La instalación de un sector VIP durante la misa que encabezó el papa León XIV en el Monumento a los Españoles, en Palermo, generó cuestionamientos por los privilegios que recibieron algunos dirigentes políticos, empresarios y figuras del espectáculo.

De hecho, la controversia llegó al Congreso, donde presentaron un pedido de informes para conocer cómo se organizaron los espacios exclusivos y quién estuvo a cargo de las invitaciones.

Mientras miles de fieles llegaron desde distintos puntos del país y debieron permanecer durante horas a la intemperie y con un calor agobiante, algunos invitados accedieron a sectores reservados con asientos, protección frente al sol, comida y bebidas. La diferencia en las condiciones de acceso quedó expuesta a partir de fotografías y testimonios que circularon en las redes sociales.

Entre las personalidades que estuvieron en el sector VIP fueron mencionadas Carolina Pampita Ardohain, Valeria Mazza, Flor de la V, Yanina Latorre y Analía Franchín. También se mencionó la presencia de dirigentes y funcionarios como Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Gabriela Michetti y Zulemita Menem, entre otros.

Otra de las personas que formaron parte de esta carpa fue la modelo e influencer Angie Landaburu quien publicó varias fotografías desde el sector VIP, de las comodidades del lugar y el caterig, lo que contribuyó a visibilizar las condiciones diferenciadas de acceso y permanencia de los invitados especiales.

El pedido de informes por la carpa VIP

La controversia tuvo repercusiones en el Congreso. El diputado Esteban Paulón impulsó un proyecto de resolución para solicitar explicaciones a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al canciller Pablo Quirno sobre los criterios utilizados para confeccionar el listado de invitados.

La iniciativa también reclama que se detalle qué proporción del presupuesto destinado a la organización del evento correspondió al armado de la carpa, los servicios gastronómicos y la seguridad privada del sector reservado.

La contratación de la productora DF Entertainment había generado cuestionamientos previos. De acuerdo con la documentación de Compr.Ar mencionada en esa cobertura, la empresa presentó una oferta de $8.690 millones para la producción y coordinación general del evento, mediante un procedimiento de contratación directa.

Sin embargo, ese monto no permite determinar cuánto se destinó específicamente a las carpas VIP ni al catering de los invitados.

Otro de los puntos que quedó bajo discusión fue quién tuvo a su cargo la distribución de los accesos preferenciales. Una versión atribuyó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las invitaciones a las figuras del espectáculo. Otra sugirió que los listados dependían de organismos nacionales y que la Secretaría General de la Presidencia y la Cancillería los enviaban a la productora para la emisión de los códigos QR. Y que, en este marco, le otorgaron a la Ciudad un cupo de 250 invitaciones.

Finalmente, la distribución de las acreditaciones también quedó atravesada por las diferencias entre el Gobierno nacional y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien sostuvo que no había recibido el código QR necesario para ingresar. Desde la Casa Rosada, en cambio, afirmaron que le habían enviado la convocatoria correspondiente.