El Gobierno imprimió una velocidad poco habitual al proyecto de ley que busca facilitar la refinanciación de deudas para morosos y reducir los niveles de incumplimiento. La iniciativa fue anunciada públicamente el lunes por el gobernador Alfredo Cornejo, junto a los ministros de Gobierno, Natalio Mema, y de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad. Sin embargo, el proyecto recién ingresó formalmente a la Cámara de Diputados este miércoles a las 11.45, según consta en el propio expediente.
A partir de allí, el oficialismo decidió acelerar al máximo el trámite legislativo. En lugar de seguir el recorrido habitual de una iniciativa —paso por las comisiones correspondientes, discusión y emisión de un dictamen antes de llegar al recinto—, el proyecto avanzó para ser tratado sobre tablas, un mecanismo que permite saltear ese recorrido y llevarlo directamente a discusión en el recinto.
Para hacerlo, se necesita una mayoría especial de dos tercios de los presentes, una condición que el oficialismo tiene garantizada.
El dato que expone con mayor claridad la velocidad del tratamiento es el tiempo transcurrido entre el ingreso formal del proyecto y el comienzo de su discusión. Pasó poco más de una hora entre ambos momentos. En ese lapso, los legisladores debían tomar conocimiento del texto, analizar sus alcances y fijar una posición sobre una iniciativa que establece un nuevo régimen de refinanciación de deudas para personas y empresas.
El artículo 2, la clave del proyecto
Más allá de la velocidad con la que el oficialismo pretende aprobarlo, uno de los puntos centrales de la iniciativa está en el artículo 2, que define qué entiende Mendoza por una refinanciación. La norma establece que deberá existir una modificación de las condiciones de una deuda existente, que puede incluir plazos, cuotas, tasas de interés, garantías u otras cláusulas contractuales. El objetivo debe ser aliviar la carga financiera del deudor o mejorar la recuperación del crédito.
El artículo también contempla las operaciones mediante las cuales una entidad refinancia una deuda para permitir que el cliente cancele obligaciones con otra u otras entidades acreedoras. Es decir, el proyecto busca que el mecanismo pueda utilizarse para reordenar distintas deudas y reemplazarlas por una nueva obligación bajo condiciones diferentes.
Pero la norma también fija un límite preciso. No serán consideradas refinanciaciones la cesión, venta, securitización o transferencia de una cartera de deudores a terceros, cualquiera sea su naturaleza jurídica. El objetivo es impedir que una entidad pueda acceder a los beneficios fiscales simplemente trasladando sus créditos morosos a otra compañía, sin modificar las condiciones de pago para el deudor.
Esta definición es uno de los aspectos centrales del proyecto porque el Gobierno busca que el régimen implique una refinanciación genuina y no una mejora artificial de los indicadores de morosidad de las entidades. En los fundamentos, el Ejecutivo advierte precisamente sobre el riesgo de que la venta de carteras permita reducir los niveles de mora registrados sin que exista una modificación real de la situación de los deudores.
Qué beneficios tendrán las entidades
Para incentivar las refinanciaciones, el proyecto establece beneficios fiscales. Las operaciones que cumplan con las condiciones previstas estarán exentas del Impuesto de Sellos. Además, cuando la refinanciación tenga una Tasa Nominal Anual de hasta el 40% y un plazo mínimo de devolución de 24 meses, los ingresos obtenidos por la entidad otorgante tributarán Ingresos Brutos con una alícuota reducida del 5%.
El régimen no estará limitado únicamente a quienes ya se encuentren en mora. Los fundamentos del proyecto señalan que los beneficios alcanzarán tanto a deudores que están al día como a aquellos que se encuentran en situación irregular. El argumento oficial es que una menor morosidad también puede mejorar las condiciones de acceso al crédito para quienes cumplen regularmente con sus obligaciones.
La iniciativa se inscribe en un contexto en el que el Banco Nación también puso en marcha un esquema para que sus clientes puedan reordenar deudas, consolidar obligaciones y cancelar compromisos con otras entidades. En ese caso, el proceso contempla un acuerdo previo con el acreedor y luego la gestión de una nueva financiación para cancelar la deuda. El proyecto mendocino apunta en una dirección similar, aunque lo hace mediante un régimen provincial de incentivos fiscales.