Las idas y venidas judiciales respecto del nuevo casino Enjoy Mendoza, ubicado en el hotel Sheraton, ya se parecen a una intrincada novela. Primero, una jueza federal ordenó dejar sin efecto el decreto por el cual el Gobierno autorizó la habilitación de la sala de juego, pero la magistrada dejó en suspenso la medida unos días después. Ahora, un juez provincial dictó una medida de no innovar, que prohíbe al Ejecutivo realizar cualquier acto que impida continuar con la explotación del lugar, mientras no exista una sentencia firme.

    El nuevo capítulo de esta pelea que desató la apertura del nuevo casino, fue conocido ayer por el Gobierno. El 22º Juzgado Civil, Comercial y Minas, a cargo del juez Ricardo Sancho, hizo lugar a una medida de no innovar presentada por la firma CELA SA, una de las dueñas del lujoso emprendimiento. La Justicia notificó ayer al Ejecutivo que, hasta tanto exista una sentencia definitiva, deberá abstenerse de realizar cualquier hecho o acto que impida a la empresa continuar con la explotación de la sala de juegos.

    Pero la medida del juez Sancho sólo abarca a la órbita provincial y no a la federal, que es donde tres empleados del Casino estatal presentaron una medida cautelar, a la que la titular del Juzgado Federal Nº2, Olga Pura Arrabal, le hizo lugar. La decisión de la jueza obligaba al Ejecutivo a dejar sin efecto el decreto 2.711 del 3 de octubre, a través del cual autorizó la habilitación de la sala de juegos. Por esto, el Gobierno preparó un decreto el lunes en la noche para dejar sin efecto el anterior.

    Pero el martes, el Ejecutivo recibió una nueva notificación de la Justicia Federal, en la que se dispuso diferir la medida anterior, hasta tanto los dueños del nuevo casino envíen un expediente. Este diferimiento significa básicamente que la jueza ordena detener cualquier acción, hasta que analice en tres días como máximo los pasos a seguir. Ese plazo se vencerá el lunes.

    El problema se presentaría si la jueza ordena dejar sin efecto el decreto que habilitó el Enjoy, entonces se plantearía un conflicto de poderes entre la Justicia provincial y el fuero federal. En este caso, el único que podría dirimir tal cuestión sería la Corte Suprema nacional. Mientras tanto, el Gobierno aguarda que la Justicia Federal clarifique su postura, ya que el propio gobernador Celso Jaque aseguró que acatarán cualquier medida que dicte.