El Gobierno presentó en la Legislatura su proyecto de ley destinado a facilitar la refinanciación de deudas de personas y empresas morosas y reducir los niveles de incumplimiento en el sistema financiero, el cual había sido dado a conocer el pasado lunes.
La iniciativa propone un esquema de beneficios fiscales para incentivar a las entidades acreedoras a modificar las condiciones de pago y ofrecer alternativas de mayor plazo y menor carga financiera.
El proyecto parte de un diagnóstico oficial: aumentó el nivel de endeudamiento de las familias y empresas mendocinas y también la cantidad de deudores ubicados en las situaciones 2, 3, 4 y 5 de la Central de Deudores del Banco Central.
Para el Gobierno, esta situación no solo afecta a quienes tienen dificultades para pagar, sino que también puede restringir el acceso al crédito y encarecer las tasas para el conjunto de los usuarios.
La iniciativa tiene un punto central en su artículo 2, porque allí establece exactamente qué entenderá Mendoza por una refinanciación. La definición resulta clave para los morosos que busquen acceder a este esquema, pero también fija límites para las entidades financieras: no alcanza con transferir una deuda a otra empresa o vender una cartera de créditos para acceder a los beneficios de la ley.
El proyecto busca que las entidades tengan un incentivo para ofrecer estas alternativas a sus deudores. Las operaciones que cumplan con los requisitos establecidos quedarán exentas del Impuesto de Sellos.
Además, los contratos con una Tasa Nominal Anual de hasta 40% y un plazo mínimo de devolución de 24 meses tendrán una alícuota reducida del 5% en Ingresos Brutos para la entidad que otorgue la refinanciación.
El proyecto establece que el régimen estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo lo prorrogue por hasta seis meses adicionales.