El juez Sebastián Sarmiento quedó en la mira del Ejecutivo provincial con su decisión de suspender temporalmente la quita de los teléfonos celulares a los presos mendocinos. En el Gobierno consideran que reúne motivos para ir al Jury por fallos polémicos.
Al magistrado se le cuestionó haber otorgado la libertad condicional a dos delincuentes que, ya en en las calles, mataron a dos personas en ocasión de robo. En lo central, aseguraron que Sarmiento no priorizó los informes técnicos que advertían que esos reclusos no debían ser liberados.
Ahora, con la resolución en torno a los teléfonos en posesión de los internos, en Casa de Gobierno consideran que hay fundamentos para avanzar en su destitución como juez. En defensa de su decisión, Sarmiento aseguró que no se cumplió una de las medidas que permitiría quitarle estos dispositivos en los penales.
Los dos homicidios en ocasión de robo
El primero de ellos es el de un ex policía que murió asesinado en un intento de robo a su vivienda de Guaymallén, Héctor Pelayes.
Por ese crimen, que ocurrió el 1 de septiembre del 2024 en Guaymallén, fue acusado Roberto Carlos Pereyra, de 39 años. El individuo ya contaba con una condena por homicidio en ocasión de robo y, al momento del fatal atraco, gozaba de la libertad condicional.
Ese beneficio había sido otorgado en 2023 por Sarmiento, a cargo del Juzgado de Ejecución Penal. Para el Gobierno constituye un argumento para desplazarlo porque el artículo 14 del Código Penal prohíbe conceder la libertad condicional a quienes fueron condenados por ese delito (homicidio en ocasión de robo).
Sin embargo, en los argumentos del Gobierno, Sarmiento consideró que esa norma era inconstitucional. Pero además, consideran que Sarmiento desestimó incluso un informe del equipo interdisciplinario del Servicio Penitenciario, donde se advirtió que el recluso presentaba indicadores de riesgo. Por contrapartida, el magistrado se basó en antecedentes relativos a la conducta en la cárcel y, en esa instancia, Pereyra pudo salir bajo el régimen condicionado y mató a Pelayes cuando ingresó a la casa de la víctima.
Otro fallo que en el Ejecutivo consideran polémico es el crimen de Héctor Osvaldo Quiroga, ocurrido el 18 de septiembre de 2019 en Maipú. Su homicida también se encontraba en libertad condicional concedida por Sarmiento y en el oficialismo le achacaron al juez que tampoco priorizó ni los antecedentes ni los informes técnicos.
El asesino es Cristian Segundo Reina Flores, condenado a 12 años de cárcel por robo agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda en 2012. Ya en 2017, el delincuente pidió pasar al régimen de libertad condicional, beneficio que se le otorgó, a pesar de que tres instancias aconsejaron lo contrario: el Consejo Correccional, el Organismo Técnico Criminológico y el Ministerio Público Fiscal. El argumento central era que el recluso presentaba un alto riesgo de reincidencia.
En 2019, cuando ingresó a la casa de Quiroga con otros dos secuaces, la víctima fue asesinada de dos disparos al intentar resistirse. Pero Reina fue detenido porque también resultó herido. Ya en 2020, fue condenado a prisión perpetua por homicidio criminis causa en concurso real con robo agravado.
La oportunidad para el influencer
El tercer argumento en contra de Sarmiento es menos trágico, pero con su polémica más reciente. Se trata de Luisito 420, un influencer conocido en las redes sociales porque forma parte del llamado movimiento stunt.
Identificado como Luis Fernando Arce, fue detenido a finales de marzo de este año en Las Heras porque estaba a bordo de una moto robada, con pedido de secuestro desde 2022. Además, realizaba maniobras arriesgas en la calle que ponían en peligro su vida y la de terceros, situación que viralizaba en las redes sociales.
La Justicia penal lo imputó por encubrimiento y conducción temeraria. Pero diez días después, Sarmiento accedió a otorgarle la suspensión del juicio a prueba por el lapso de un año,
Esto implica que Luisito 420 tiene que cumplir ciertos requisitos durante este periodo, pero evitará de esta manera ser juzgado y condenado, como tampoco se le puede generar otro antecedente penal.
Para el Gobierno es grave porque Sarmiento no apeló al recurso de una condena condicional contra el imputado. Sólo le dio otra chance, mientras el Ministerio de Seguridad ya había avanzado con una denuncia penal contra los motociclistas que integran este colectivo que asola las calles de Mendoza con maniobras peligrosas, en clara contravención de las leyes de tránsito.