La Comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura de Mendoza presentó este martes su informe anual correspondiente al período mayo 2024 – mayo 2025. El documento sintetizó un año de “trabajo intenso” y marcó profundas críticas sobre el funcionamiento de la Justicia en Mendoza. A su vez, insistieron en que tiene que haber reformas que cualquier gobierno deberá cumplir.
Una de las principales preocupaciones expuestas en el informe refiere al colapso del sistema de audiencias judiciales, evidenciado por cifras del Ministerio Público Fiscal y de la Suprema Corte. Se advierte que más del 50% de las audiencias no se concretan por fallas en las notificaciones o ausencias del propio MPF, generando un “efecto arrastre” que podría derivar en prescripciones masivas si no se revierte.
El presidente del órgano legislativo, diputado Germán Gómez (PJ), encabezó la presentación junto al vicepresidente, senador David Saez (UCR), y los secretarios Emanuel Fugazzotto (Partido Verde) y Cinthia Gómez (La Unión Mendocina). Durante la exposición, el sanrafaelino destacó que la elaboración de este informe responde a una obligación legal, aunque reconoció que “no se venía haciendo”, y celebró que el trabajo realizado “sirva como diagnóstico certero y base para mejorar las políticas públicas de seguridad en la provincia”.
La Comisión Bicameral recorrió durante el último año comisarías, barrios, centros penitenciarios y operativos en el territorio, organizó jornadas técnicas y recibió a referentes del Ministerio Público, el fuero penal, el Poder Ejecutivo y la sociedad civil. La agenda incluyó temas como narcotráfico, trata de personas, violencia barrial, delitos digitales, seguridad vial, uso de tecnología aplicada y funcionamiento del sistema judicial.
“Queríamos darle un nuevo marco institucional a la Comisión. Este informe no debe ser un hecho aislado, sino una herramienta permanente para auditar el funcionamiento de todas las instituciones vinculadas a la seguridad”, sostuvo Gómez al respecto.
En esa línea, Gómez fue enfático en destacar que “sin diagnósticos certeros, no es posible evaluar si las estrategias políticas en materia de seguridad son adecuadas o no. Este informe es solo una radiografía parcial, pero muy relevante para empezar a construir una política pública seria y sostenida”.
En ese sentido, anticipó que trabaja en un proyecto para reformar la ley que regula la Comisión Bicameral de Seguridad, con el objetivo de ampliar sus funciones, permitir la emisión de despachos legislativos y garantizar que todos los gobiernos, sin importar su color político, presenten anualmente un informe con carácter obligatorio. “La seguridad no se construye desde el escritorio, se construye en el territorio y con control político efectivo”, remarcó en diálogo con El Sol.
Uno de los puntos centrales que resaltó el informe es la necesidad de mejorar la coordinación entre las fuerzas provinciales y nacionales, especialmente en temas como el narcomenudeo, la trata de personas y los delitos transfronterizos. Gómez destacó que “Mendoza, como provincia limítrofe con Chile, enfrenta desafíos singulares, y se requiere una cooperación más eficaz con Gendarmería, Policía Federal y organismos especializados”.
Durante el último año, la Comisión impulsó supervisiones al sistema penitenciario, controles de eventos deportivos, evaluó el funcionamiento del 911 y el Registro Provincial de Huellas Genéticas, abordó el mal funcionamiento de comisarías en Las Heras, y promovió campañas de concientización sobre trata de personas y seguridad vial, entre otros temas.
El legislador peronista también defendió el carácter colectivo del trabajo: “Esto no es el logro de un espacio político, sino el resultado del esfuerzo conjunto de legisladores del oficialismo y la oposición. La Comisión tiene que ser un espacio de trabajo serio, que no se use con fines personales ni partidarios”.
El informe —acorde a lo establecido en la Ley Provincial N.º 6721— será ahora distribuido a autoridades provinciales, nacionales y actores clave en el sistema de seguridad y justicia, con el objetivo de que sirva como insumo técnico y político para la toma de decisiones.
“El desafío ahora es sostener este marco institucional, sumar nuevas facultades, fortalecer la articulación y, sobre todo, acercar el control político al ciudadano”, concluyó Gómez.
