Los poderes Ejecutivo y Judicial firmaron ayer el protocolo de actuación que regirá en la provincia a partir de la sanción de la Ley 26.061 de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y le dieron un rol protagónico a los municipios. Con este documento se delimitan claramente los campos de acción en que cada poder será competente a la hora de aplicar la norma.

    Desde el Ejecutivo apuntan a que los municipios jueguen un papel más activo en la cruzada para que se respeten los derechos de los menores en conflicto de la provincia.

    Si bien la letra es clara en cuanto a establecer responsabilidades y obligaciones, los temas preponderantes que subyacen a esta discusión tan seria son el presupuestario y el de la falta de recursos y el de la incapacidad que en ocasiones tiene el Estado para dar acabada respuesta a una problemática tan compleja como la de minoridad.

    LOS ROLES. A través de la Ley 26.061 de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el Estado nacional busca establecer un sistema más eficaz para atender problemas relacionados con la minoridad, Mendoza adhirió a esta ley en marzo.

    Así, tras años de confusión en cuanto a definir claramente quién debe hacerse cargo de los niños con problemas, tanto sociales como penales, ayer quedó rubricado entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo un protocolo de actuación que fija los roles que debe jugar cada uno.

    La ambiciosa norma apunta a desjudicializar situaciones que involucran a menores cuando estas pueden ser abordadas desde el ámbito social. Así, desde la vigencia de la medida, el Poder Ejecutivo, a través de varios de sus ministerios, como Educación, Salud y Desarrollo Social, debe aprestarse a dar respuestas inmediatas a situaciones que no necesariamente ahora pasarán por el filtro judicial.

    De este modo, queda claramente establecido que el órgano de aplicación de la ley 26.061 será la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, Comunidad y Familia.

    Será esta dirección la que tome las decisiones más importantes del proceso, ya que deberá articular los mecanismos de acuerdo a la problemática con que se encuentre, para buscar las soluciones adecuadas y la Justicia deberá velar por la legalidad y las garantías constitucionales de las decisiones del Ejecutivo.

    En el pasado, antes de la existencia de esta ley, el mecanismo era inverso: a la Justicia llegaban todas las problemáticas relacionadas con menores, a través de los juzgados de Familia, y era esta la que derivaba y ordenaba con dictámenes judiciales qué órganos debían intervenir para contener a ese niño o adolescente.

    La falla de este sistema residía en que, más allá de la coherencia en las órdenes judiciales al Estado provincial, los recursos no le alcanzaban para cumplir esas ordenes y el resultado era un menor desprotegido. Hoy, la ley fija como primer responsable del menor en conflicto al Estado provincial, que, a través de la Dinaf, deberá atender el problema usando sus propios recursos y acudiendo a la Justicia cuando sea estrictamente necesario.

    “Lo importante de esto es que se fijan roles, y los roles ayudan a la coordinación. Hay sistemas brillantes que fracasan por falta de coordinación. Hoy el orden de aplicación de la ley es el Ejecutivo y nosotros sólo debemos controlar que las decisiones de este sean legales y constitucionales”, explicó Aída Kemelmajer, jueza de la Suprema Corte de Justicia local.

    De esta manera, la Dinaf se dividirá en dos áreas bien delimitadas, una que atienda a los chicos en contexto de vulnerabilidad social propiamente dicha (como maltrato, abandono y problemáticas familiares en general) y otra dedicada a la recuperación de chicos que se encuentran dentro del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, es decir, los menores que han delinquido violando normas establecidas en el Código Penal.

    Aquí la Justicia seguirá manteniendo el timón de las decisiones a tomar con ese joven delincuente, pero será la Dinaf la encargada directa de su reinserción. “Queremos fortalecer el área de atención a la problemática de la infancia para evitar que los jóvenes lleguen a la segunda área, que es la de Responsabilidad Penal Juvenil”, comentó David Funes, titular de la Dinaf.

    En este contexto, desde el Ejecutivo apuntan a que cada municipio fortalezca sus áreas específicas de atención a la minoridad para poder hacerse cargo de los jóvenes de su territorio (ver aparte). Así, a nueve meses de la sanción de la ley 26.061, que entró en vigencia en abril, tiene una especie de manual de uso para que las autoridades provinciales, de los poderes Judicial y Ejecutivo la apliquen correctamente.