Durante 2023, uno de los objetivos elegidos por las organizaciones piqueteras para reclamar por los planes sociales era una oficina ubicada en calle Espejo al 151. Allí funciona el Centro de Referencia (CDR), una filial de lo que era el Ministerio de Desarrollo Social en gestiones anteriores. Esa dependencia administrativa se cerrará en la brevedad por la decisión del Gobierno nacional
El Ministerio de Capital Humano informó este lunes la eliminación de los 59 CDR que funcionan en el país, con el argumento de que son “cajas de la política y aguantaderos de militantes“. Su cierre implicaría un ahorro anual de 5.000 millones de pesos.
En Mendoza, hay unas 70 personas, entre agentes de planta y contratados, que desempeñan funciones en esa oficina que depende de la cartera social a cargo de Sandra Pettovello. El organismo está acéfalo desde la asunción de la gestión Milei, como la mayoría de las reparticiones locales de Nación en la provincia cuya definición de autoridades se ha hecho esperar. En algunos casos, como se evidencia ahora con los CDR, por la decisión de eliminarlas.
Los empleados, sociólogos y trabajadores sociales, ya vislumbraban desde por lo menos un mes la posibilidad del cierre y saben que se hará efectivo el 1 de abril. Mientras a nivel nacional se adelantó que habría unos 600 despidos, en la delegación local serían entre 30 y 40, principalmente, los que no tendrían renovación de contrato. En tanto, los de planta serían reasignados en otras áreas.
La semana pasada Nación retiró las dos camionetas que tenía asignada esa repartición como movilidad. También pidieron los teléfonos celulares, pero en Mendoza les dijeron que no tenían.
Caja y trampolín político
Hasta diciembre, al frente de esa oficina estuvo la ex legisladora Sonia Carmona, vinculada políticamente al ex gobernador Carlos Ciurca. La ex senadora lasherina dejó ese lugar en diciembre y fue designada recientemente secretaria de bloque del peronismo en la Cámara Alta.
Carmona siempre tuvo perfil bajo en los cuatro años al frente de la repartición, sobre todo, cuando el año pasado explotó el escándalo de las incompatibilidades en el otorgamiento de planes Potenciar Trabajo en la Justicia.
En general, la cabeza del CDR siempre ha sido política. Durante la gestión de Macri la referente era Victoria Abihaggle, una abogada mendocina que se hizo fuerte en la cartera de Desarrollo Social de la Nación, donde fue jefa de gabinete en la Secretaría de Articulación de Política Social.
También el radicalismo designó a dos funcionarias para hacerse cargo, en distintos momentos.
Primero, Carla Rivamar -vinculada a la entonces vicegobernadora Laura Montero, hoy en el Poder Judicial-, luego, Verónica Álvarez, que fue funcionaria en la municipalidad de Godoy Cruz -en Género y Diversidad- y ahora es la subsecretaria de Infancias en el ministerio de Educación a cargo de Tadeo García Zalazar.
Con las diferentes gestiones de distinto signo político, han ido quedando capas ideológicas, aunque en el CDR local aseguran que “no hay ñoquis“.
En la primera gestión de Cristina Kirchner, el CDR fue conducido por una pareja influyente en aquel momento con base en Kolina, la agrupación fundada por Alicia K cuando era ministra de Desarrollo Social. Se trata de Marcela Ilacqua y Gustavo Maure. Por aquellos años, las gestiones que podían realizarse a través de la impresionante caja de recursos permitía, por ejemplo, instalar un camión con electrodomésticos en San Carlos para incidir en las elecciones departamentales de 2014. En aquellos comicios, lograron una banca de concejal con Juani Jofré.
El CDR también ha sido trampolín para dirigentes de Libres del Sur. Por allí pasó como empleado Ernesto Mancinelli, cuando su agrupación estaba vinculada al kirchnerismo. De hecho, el primer referente del CDR fue Sebastián González, otro dirigente de esa fuerza. También Fernanda Bernabé, ex funcionaria de la UNCuyo y hoy en la Universidad Champagnat, pareja de Mancinelli, cumplió funciones en el área. De igual manera Alejandro Verón, que sigue como subsecretario de Desarrollo Social. Mancinelli dejó de ser senador provincial y encontró lugar en el gabinete dentro de la cartera de Mema, con funciones en el territorio, como director de Desarrollo Comunitario, dentro de la estructura que conduce Natalio Mema.
Cómo trabaja
Más allá de los cuestionamientos de la nueva gestión libertaria, los CDR no manejan presupuesto propio, salvo caja chica. Su poder es relativo, pero disponen de una buena cantidad de recursos que se bajan de Nación, ya sea en términos de tarjetas Alimentar o Potenciar Trabajo como de camiones.
Como tal, han funcionado como espacios de gestión y, un término al que siempre acuden los políticos, de articulación con aquello que el ministerio nacional tiene a disposición. Eso sí, las demandas de los intendentes, sobre todo, en la época electoral, siempre han estado.
Por fuera de esa coyuntura, en concreto, el CDR es la pata en el territorio de la cartera social que tiene su centro en el llamado Edificio Evita, la base de la cartera social. Quienes defienden el área aseguran que sirve para palpar las necesidades que hay en cada provincia y, sobre todo, en cada departamento o barrio para que lleguen los recursos de Nación donde haya familias vulnerables. Es el punto de contacto entre la realidad local, con necesidades muy particulares, y la burocracia central en la 9 de Julio.
Por contrapartida, en Capital Humano han asegurado que las auditorías detectaron que estos centros reciben pocas consultas por día y que, en la mayoría de los casos, no ejecutaban la resolución del trámite, sino que derivaban. A eso le añadieron que en las recorridas detectaron que la mitad de los empleados no asiste, por lo que entienden que es un “ejemplo de burocracia e ineficiencia estatal“.
En general, ese trabajo entre las personas que requieren de la asistencia del Estado incluye diversas gestiones. Desde ayudas urgentes a familias muy vulnerables hasta talleres con algunas organizaciones, desde dotar de elementos para la cocina a comedores comunitarias hasta instrumentos para orquestas infantiles. A esto se le suma la ayuda concreta, por ejemplo, electrodomésticos, colchones o alimentos.
El trabajo de campo incluye visitar lugares como El Borbollón, en Las Heras, entrevistar a las personas para conocer sus problemas y realizar la gestión -a través del sistema electrónico- con Nación para conseguir los recursos. Luego, el trabajo es seguir el expediente, agilizarlo si se cajonea, realizar la entrega y, sobre todo, controlar. Hay más cuestiones que escapan incluso a los papeles: la tarea de fiscalización incluye que el recurso que se entrega a una familia no termine en Marketplace o en una transacción en el barrio.