La Dirección General de Escuelas (DGE) comunicó, por medio de la Resolución 609, publicada el lunes, que se incorpora como requisito fundamental de admisibilidad para acceder a suplencias en todos los niveles, modalidades y escalafones docentes la presentación de Certificado de Antecedentes Penales. El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) mostró su preocupación por la medida y se opuso al pago del trámite.

Este requisito se aplicará en escuelas de gestión estatal y debe ser con una fecha de emisión no mayor a tres meses de la fecha de su presentación. La finalidad de la resolución es que la comunidad mendocina sepa que las personas que tienen a su cargo el cuidado de niños y adolescentes no cuentan con antecedentes penales.

Además, se estableció un plazo de tres meses para docentes suplentes de todos los niveles y modalidades que se encuentren cumpliendo funciones para que presenten el correspondiente Certificado de Antecedentes Penales.

Este será condición indispensable para continuar ejerciendo el cargo y, de acuerdo con el artículo, se dispone que el certificado de buena conducta deberá ser presentado a la autoridad jerárquica que ofreció el llamado de suplencia correspondiente. En caso de cumplirse el plazo establecido en el artículo anterior y ante el incumplimiento sin justificación del o la docente suplente, corresponderá dar de baja a la suplencia otorgada.

“Esta medida se toma para realizar una revisión y actualización de los requisitos que deben solicitarse para acceder a las suplencias tanto en Nivel Inicial como Primario, Secundario, de Jóvenes y Adultos y en establecimientos de tipo técnico”, informó la DGE.

El certificado será exigido a partir del 11 de abril del 2022 y los docentes que participan en suplencias desde este lunes hasta la entrada en vigencia podrán hacer el trámite hasta el 8 de julio del 2022.

Críticas del SUTE

El SUTE emitió un comunicado donde expresó su preocupación por la medida. Afirmaron que la disposición no contradice ninguna norma, pero al tratarse de una exigencia gubernamental, no debería ser abonado por el trabajador.

En la actualidad, el trámite supera los 500 pesos por lo que se solicitó que el gobierno escolar reconsidere la exigencia trimestral y que no tenga costos para los docentes.

Otro de los argumentos que explicaron desde el sindicato es que, si el documento se tramita por primera vez, esto significa disponer de tiempo extra para realizarlo de manera presencial.

Otro de los argumentos que explicaron desde el Sindicato Docente es que, si el trámite se ejecuta por primera vez, también significa disponer de tiempo extra para realizarlo de manera presencial.

“Se podría pensar en la posibilidad de que se extienda la validez del certificado para que los docentes no tengan que efectuar este trámite cada tres meses”, agregó la gremialista.