La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) mediante un comunicado, anunció que realizará una investigación administrativa para aclarar posibles irregularidades en la carga de exámenes y de sus resultados para el ingreso al Poder Judicial.
El pasado martes, la Suprema Corte de Justicia, elevó un pedido de informe a la UNCuyo ante la sospecha de la violación a la confidencialidad de datos. La causa está relacionada con el examen que rindieron más de 19 mil personas para ingresar al Poder Judicial. Solamente 2 mil postulantes aprobaron la primera evaluación.
Ante el pedio de informe y sospechas del principal órgano de justicia de Mendoza, la Universidad se puso inmediatamente a disposición.
En el comunicado, se anunció el pedido del decano de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE), Miguel González Gaviola, de realizar una investigación administrativa para determinar si se cometió algún delito en el proceso de carga de datos.
Además, el Decano de la FCE, designará a un nuevo supervisor técnico externo para el manejo de accesos de las etapas evaluativas que restan llevarse a cabo.
¿Qué es una Investigación Administrativa?
Es una investigación para determinar si ha existido un hecho que amerite una pesquisa. En este caso, si se comprueba que hubo una posible filtración de datos, la próxima etapa es investigar a los presuntos responsables. De determinarse su culpabilidad, se le abriría un sumario administrativo.
En la misiva, la UNCuyo comentó que el proceso legal ya está en curso, bajo la resolución número 586 del 2023. Desde la institución, expresaron que si se determina que hubo irregularidades, tomarán las medidas correspondientes contra los involucrados.
La Facultad de Ciencias Económicas era la encargada, bajo un pacto de confidencialidad, de cargar el examen a la plataforma digital Moodle. Luego, la unidad académica, debía enviarle el listado de los resultados al Poder Judicial para que armara el orden de mérito.
En ese traspaso de información, la Suprema Corte, sospecha que la casa de estudio no cumplió con la confidencialidad y haya filtrado los datos personales de quienes rindieron el examen.
En el pedido de informe, el máximo órgano de justicia, le solicita a la universidad el proceso detallado de cómo se realizó la metodología de trabajo, tanto en lo informático como también en logístico y técnico.
Además, la Suprema Corte, pide si se respetó la confidencialidad de la prueba desarrollada mediante Moodle y si se protegieron los datos personales de los concursantes.
A pesar de que los resultados no han sido publicados, las sospechas no terminan ahí. Uno de los responsables de la carga de los datos, trabaja en la FCE y tendría relación directa con quien habría terminado primero en la lista de postulantes.
Ante esta situación, la Suprema Corte pidió la postergación del segundo examen hasta que se aclare la situación. También exige a la UNCuyo que garantice la seguridad en el proceso evaluativo.
El 19 de julio sería la fecha del segundo examen. El 4 de agosto, el órgano judicial publicaría la lista provisoria de aprobados.
El comunicado de la UNCuyo
Lo decidieron las autoridades universitarias para determinar si hubo violación a la confidencialidad, o inconvenientes con la información de las pruebas para ingresar a la justicia. Buscan esclarecer la situación y, en caso de comprobar irregularidades, adoptar las medidas que correspondan.
Autoridades de la UNCuyo iniciaron una investigación administrativa para determinar si hubo violación a la confidencialidad en los exámenes de ingreso al Poder Judicial. Lo solicitó el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Miguel González Gaviola, quien además, hasta tanto se resuelva el proceso, designará un nuevo supervisor técnico externo de manejo de accesos para llevar adelante las etapas restantes.
La decisión se basa en el pedido de informe de las autoridades de la Suprema Corte de Justicia sobre el cumplimiento del convenio específico con la Facultad. Esa información ya se remitió al Poder Judicial este viernes 7 de julio al mediodía.
El proceso está en curso, tal como establece la resolución número 586 del 2023, y si se determina que hubo irregularidades, las autoridades de la Universidad tomarán las medidas que correspondan con los actores que pudieran estar involucrados.