Al fin, el Gobierno provincial cedió al pedido de la oposición y las campañas audiovisuales tendrán financiamiento público. En la audiencia que reunió al oficialismo y a la oposición en la Suprema Corte de Justicia, el ministro de Gobierno, Rodolfo Lafalla, presentó un proyecto para introducir las modificaciones a la Ley 8.619, de las PASO locales.

“Hemos llegado a un entendimiento, esto se tendría que haber solucionado con diálogo político”.

Salvo el Frente de Izquierda, el resto de los partidos de la oposición manifestaron su conformidad con la propuesta oficial. Sin embargo, la audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes porque la UCR espera que el Gobernador derogue los decretos cuestionados y que se aprueben primero las modificaciones en la Legislatura.

Para eso está prevista una sesión especial el viernes en Diputados y se espera que el lunes se trate en el Senado. Con estos cambios, el Gobierno destinará 6%, unos 29 millones de pesos, para financiar la publicidad audiovisual de las PASO y de las elecciones generales. En cuanto a los municipios, deberán recibir 20% del dinero para la publicidad en medios audiovisuales.

Esa partida proviene de la pauta presupuestaria que actualmente el Gobierno gasta en publicidad y propaganda. Además se destinará un monto aparte para la impresión de boletas. “La Junta Electoral nos va a dar el dato y en base a eso vamos a aportar para imprimir las boletas”, explicó Lafalla.

“Hemos llegado a un entendimiento, esto se tendría que haber solucionado con diálogo político”, señaló el diputado radical Tadeo García Zalazar. 

En tanto, este proyecto abre la puerta al aporte de privados para propaganda en vía pública, gráfica y en los medios on line. Estos aportes serán controlados a través de la Ley 7.005 que impone un tope para estas contrataciones que ronda en los 11 millones de pesos.

En este punto es donde el FIT se resiste y asegura que continuará el reclamo judicial porque sienten que no competirán en igualdad de condiciones. “No podemos aceptar este chantaje, empeora la ley anterior. El reclamo judicial seguirá y se tendrá que expedir la Corte”, indicó el diputado nacional y candidato a intendente de Capital, Nicolás del Caño.

Con este acuerdo no sólo se evita la judicialización del conflicto sino que además se da luz verde para avanzar en la aprobación del Presupuesto 2015 que quedó trabado porque el oficialismo se resistía al proyecto radical de destinar un monto para financiar las campañas electorales.