La Fundación Mediterránea publicó dos informes donde expuso, entre otras cosas, cuánto recibiría cada provincia en caso de que se apruebe el proyecto de coparticipación que impulsaron los gobernadores. En el caso de Mendoza, las arcas de la Provincia podrían sumar 71.943 millones de pesos para afrontar la segunda mitad del año. Pero ese oxígeno financiero está condicionado al pulgar de Javier Milei.
Consultado por El Sol, el ministro de Hacienda, Victor Fayad, confirmó que “el cálculo de (la Fundación) Mediterránea es similar al nuestro“.
En medio de las negociaciones entre la Casa Rosada y las provincias, los gobernadores presentaron en el Congreso una norma para contar con más recursos nacionales, en medio de la caída de la recaudación y una merma en los ingresos que envía el Palacio de Hacienda.
Esos casi 72 mil millones de pesos se componen, por un lado, del 51% de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos y, por el otro, de los ingresos por Aportes del Tesoro Nacional (ATN) con base en los índices de la coparticipación primaria y secundaria, en este caso, en un 50%.
Fayad adelantó que “en el eventual caso que recibamos esos fondos, el destino es Subsidio al Transporte y refuerzo del presupuesto de Vialidad Provincial”.
De esta manera, buscan reforzar los “huecos” que dejó la gestión nacional en el territorio mendocino. La Provincia perdió subsidios nacionales que llegaban por vía del Fondo Compensador de Transporte, que Milei decidió eliminar, y que estaban destinados al transporte público. El costo del pasaje se financia, en buena medida, con el subsidio provincial.
Por otro lado, la Provincia también acaba de firmar un acuerdo con la Secretaría de Transporte de la Nación para hacerse cargo del mantenimiento de las rutas que son de jurisdicción nacional. Se trata de un traspaso de las obligaciones de Nación a las provincias y que en Mendoza implican a tramos de la ruta 7, la ruta 40 y la ruta 143, con la posibilidad de colocar peajes en cada sector.
Pero fuera de este traspaso de obligaciones, queda la necesidad de reforzar el presupuesto de Vialidad Provincial, que se encarga del mantenimiento de los caminos locales.
El desglose de la cifra
De acuerdo con el esquema que hizo la Fundación Mediterránea, la mayor parte del desembolso nacional a Mendoza, llegaría por parte del Impuesto a los combustibles.
La distribución por este tributo, que se actualiza al inicio de cada mes y encarece el precio de la nafta, actualmente significa la entrada de 26.251 millones de pesos para Mendoza. Pero con la ley aprobada, tendría un incremento del 123%. Esto llevaría el monto a 58.466 millones de pesos.
En este caso, no supondría cambios en el porcentaje de participación de Mendoza en el total de las provincias, que hoy es del 4,1%, pero sí un ingreso importante de fondos.
Respecto a los ATN, la propuesta se basa de un mecanismo automático de distribución en lugar del esquema actual discrecional.
Con este cambio, al Gobierno de Alfredo Cornejo le entrarían 12.386 millones de pesos adicionales que, sumados a los 1.091 millones de pesos que recibió en promedio en los últimos 3 semestres, la cifra total con el nuevo formato sería de 13.477 millones de pesos.
La participación de la Provincia de Mendoza en el reparto de ATN subiría de un 3,6% a 4,0% del total argentino. En general, la Casa Rosada suele distribuir estos fondos según criterios arbitrarios y políticos y lo que buscan los mandatarios provinciales es otorgarle un criterio de racionalidad.
De esta forma, el total de la recaudación mendocina por estos dos mecanismos sería de casi 72 mil millones de pesos.
Pero, claro, en el Gobierno ya descartaron que, aunque el Congreso apruebe la norma, el presidente Javier Milei les bajará el pulgar.
Amenaza de veto
El Senado de la Nación aprobó la semana pasada el proyecto que volvió a enfrentar a los gobernadores con el Gobierno nacional. A horas de que se confirmará la decisión parlamentaria, Javier Milei adelantó que vetará las iniciativas y que iría a la Justicia si es necesario.
En la Cámara Alta, de tres senadores nacionales que representan a Mendoza, sólo uno votó a favor de la iniciativa, la kirchenrista Anabel Fernández Sagasti. Los radicales Rodolfo Suárez y Mariana Juri se mantuvieron ausentes por diferentes razones.
Según informaron desde el Gobierno provincial, Suárez se encontraba en un viaje previsto con anterioridad y ya había confirmado su ausencia. Por el lado de Juri, la senadora votó el orden del día, pero posteriormente no participó de la sesión al considerar que era inválida.
Lo políticamente llamativo es que el mismo Cornejo motorizaba el proyecto de reformas. El gobernador está en negociaciones para cerrar un acuerdo electoral con La Libertad Avanza para los comicios unificados en Mendoza, que ya tienen fecha: el 26 de octubre.
El proyecto impulsado por los mandatarios provinciales ahora tiene que pasar a la Cámara de Diputados de la Nación.
Finalmente, la aprobación legislativa movilizó al Ejecutivo nacional. Este martes, la idea del veto presidencial fue confirmada por Guillermo Francos, jefe de Gabinete.
“Una vez que el Gobierno tenga en su poder las leyes que sancionó el Congreso, las va a vetar”, adelantó Francos.
Ante esta posibilidad, Fayad se limitó a responder que “el proyecto debe aún pasar por el Congreso”.
Sin embargo, dentro del Ejecutivo nacional, la postura del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, llamó la atención por pedir que el presidente no vetara la iniciativa para reconfigurar la distribución de los ATN.
“Yo digo que esto cambia todo si se aprueba. De hecho, si el presidente me consulta, yo le diría, esta no la vete. Desde la Constitución del 94, hay mucha discusión sobre si la Coparticipación la puede cambiar el Congreso o no. En general, se dice que si se cambia la Ley de coparticipación se necesitaría que cada una de las provincias lo ratifique. El Senado acaba de validar que la ley de coparticipación se puede cambiar con una ley simple del Congreso“, sostuvo el ministro nacional.
Como respuesta a la posición de Sturzenegger, el jefe de Gabinete definió tajantemente que “no estamos de acuerdo”.
A pesar de la amenaza de veto, ese mecanismo constitucional que tiene el presidente tiene que volver al Congreso, a una de las dos cámaras, para ser revalidado. En esa nueva instancia se probará si Milei y los gobernadores llegaron a un acuerdo o mantienen la actual tensión política.