Las recientes tormentas registradas en el sur mendocino no solo dejaron crecidas en cauces y arroyos, sino también una fuerte polémica por la difusión de información falsa vinculada al agua potable. En ese contexto, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, salió a desmentir versiones que alertaban sobre una supuesta contaminación radiactiva del agua en San Rafael y calificó los hechos como “graves” e “indignantes”.
Las declaraciones se dieron luego de que circularan en redes sociales, portales digitales y distintos espacios de comunicación mensajes que advertían a la población sobre la presunta presencia de material radioactivo en el agua de consumo, a raíz de las crecidas del río Diamante y del Arroyo del Tigre tras las intensas lluvias del fin de semana.
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Según explicó la ministra, las versiones señalaban que las tormentas habrían provocado el arrastre de material radioactivo desde el complejo minero Sierra Pintada hacia el sistema hídrico, lo que habría contaminado el agua potable. Frente a esto, Latorre fue contundente: “Técnicamente es una aberración absoluta lo que han dicho”.
La funcionaria cuestionó con dureza a sectores que, según indicó, se presentan como defensores del ambiente pero difundieron información falsa “para asustar, amedrentar e intimidar a la población” en torno a un servicio esencial como el agua potable. “Es muy grave jugar con un tema tan sensible”, remarcó.
En ese sentido, la titular de la cartera ambiental provincial detalló que el complejo Sierra Pintada, si bien no se encuentra en producción, está en proceso de remediación ambiental de sus pasivos y es objeto de controles permanentes. En ese esquema participan múltiples organismos técnicos y científicos, entre ellos la Dirección de Fiscalización y Gestión Ambiental, el Departamento General de Irrigación (DGI), la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea), la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (Facai) y la empresa operadora.
“Hay monitoreos constantes de agua superficial y subterránea”, explicó la ministra, y agregó que los controles incluyen reservorios y canteras, que deben contar con márgenes de seguridad preparados para eventos climáticos como lluvias intensas, aluviones o inundaciones. “No son hechos imprevisibles y se toman recaudos para que no ocurra ningún tipo de afectación”, aseguró.
Tras la circulación de los rumores, el Gobierno provincial reforzó las verificaciones. El director de Minería, Jerónimo Shantal, se presentó en el establecimiento minero Fabril y realizó una inspección in situ, que descartó cualquier tipo de contaminación vinculada a los hechos denunciados en redes sociales.
Además, se difundieron comunicados oficiales del Departamento de Irrigación, Aysam, el Ministerio de Ambiente y otros organismos competentes, acompañados por actas técnicas que confirmaron que el agua potable no presenta riesgos para la salud.
“Hay documentación que constata que nada de lo que se dijo ocurrió”, subrayó Latorre, al tiempo que insistió en la responsabilidad que implica comunicar información sensible en contextos de emergencia climática.
Más allá del desmentido puntual, la funcionaria advirtió sobre un problema de fondo: la proliferación de noticias falsas en escenarios atravesados por el cambio climático y eventos extremos. “Esto nos obliga a reflexionar a quién se le cree y qué información se consume”, señaló.
Denuncias penales y advertencia del Gobierno
A las declaraciones de Latorre se sumaron las del ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, quien confirmó que el Ejecutivo avanzó con dos presentaciones penales por la difusión de información falsa.
“Eso no lo vamos a permitir”, sostuvo el funcionario, al remarcar que si bien la manifestación y la opinión son legítimas, existe un límite claro cuando se difunde información falsa que atemoriza a la sociedad.
“Difundir mentiras sobre un servicio básico como el agua potable, en medio de una tormenta y con personas evacuadas, es cruzar un límite que no se puede tolerar”, enfatizó.
Según explicó, una de las denuncias fue presentada por el Ministerio de Ambiente y Energía, ante las versiones que aseguraban la falta de controles y una supuesta contaminación del agua, mientras que Aysam realizó una segunda denuncia por los mensajes que instaban a no consumir agua potable de red.
Mema indicó que la estrategia del Gobierno fue avanzar en dos etapas: primero, desmentir categóricamente los rumores mediante informes técnicos oficiales; y luego, acudir a la Justicia para que se investigue quiénes están detrás de las cuentas, organizaciones y cadenas de difusión que propagaron la información falsa.
“Hay organizaciones y personas que, ante la falta de evidencia científica y respaldo técnico, difunden este tipo de barbaridades”, señaló el ministro. También confirmó que se aportaron pruebas vinculadas a publicaciones en redes sociales y cadenas de WhatsApp, incluyendo números telefónicos identificados en San Rafael.
Respecto a las posibles consecuencias penales, Mema aclaró que será la Justicia la que determine las responsabilidades, pero advirtió que el Código Penal de la Nación contempla sanciones que van desde multas y trabajo comunitario hasta penas de prisión, dependiendo del impacto social de los hechos.