El Gobierno adjudicó por más de $3.753 millones la compra e instalación de un sistema de inhibición de comunicaciones para los complejos penitenciarios Almafuerte I y II. La medida apunta a bloquear el uso de celulares y redes Wi-Fi dentro de determinados módulos y reforzar la detección y neutralización de drones no autorizados en ambos establecimientos.
La adjudicación quedó formalizada mediante el Decreto 2151, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo el 7 de octubre de 2026 y publicado en el Boletín Oficial. La contratación fue otorgada a Cytric Solutions Argentina SRL, que presentó una oferta mejorada de 2.485.970 dólares, equivalentes a $3.753.814.700 al tipo de cambio oficial de $1.510 considerado en el expediente.
La empresa fue la única oferente en la licitación pública. Según los informes técnicos incorporados al expediente, su propuesta cumplió con los requisitos establecidos en los pliegos. El monto adjudicado superó en $128.814.700 el presupuesto inicial de $3.625 millones autorizado para la contratación.
Qué tecnología instalarán en los complejos penitenciarios
El proyecto contempla dos componentes principales. El primero es un sistema de inhibición de celulares y Wi-Fi para los módulos penitenciarios 3 y 4 de Almafuerte I. La propuesta incluye ocho gabinetes para bloquear comunicaciones celulares y otros cinco destinados a inhibir redes inalámbricas Wi-Fi.
El sistema permitirá administrar los equipos desde una plataforma centralizada, monitorear su funcionamiento y activar o regular la inhibición por bandas de frecuencia, sectores o bloques del establecimiento.
También podrá generar alertas ante fallas eléctricas, problemas de comunicación o disminuciones en el rendimiento de los dispositivos.
El segundo componente es un sistema antidrones multicapa para Almafuerte I y II. La tecnología permitirá detectar, identificar y rastrear aeronaves no tripuladas y sus operadores mediante señales de radiofrecuencia. Además, contempla tres mecanismos de mitigación: la toma de control del dron, la interferencia de las comunicaciones y la alteración de las señales de navegación satelital para desorientarlo o forzar su alejamiento o aterrizaje controlado.
La solución integrará estos equipos en una única plataforma de comando y control, con representación geográfica de los dispositivos detectados y registro de incidentes. Según la documentación técnica, el sistema podrá identificar datos como la marca, el modelo y el número de serie de los drones cuando esa información esté disponible.
Plazos de instalación y garantía
El pliego establece un plazo máximo de 120 días corridos desde la notificación formal de la adjudicación para entregar, instalar y poner en funcionamiento la totalidad del equipamiento. El plan de trabajo incluye obras de infraestructura, instalación de antenas y gabinetes, tendido de fibra óptica, adecuaciones eléctricas y pruebas de funcionamiento.
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La contratación contempla una garantía de 24 meses para los componentes, además de soporte técnico durante las 24 horas, los siete días de la semana. La empresa también deberá brindar capacitación en español para hasta 25 operadores, con una duración estimada de ocho días hábiles.
El decreto autoriza, además, a imputar, liquidar y pagar las diferencias cambiarias que surjan entre la cotización del dólar utilizada para calcular la adjudicación y el tipo de cambio vendedor del Banco Nación vigente al momento del pago. Por ese motivo, el desembolso final en pesos podría variar respecto de los $3.753,8 millones establecidos en el acto administrativo.