El avance del nuevo esquema vial impulsado por el Gobierno nacional reavivó una vieja discusión: qué ocurre con los recursos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), un tributo que los automovilistas pagan cada vez que cargan nafta o gasoil y que tiene, por ley, una asignación específica para el mantenimiento y desarrollo de la red vial.

La controversia se profundiza porque, mientras la Nación reducirá progresivamente la cantidad de rutas que deberá conservar mediante concesiones y transferencias a las provincias, no existe ninguna iniciativa para modificar, eliminar o redistribuir ese impuesto, cuya ejecución para obras viales viene siendo cuestionada.

En Mendoza, ese cambio de paradigma es evidente. La Ruta Nacional 7 quedó a un paso de ser concesionada por 20 años y será mantenida mediante el cobro de peajes. A eso se suma el traspaso por 36 meses de distintos tramos de las rutas nacionales 40 y 143 al Gobierno provincial, que también serán financiados mediante un esquema de pago por su uso.

Como consecuencia, solo permanecerán bajo mantenimiento directo de la Nación dos sectores de la Ruta 40: el comprendido entre la Variante Palmira y Neuquén y el tramo entre Lavalle y el límite con San Juan.

La situación no es exclusiva de Mendoza. La política nacional apunta a ampliar el sistema de concesiones sobre buena parte de la red vial federal, reduciendo la cantidad de kilómetros cuyo mantenimiento depende directamente de Vialidad Nacional.

Sin embargo, el Impuesto a los Combustibles continúa vigente sin modificaciones y mantiene su asignación legal para infraestructura vial, aun cuando distintos informes sostienen que una parte importante de esos recursos no se ejecuta en ese destino.

Mema: “No se planteó tocar el impuesto”

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, descartó que exista alguna discusión con el Gobierno nacional para modificar el tributo en el próximo Presupuesto.

“No se planteó la posibilidad de tocarlo, eliminarlo o distribuirlo en el próximo presupuesto“, destacó. Más allá de esto, el funcionario recordó que Mendoza mantiene un reclamo junto con el resto de las provincias por el destino de esos fondos.

“Hay un reclamo firmado el año pasado por los 24 gobernadores en el CFI. Cornejo, como senador nacional, presentó un proyecto para distribuirlo federalmente junto a Alejandra Vigo, de Córdoba, y estamos reclamando permanentemente por las obras en Mendoza.”

Según explicó, esas gestiones permitieron reactivar algunos proyectos postergados. “Logramos que se termine la Variante Palmira, que se reanuden los dos puentes de la Ruta 40 a la altura de Anchoris y se está pronto a reanudar la obra del Aeropuerto a Lavalle en Ruta 40. Por otro lado, estamos trabajando para recuperar lo invertido por la Provincia en las rutas nacionales“, comentó Mema.

Cada vez menos rutas nacionales

Mema sostuvo que, una vez completadas las concesiones y los traspasos, la responsabilidad directa de la Nación en Mendoza será mínima. “Sólo queda la Ruta 40, pero no en todos los tramos. Desde Variante Palmira hasta Neuquén y desde Lavalle hasta San Juan. Ahí no hay intervención ni concesión.”

El ministro también cuestionó la falta de inversión en la red vial nacional durante los últimos años y negó que sea un problema que surgió en la gestión de Javier Milei, sino que viene desde el periodo de Alberto Fernández. “Están sin mantenimiento desde hace más de ocho años, no es algo de ahora“, explicó.

Un impuesto que recauda, pero no financia obras

La discusión adquiere mayor relevancia porque el peso del Impuesto a los Combustibles sobre el precio final de los combustibles prácticamente se duplicó desde fines de 2023. Pese a ello, distintos relevamientos muestran que Vialidad Nacional acumuló recursos no ejecutados mientras se deterioraba la infraestructura vial y avanzaba el esquema de concesiones.

El Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) pasó de representar el 8,9% del precio de venta al público en noviembre de 2023, momento en el que gana Javier Milei la presidencia, al 18,6% en julio de este año, casi duplicando la presión impositiva en el rubro.

En este sentido el Gobierno nacional, a través del vocero Adrián Ravier, confirmó que sólo un porcentaje del tributo con asignación específica se utiliza para obras y el resto es utilizado por el Ministerio de Economía para sostener el equilibrio fiscal.

“Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos”, señaló el funcionario en una entrevista con El Diario de La Pampa.

Mendoza recibió los fondos que le corresponden

Por otra parte, Mema aclaró que la provincia no registra deudas por parte de la Nación respecto de la distribución del Impuesto a los Combustibles.

“Mendoza ha recibido hasta el día de la fecha todos los fondos que le corresponden por el Impuesto a los Combustibles“, dijo. Según precisó, la Dirección Provincial de Vialidad recibió $5.831 millones en 2024, $11.501 millones en 2025 y $9.107 millones durante lo que va de 2026, con una proyección similar para el segundo semestre.

Mema también explicó que existe una diferencia entre el impuesto que pagan los automovilistas y la porción que efectivamente llega a las provincias. Del total recaudado por el Impuesto a los Combustibles, solo el 10,4% se distribuye entre las jurisdicciones provinciales y, de ese porcentaje, apenas el 6,24% se gira a las direcciones provinciales de Vialidad. Mendoza recibe el 4,3% de esa masa coparticipable, recursos que se destinan al mantenimiento de maquinaria, combustible, insumos y transporte de áridos.

El 89,6% restante se distribuye entre el Fondo Nacional de Infraestructura del Transporte, el Fondo Nacional de Infraestructura Hídrica, el Fondo de Compensación del Transporte Público, el Tesoro Nacional y el FONAVI.

La discusión, por lo tanto, ya no pasa por los fondos que reciben las provincias, sino por el destino del grueso de la recaudación nacional. Mientras la cantidad de rutas que deberá mantener el Estado nacional disminuye por las concesiones y los traspasos, el Impuesto a los Combustibles continúa sin modificaciones y parte de los recursos que genera es utilizada para otros fines fiscales, una situación que alimenta el reclamo de los gobernadores por una revisión del esquema de distribución.