Desde hace más de dos décadas, las comunidades huarpes de Lavalle demandan el cumplimiento de la ley Nº 6.920 que les otorga derechos sobre las tierras que habitan y que corresponden a 700 mil hectáreas, casi el 75% de la superficie de ese departamento. Si bien en junio el gobierno provincial ingresó un proyecto de ley para derogar algunos artículos y dejar sin efecto las expropiaciones pendientes a los privados, el panorama se modificó ya que el Ejecutivo decidió acompañar el reclamo de los pueblos ancestrales en el juicio.
La ley N°6.920 declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación a los inmuebles ubicados dentro de una superficie de más de 700 mil hectáreas, que ocupa aproximadamente el 75 % del territorio del departamento de Lavalle y el 5 % de la superficie total de la provincia. Parte de esos terrenos son fiscales, pero la gran mayoría son inmuebles que están en manos de privados, en algunos casos bancos o sociedades anónimas. En concreto, todos los territorios fiscales, que son más de 100 mil hectáreas, fueron entregados a las comunidades pero no se pudo efectivizar ya que pertenecían a los privados y quedaron sujetos a expropiación.
La polémica con los referentes de las comunidades huarpes comenzó en junio de este año, tras el envío de un proyecto de ley por parte del Ejecutivo provincial a través del cual se buscaba derogar algunos artículos de la mencionada ley. La propuesta buscaba dejar sin efecto las expropiaciones pendientes a los privados con el argumento de evitar la conflictividad judicial y obstáculos que tuvo la aplicación de la normativa vigente.
Tras reuniones con legisladores del oficialismo y la oposición, se acordó no dar tratamiento a ese proyecto y avanzar en un acuerdo que tuvo un nuevo capítulo hoy en Casa de Gobierno. “Desde el Poder Ejecutivo firmamos un escrito judicial en acompañamiento al Dr. Fidel Bustelo, representante de las comunidades, con el fin de buscar la mejor solución jurídica para lograr que las tierras en el desierto de Lavalle que tienen ocupación ancestral por las comunidades huarpes estén registradas a nombre de las comunidades. Asimismo, hemos presentado un proyecto de modificación de la Ley 6920, buscando garantizar el cumplimiento de su objetivo principal. Sin embargo, acordamos intentar una vez más avanzar con la Ley vigente y, de ser necesario, consensuar posteriormente los cambios que hagan falta”, destacó el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema.
“Estamos buscando que las comunidades tengan los títulos de propiedad, en la mayoría de los terrenos hay duplicidad o triplicidad de títulos. El objetivo es no perjudicar a las personas que hoy tienen su propiedad y están produciendo más allá de las comunidades y sin que el Estado tenga que en principio pagar fortuna a personas que ni siquiera sabemos dónde están”, explicó el funcionario y agregó: “Queremos invertir la carga de la prueba, que las comunidades se presenten con un pedido de prescripción adquisitiva y si hay alguien que se siente con mejor derecho, que lo presente. Porque ahora estamos tratando de demostrar quiénes son los dueños registrales y si alguien es dueño que lo demuestre”.
Los referentes de las comunidades huarpes se mostraron conformes con el escrito judicial presentado. “Surgió la posibilidad de firmar un documento que va a ser presentado en el juicio de expropiación y para nosotros significa un gran avance. Es la primera vez que venimos a la Casa de Gobierno para firmar un acuerdo ya que siempre nos ha tocado venir durante 20 años a reclamar acciones referidas a la tierra”, expresó Ramón Tello, de la Comunidad José Andrés Díaz.