“Con Impsa fue fundamental”. La frase pasó casi inadvertida fuera de Venezuela. La pronunció Delcy Rodríguez la semana pasada, durante una entrevista televisiva en la que repasó el plan del gobierno venezolano para recuperar un sistema eléctrico devastado por años de apagones.

Al referirse al acuerdo alcanzado con la empresa mendocina, lo calificó como “histórico” y aseguró que permitirá avanzar en la recuperación de las centrales hidroeléctricas Tocoma y Macagua, incorporando más de 2.400 megavatios de generación cuando el proyecto esté concluido.

Las palabras de la sucesora de Nicolás Maduro confirmaron lo que se había gestado en estricto sigilo semanas antes: la firma formal de un acuerdo estratégico concretada a mediados de junio que puso nuevamente a Impsa en el centro de uno de los proyectos energéticos más importantes de América Latina.

“Haber firmado con Impsa, que ya tiene las turbinas hechas y sólo hay que trasladarlas a Venezuela. Haber firmado para recuperar más de 2.400 megavatios con ellos, para recuperar megavatios en Macagua. Todo el sistema del bajo Caroní hidroeléctrico puede ser reforzado. Es una firma histórica”, destacó Rodríguez en una entrevista exclusiva que brindó al periodista español Javier Negre, para la cadena RAV Español.

Pero detrás del entusiasmo político y de la promesa de reanimar un sistema eléctrico venezolano devastado por años de parálisis, reaparece una trama de dos décadas cargada de paradojas.

La metalúrgica fundada por la familia Pescarmona en Godoy Cruz vuelve a hacer negocios con el mismo cliente estatal que figura desde hace más de una década como su principal deudor, que fue señalado por la propia compañía como el detonante de su default en 2014 y cuya relación terminó ventilada en uno de los capítulos judiciales más sensibles para la Argentina: la causa de los cuadernos de las coimas.

Del orgullo industrial al mercado que la quebró

Durante buena parte de las décadas de 1990 y 2000, Impsa fue uno de los mayores símbolos de la industria argentina. Exportaba tecnología a decenas de países y competía con los principales fabricantes mundiales de equipamiento hidroeléctrico.

Venezuela ocupaba un lugar privilegiado dentro de esa estrategia. El gobierno de Hugo Chávez impulsó un ambicioso programa de expansión energética basado en el complejo hidroeléctrico del río Caroní, donde Impsa obtuvo algunos de los contratos más importantes de su historia.

El mayor fue la Central Hidroeléctrica Tocoma —también llamada Manuel Piar—, para la que debía fabricar diez turbinas Kaplan de 223 megavatios, generadores y equipamiento electromecánico por unos 1.390 millones de dólares. A ese proyecto se sumó la reconstrucción de Macagua I, valuada en otros 484 millones, además de contratos en José Antonio Páez y Uribante-Caparo. Venezuela se convirtió así en uno de los principales mercados internacionales de la firma de Godoy Cruz.

Cuando dejaron de llegar los pagos

La historia comenzó a cambiar en 2013. Las demoras en los desembolsos de Corpoelec, la empresa estatal venezolana responsable del sistema eléctrico, empezaron a afectar el flujo financiero de Impsa. Las obras perdieron ritmo, los certificados comenzaron a acumularse y la compañía quedó con una enorme cantidad de equipamiento terminado sin posibilidad de ser entregado.

Ese deterioro sigue reflejado en los propios estados contables de la compañía: al 31 de marzo de 2026, el 94,96% de los créditos por ventas de Impsa seguía vinculado a Corpoelec, una masa de acreencias impagas que supera los 250 millones de dólares y que lleva más de una década inmovilizada en los libros.

La compañía mantiene previsiones millonarias sobre parte de esos activos por la incertidumbre en el cobro, aunque sostiene que continúa negociando con el gobierno venezolano y confía en recuperar esas acreencias.

Paradójicamente, el mismo balance deja en claro que el proyecto nunca fue abandonado: dos turbinas de Tocoma ya están completamente montadas, otra tiene gran parte de sus componentes instalados y el resto presenta más del 70% de avance de fabricación. El directorio destaca, además, que Corpoelec manifestó formalmente su voluntad de concluir la obra.

El default y el rescate estatal

El deterioro financiero terminó explotando en septiembre de 2014, cuando Impsa anunció la suspensión del pago de su deuda financiera. La empresa atribuyó esa decisión a los atrasos en las cobranzas de Venezuela y Brasil, sumados a los problemas de su filial eólica Wind Power Energía. Comenzó entonces un largo proceso de renegociación con acreedores que derivó en un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) y en la transferencia accionaria a fideicomisos.

En 2021, para evitar la desaparición de una empresa considerada estratégica, el Estado nacional pasó a controlar el 63% del paquete accionario y la Provincia de Mendoza otro 21%, tras un aporte de 20 millones de dólares.

Cuatro años después, en febrero de 2025, el gobierno de Javier Milei concretó la primera privatización de su gestión: vendió el control de Impsa al fondo estadounidense Industrial Acquisitions Fund (IAF), liderado por la firma texana Arc Energy, mediante una capitalización de 27 millones de dólares y el compromiso de reestructurar un inmenso pasivo.

En mayo de 2026, el Segundo Juzgado de Procesos Concursales de Mendoza homologó el nuevo APE, reestructurando una deuda que ronda los 583 millones de dólares, paso considerado fundamental para completar el saneamiento financiero de la empresa y habilitar una nueva etapa de expansión.

El capítulo de las coimas

El entusiasmado relato sobre la recuperación energética omite la página más oscura que une a la empresa mendocina con el país caribeño: la trama de corrupción admitida ante la Justicia argentina en la causa de los cuadernos.

