La tensión que sacudió a la Cámara de Diputados de la Legislatura sumó un giro imprevisto este jueves. La denuncia penal presentada el pasado lunes contra el presidente del cuerpo, Andrés Lombardi, por presunto “abuso de autoridad” y “omisión de los deberes de oficio”, quedó prácticamente desactivada luego de que la propia denunciante, María Belén Castillo, decidiera no ratificar la presentación ante la Justicia, una situación procedimental que debería dejar sin efecto la acusación.
Tras confirmarse este paso atrás, el titular de la Cámara Baja cuestionó con dureza la maniobra legal. “Mi nombre está y seguirá limpio, no sólo porque fue un error político y jurídico, sino también porque todas las actuaciones vinculadas a la situación de la diputada suspendida Janina Ortiz fueron realizadas en cumplimiento de decisiones institucionales votadas por más de los dos tercios del cuerpo legislativo”, remarcó Lombardi.
En ese sentido, el legislador cornejista enfatizó que el desplazamiento de la ex secretaria de Gobierno de Las Heras no obedeció a una postura personal. “La suspensión de Janina Ortiz no fue una decisión individual mía, sino una resolución votada por más de los dos tercios de la Cámara de Diputados en función de causas judiciales gravísimas que todavía siguen en trámite”, expresó, recordando que hace más de dos años el cuerpo resolvió apartar a la legisladora.
Lombardi aprovechó la oportunidad para “agradecerles a todos los diputados del cuerpo, más allá del color político, que ayer avalaron con su voto el acompañamiento al rechazo de la denuncia penal formulada en mi contra y ratificaron que se trata de una resolución de todo el cuerpo”.
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El origen del conflicto por la banca vacante
La denuncia original, que había sido radicada a comienzos de semana en el Ministerio Público Fiscal por Castillo -ex candidata en los comicios de octubre de 2023 y quien reclama el derecho a ocupar el escaño-, apuntaba a los artículos 248 y 249 del Código Penal. La presentación sostenía que desde la suspensión de Ortiz, en marzo de 2024, “la banca correspondiente a la Primera Sección Electoral permanece funcionalmente vacía”, lo que implicaba una afectación directa a la representación popular y al funcionamiento institucional de la Legislatura.
En el escrito, Castillo afirmaba que las autoridades legislativas “habrían omitido arbitrariamente adoptar una resolución útil, expresa y ajustada a derecho”, prolongando una vacancia de hecho incompatible con los principios republicanos, luego de que ella misma realizara reiterados reclamos formales para que se avanzara con el corrimiento de la lista.
Janina Ortiz fue apartada de su cargo en marzo de 2024 sin goce de sueldo y de forma por ahora indeterminada hasta que exista una sentencia firme en las causas que la tienen como imputada. El oficialismo impulsó dicha medida amparándose en el artículo 91 de la Constitución Provincial bajo el argumento de “desorden de conducta”.
El conflicto por la cobertura de esa vacante se complejizó de manera dramática en noviembre de 2025 tras el fallecimiento de José Pedro Caviglia, el dirigente del Partido Libertario que seguía inmediatamente en el orden sucesorio de la lista y quien debía asumir la banca de forma regular antes de que se habilitara el reclamo de Castillo.