Este martes, el diputado de La Unión Mendocina (LAUM) Germán Vicchi, presentó un proyecto de ley en la Legislatura provincial para transformar la actual Oficina de Ética Pública en una Oficina Anticorrupción.
La propuesta ingresada por la Cámara de Senadores incorpora una serie de atribuciones como la autonomía plena, un presupuesto propio y más facultades a la hora de realizar el control de posibles hechos de corrupción.
“La nueva Oficina Anticorrupción será un organismo autárquico, con independencia de los tres poderes del Estado, capacidad de actuar como querellante penal y acceso a información pública y confidencial sin autorización previa. También contará con personal profesional designado por concurso y dirigencia sin vínculos partidarios“, señala el documento.
“Esta oficina ya existe, pero hoy está atada al poder político y no cumple su función. Jamás presentó una denuncia penal. Nosotros la transformamos en una herramienta efectiva de control. Una oficina con poder, independencia y responsabilidad”, explicó Vicchi.
Según el proyecto, la Oficina Anticorrupción actuará con independencia orgánica y
funcional respecto del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial “no estando sujeta presupuestariamente a otras instrucciones, no recibirá órdenes de ningún poder,
ni podrá sufrir interferencias de ningún otro organismo o autoridad provincial”. Además su actuación estará sujeta al control externos del Tribunal de Cuentas.
En lo que respecta a la autoridad máxima, será elegida a través de un concurso público de antecedentes por un periodo de 5 años y con la posibilidad de una única prórroga por otros 5 años. Además, quien sea postulado “no podrá haber tenido actividad política, partidaria o sindical durante los 5 años previos a su postulación“.
Castigo a la falta de información
Uno de los puntos clave de la reforma impulsada por LAUM es la modificación del artículo 21 de la Ley 8993, en el cual se establecen las sanciones para los funcionarios públicos que estan obligados a presentar su Declaración Jurada de bienes y que lo hayan hecho de manera parcial o no lo hayan hecho.
Actualmente, la ley establece que la multa que se aplicará en caso de incumplimiento establecida por un monto equivalente al 10% y como máximo al 25% de la remuneración bruta mensual del Gobernador.
Con los cambios, esta multa pasa a ser desde el 50% y hasta el 100% del sueldo del gobernador, mientras que agrega que, en el caso de que se detecten bienes no declarados –como ocurrió semanas atrás con el titular de Aysam Humberto Mingorance-, se impondrá la sanción accesoria de inhabilitación especial
para ejercer cargos públicos por el plazo de dos años.