que se les pague por prestación) y los únicos damnificados son los afiliados de PAMI, existiría otra punta para analizar, que quedó oculta bajo la alfombra, y tiene que ver con el pago que las clínicas privadas le otorgan a los médicos. En muchos casos, difiere entre 30 y 60 días después de prestado el servicio.
De acuerdo con lo referido por las autoridades de Aclisa, “los profesionales exigen un incremento de sus honorarios que ronda entre un 300% y 400%”, cifra considerada por los que manejan las clínicas como “exorbitante”.