El gremio de los empleados judiciales solicitó este viernes el fracaso de la conciliación obligatoria y anticipó que volverán a las medidas de fuerza, que podrían extenderse incluso hasta después de la feria judicial. Ahora la Subsecretaría de Trabajo deberá definir si acepta el pedido del sindicato, que denunció que la Suprema Corte se negó a sentarse en la mesa de negociaciones por la presencia de trabajadores dentro de la sala donde debía realizarse el encuentro.
Sin embargo, el subsecretario de Trabajo, Rodrigo Herrera, discrepó con el gremio: aseguró que la audiencia se realizó y explicó que aún no está fracasada la conciliación obligatoria. En la misma sintonía se expresaron los representantes del Poder Judicial.
“Pactamos que la reunión se hiciera en el auditorio de la Subsecretaría, porque había compañeros que querían escuchar las propuestas. Pero cuando estábamos por comenzar, el representante de la Corte dijo que no estaban dadas las condiciones porque había empleados judiciales en el lugar”, reclamó el titular del gremio, Ricardo Babillón.
Pero Herrera tiene otra visión. “La audiencia se hizo normalmente, lo que pasa es que el gremio quería su tribuna. Las audiencias se hacen en un lugar donde pueden entrar tres representantes más sus representantes legales”, respondió.
El líder gremial confirmó que solicitaron que se dicte el fracaso de la conciliación obligatoria. Además anticipó que no se van a sentar en la paritaria convocada por el Gobierno para finales de junio y que retomarán las medidas de fuerza.
“No nos vamos a sentar a una nueva paritaria hasta resolver la anterior. Vamos a paralizar la justicia hasta agosto si es necesario, no hay más tiempo que dilatar”, indicó Babillón.
“No es que fracasó su audiencia, el gremio y el Poder Judicial se sentaron. El sindicato pidió el fracaso de la conciliación obligatoria y ahora la Subsecretaría de Trabajo tiene que dictaminar si esto es así. Hasta que esto ocurra, sigue estando vigente”, enfatizó Herrera.
La postura de la Corte
Desde el Poder Judicial aseguraron que se realizó una nueva oferta salarial, superadora a la anterior, y aseguró que se habían realizado en todos los pedidos solicitados por el gremio.
“La oferta que se presentó recomponía el 11% ofrecido en abril, marzo y junio, respecto al decreto que había dado un 10%, y se cambiaba la base a enero de este año, lo que daba unos puntos más. Además, se ofrecía un ítem que se llamaba ‘servicio de justicia’, que para la clase 8 a 23, es decir para empleados, significaba una suba de 65 mil pesos”, detalló Martín Ahumada, Vocero del Poder Judicial.
El funcionario aseguró que ya se había aceptado la eliminación de la acordada 19.000 y se había avanzado en la idea de redactar un convenio colectivo de trabajo, que traería consigo una reestructuración de las categorías, lo que impactaría también en el salario de los empleados.