La salida de Romina Crisafulli del Poder Judicial abrió una fuerte controversia institucional. El Gobierno aceptó su renuncia como defensora penal de Pobres y Ausentes de la Segunda Circunscripción, en medio de una investigación por presunto desorden de conducta y mal desempeño, pero a la par la denunciada ya concursa para otro cargo en la Justicia.
Este miércoles por la tarde la ex magistrada se anotó para rendir el examen ante el Consejo de la Magistratura para concursar por un cargo de fiscal de Instrucción, lo que generó cuestionamientos en ámbitos judiciales.
A la par, la dimisión fue formalizada a través del decreto Nº 258, firmado por la vicegobernadora Hebe Casado en ejercicio del Poder Ejecutivo. Crisafulli había sido denunciada por la Defensora General del Ministerio Público de la Defensa, Cecilia Saint André, ante el Jury de Enjuiciamiento.
El organismo había admitido la acusación en diciembre y la había emplazado a presentar descargo antes de avanzar hacia un eventual juicio político que podía derivar en su destitución.
El despido
Las acusaciones incluían la presentación de certificados médicos inválidos, emitidos por un profesional no habilitado; múltiples inasistencias injustificadas; quejas por mal comportamiento de parte de otros magistrados y personal judicial; y la omisión de informar un cambio de domicilio a la Ciudad de Mendoza, dejando la circunscripción donde debía prestar funciones.
Saint André sostuvo que las ausencias generaron “un grave perjuicio” organizacional y afectaron la “falta de cobertura del servicio de defensa pública penal” en San Rafael. También advirtió que fue necesario “efectuar una modificación en los sistemas de reemplazos y subrogancias, impactando severamente en las estructuras de funcionamiento del Ministerio”.
Pese a ese escenario, Crisafulli renunció antes de que el Jury avanzara con el proceso. La aceptación de su dimisión cerró el trámite disciplinario, pero no impidió que continúe su participación en concursos para otros cargos judiciales.
La superposición entre una salida marcada por denuncias de mal desempeño y la posibilidad de acceder a una fiscalía reavivó el debate sobre los mecanismos de control y los requisitos de idoneidad dentro del sistema judicial mendocino.