“El hecho denunciado no se encuentra configurado en norma penal alguna”, es la conclusión a la que llegaron los fiscales que investigaron el “Bonarricogate”, razón por la cual archivaron las causas contra el ex senador y contra el Gobierno.

En mayo, la provincia de Mendoza se transformó en el epicentro de un escándalo político por un subsidio de $18 millones que el Gobierno provincial iba a entregarle a la Fundación Acción Social del pastor evangélico. La polémica fue de tal magnitud que el gobernador Rodolfo Suarez decidió dar marcha atrás y derogó ese convenio de colaboración que se había suscripto.

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El hecho estalló tras las declaraciones radiales de Bonarrico que admitió que los fondos los consiguió a cambio de desistir de su candidatura. Hay que recordar que el espacio del ex senador formaba parte de la alianza Cambia Mendoza. Como consecuencia de esos dichos se realizaron una serie de denuncias cruzadas. Por un lado, el Gobierno fue a la Justicia contra el pastor y el peronismo realizó una denuncia penal por el accionar del Ejecutivo, acusándolo de varios delitos.

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Fundamentos

Desde el Gobierno se mostraron conformes con el resultado de la investigación.

“La Justicia investigó, recopiló pruebas y consideró que no hubo delito. Eran distintos fiscales y llegaron a la misma conclusión”, señalaron.

Básicamente, los fiscales que entendieron en la causa no encontraron pruebas para imputar un delito, ya que el polémico decreto fue derogado por el mismo gobernador. Además, corroboraron que el convenio entre las partes se había realizado cumpliendo los pasos administrativos correspondientes y las leyes vigentes.

La fiscal Susana Muscianisi, a cargo de de la fiscalía de instrucción Nº 7 de la Unidad de Delitos Económicos, tuvo a su cargo la denuncia que la gestión de Suarez hizo contra el ex legislador. Entre los argumentos para mandar la causa al archivo figura que “no existieron motivos bastantes para sospechar participación en un hecho delictivo. De las notas periodísticas no surge de forma alguna que el nombrado haya expresado al momento de realizar dichas manifestaciones que se le daría un destino distinto a los montos que le serían otorgados por el convenio de colaboración en cuestión”.

Es por eso que, “habiendo analizado palabra por palabra los dichos del representante de la Fundación Acción Social, no surge de forma alguna que este reconozca o haya podido tener la intención de dar, a los fondos que fueron destinados, en efecto, un destino diverso, máxime si se considera que mediante el decreto 846 se dejó sin efecto el pago convenido a la Fundación”.

En conclusión, teniendo en cuenta que se derogó el decreto N° 684, que aprobaba el acuerdo de colaboración con la Fundación en cuestión, es que no se puede “aseverar la existencia de una defraudación en perjuicio de la administración pública, ni siquiera como acto tentado”.

Por último, Muscianisi señaló que “considerando que la acción penal cabe hacia un hecho delictivo, preciso, típico, antijurídico y punible, resulta claro en relación al informado, la conducta desplegada por estos en la presente investigación no se encuentra configurada en norma penal alguna”, advirtió.

Por su parte, el fiscal Flavio D´Amore, de la fiscalía de instrucción Nº 15 en la Fiscalía de Delitos Económicos, entendió en la causa que denunció el PJ contra el Gobierno provincial y desestimó cada uno de los delitos que le atribuyeron al Ejecutivo. 

En cuanto a la asociación ilícita, el fiscal señaló que el caso “no cumple con los presupuestos objetivos de ese delito, ya que se denuncia un hecho aislado, un supuesto acuerdo espurio, que se concreta en el contrato de colaboración y su posterior aprobación por decreto, por lo cual las conductas denunciadas resultan atípicas en relación a este delito”.

También la Justicia desestimó la acusación de enriquecimiento ilícito porque “no se efectivizó entrega de dinero alguno”, además porque se derogó el decreto cuestionado. Tampoco se pudo probar la malversación de caudales públicos, teniendo en cuenta que estaban los volantes de imputación preventiva y definitiva. Por otra parte, D´Amore desestimó la denuncia por cohecho y tráfico de influencias, al aclarar que no hay sospecha de que los denunciados recibieran dinero de alguna dádiva.

Además, se descartó el delito de exacciones ilegales, concusión y negociaciones incompatibles.

Entre sus fundamentos hizo mención a que no se otorgó un subsidio, sino que se trató de un contrato de colaboración con obligaciones recíprocas, un objetivo determinado, garantías respecto del incumplimiento y controles.

“No se puede establecer que las motivaciones del acuerdo no hayan sido el cumplimiento de los objetivos plasmados en el cuerpo del mismo”, concluye la investigación.