Durante los años dorados de la relación bilateral, Macagua y Tocoma representaban los contratos más ambiciosos para Impsa. Sin embargo, cuando los desembolsos desde Caracas comenzaron a demorarse más de 240 días, la liberación de los fondos quedó atrapada en una red de extorsiones.

En sus declaraciones judiciales en calidad de arrepentidos, tanto Enrique Pescarmona como el ejecutivo Francisco Valenti confesaron haber pagado retornos ilegales por cerca de 1,8 millones de dólares a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal conducido por Julio De Vido.

Según detallaron los propios empresarios, las entregas de dinero en efectivo a Roberto Baratta, mano derecha del entonces ministro de Planificación Federal, se realizaban en la habitación 410 del Hotel Feir’s de Buenos Aires, en montos de 200 mil dólares que se transportaban en sobres o bolsas de supermercado, en ocasiones acompañados por cajas de vino de la bodega familiar.

El objetivo de estos pagos informales era lograr que las autoridades argentinas intercedieran ante el gobierno chavista para que se destrabaran las certificaciones de obra y se enviaran las divisas a Mendoza.

Pescarmona llegó a declarar ante el juez que no se trataba de un problema operativo con la administración venezolana, sino de un chantaje sistemático perpetrado desde Buenos Aires para frenar las cobranzas si no se abonaban los peajes requeridos.

“Nos asfixiaban. Baratta nos chantajeaba diciendo que si no les pagábamos no íbamos a cobrar en Venezuela… Tuvimos que acceder. Es cierto lo que dicen los cuadernos” , llegó a declarar Pescarmona ante la Justicia, argumentando que el pago de retornos era la única vía para que el Gobierno kirchnerista intercediera ante el régimen chavista y se destrabaran las divisas.

Esas declaraciones, que forman parte del expediente judicial, dejaron al descubierto hasta qué punto el negocio venezolano condicionaba la supervivencia de la compañía. La asfixia generada por ese esquema de corrupción, sumada al colapso de sus proyectos eólicos en Brasil, terminó por precipitar el fin de la era familiar en la conducción de la firma.

Por qué el acuerdo aparece ahora

El regreso de Impsa tampoco puede entenderse sin mirar lo que ocurre hoy en Venezuela. Tras la captura de Maduro en enero de 2026, luego de una operación militar estadounidense en Caracas, el gobierno de Delcy Rodríguez impulsó una apertura inédita del sector eléctrico al capital privado, con una reforma legislativa que habilita a empresas extranjeras a generar, distribuir y comercializar electricidad bajo concesión estatal. Ese nuevo marco explica buena parte del renovado interés por terminar obras que llevaban más de una década paralizadas, entre ellas Tocoma y Macagua.

Pero la decisión venezolana no alcanzaba por sí sola. Desde la privatización, Impsa pertenece a un fondo estadounidense, y cualquier operación con organismos venezolanos debe atravesar el régimen de sanciones impuesto por Washington.

Las negociaciones entre la conducción de la empresa -encabezada por su CEO, Jorge Salcedo-, el Ministerio de Energía Eléctrica de Venezuela y Corpoelec fueron monitoreadas por autoridades norteamericanas y terminaron destrabándose gracias a una licencia especial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Según medios nacionales, esa autorización permitió avanzar con una adenda sobre contratos que permanecían paralizados desde hacía años y habilitar el envío del equipamiento que seguía varado en los galpones de Impsa.

Salcedo explicó que la reactivación se ejecutará en dos etapas. La primera contempla la rehabilitación de las unidades U5 y U6 de Macagua —con un aporte inicial de 160 megavatios en los primeros 100 días de trabajo, ampliable a 80 megavatios más con nuevas intervenciones— y la puesta en marcha de las unidades 1 y 2 de Tocoma, que sumarán otros 432 megavatios en un plazo estimado de entre 14 y 19 meses. En conjunto, esta primera fase permitirá recuperar hasta 672 megavatios.

Una segunda etapa, ya de largo plazo, apunta a completar la totalidad de Tocoma y sumar más de 2.000 megavatios adicionales mediante el traslado y montaje de las turbinas Kaplan restantes, cuyo nivel de fabricación supera el 70%.

Después de tantos años de paralización, la empresa inició un inventario internacional para localizar componentes almacenados en Mendoza, Estados Unidos, Alemania y Paraguay. Muchos deberán ser evaluados para determinar si todavía cumplen con las especificaciones técnicas o si quedaron obsoletos y necesitan ser reemplazados.

En la provincia, el anuncio tuvo rápida repercusión política. El gobernador Alfredo Cornejo celebró el acuerdo y lo calificó como “una buena noticia para Mendoza, para la industria argentina y para todos los que creemos que el conocimiento, la innovación y el trabajo son la base del desarrollo”, en referencia al despliegue de tecnología y a la red de proveedores locales que implicará el desembarco.

El desafío de torcer la historia

Más de una década después de aquella parálisis traumática y a 115 años de su fundación, Impsa regresa al río Caroní bajo una nueva fisonomía corporativa y en un mapa político completamente reconfigurado.

Para las autoridades venezolanas, el equipamiento mendocino representa una pieza indispensable para aliviar la severa crisis de infraestructura que padece su población. Para la empresa, en cambio, implica mucho más que un contrato. Es retomar una historia que comenzó hace más de veinte años y todavía proyecta su sombra sobre el presente.

Con nuevos accionistas, una deuda reestructurada judicialmente y el respaldo regulatorio de Estados Unidos, el acuerdo supone para Impsa volver a apostar por el país que alguna vez fue su mayor mercado internacional y luego uno de los principales responsables de la peor crisis de su historia.