La muerte de Mariana Roby y el doble homicidio perpetuado por el policía José Ontiveros permiten entrever el limbo que existe en los casos de violencia de género en nuestra provincia. Se trata del seguimiento o control en las órdenes judiciales de restricción de acercamiento entre el maltratador y su víctima. Tanto en el Gobierno como en la Legislatura reconocen que  hay fallas en la comunicación entre el juez que libra la prohibición de acercamiento y el comisario a cargo de hacerla cumplir. Esto deja a la mujer en una real situación de desprotección que, en los casos mencionados y en otros anteriores, han concluido trágicamente. 

¿Quién controla si un hombre, denunciado por violencia de género, respeta la prohibición de acercarse a una mujer? La medida de restricción de acercamiento es dispuesta por el Juzgado de Familia a partir de la denuncia de la mujer. El juez tiene que analizar si corresponde aplicar esta restricción que incluye el hogar y el lugar de trabajo, de acuerdo a una serie de indicadores de violencia. 

Los responsables de la aplicación y seguimiento de estas medidas de protección son los Juzgados de Familia y el Ministerio de Seguridad, en este caso representado a su vez por los comisarios, a cargo de la jurisdicción donde vive la víctima.  

Pero la orden no se dispone de manera efectiva en todos los casos. Desde la Dirección de Mujeres, Género y Equidad, María Laura Palero señaló que la medida tiene que implementarse en las 48 horas, pero en ocasiones las notificaciones llegan con una semana de atraso. Además, describió, hay jueces que no confían en la palabra de la mujer y piden a la propia víctima que aporte testigos o la someten a pericias, cuando en realidad esas medidas deberían aplicarse al agresor. Por otra parte, muchas víctimas creen que la orden está vigente para toda la vida, pero en realidad tiene sus plazos y esto no es comunicado de manera fehaciente.

Sin articulación entre el juez y el comisario

“No hay cruce o una exigencia más vinculante entre la Justicia y Seguridad”, afirmó Palero. Así, también señaló que en las comisarías no hay listados sobre los maltratadores, lo que fue confirmado desde Seguridad. Mucho menos, tampoco hay un cruce de información entre distintos organismos del Estado sobre los hombres que tienen la prohibición de acercarse y que tienen permiso para portar armas. “Las mujeres están desprotegidas porque el comisario no está al tanto”, afirmó la funcionaria. 

Germán Ferrer, juez de la Cámara de Apelaciones de Familia, explicó que la Justicia notifica a la comisaría y, en un apartado, establece que la Policía tiene que prestar todo el auxilio a la víctima. También puede notificar, a través de la comisaría, al presunto agresor.

“No hay cruce o una exigencia más vinculante entre la Justicia y Seguridad”, María Laura Palero

Sin embargo, señaló Ferrer, “uno siente temor porque la víctima está desamparada ya que muchos de los lugares donde viven son alejados de la comisaría y de difícil acceso”. A su vez, remarcó que no es competencia de la Justicia el seguimiento y tampoco cuenta con los recursos para realizarlo. Una alternativa para el juez es que la víctima establezca un plan de seguridad donde colaboren los vecinos, familiares y comerciantes para dar el alerta.  

En el Ministerio de Seguridad reconocieron que no hay un vínculo directo entre los jueces y los comisarios. Alejandro Gil, subsecretario de Relaciones con la Comunidad, explicó que las órdenes de prohibición llegan a la Comisaría de Notificaciones Judiciales -la dependencia donde trabajaba el policía José Ontivero-. Cuando la víctima denuncia al 911 que se violó la medida judicial, entonces se produce la notificación y la posible detención del agresor.

“Muchos de los lugares donde viven son alejados de la comisaría y de difícil acceso”, juez Germán Ferrer

“Cuando el peligro es inminente, el juez ordena un patrullaje cada dos horas por la puerta de la casa”, indicó Gil. Pero el funcionario admitió que es la propia víctima la que comunica al comisario sobre su situación de vulnerabilidad. 

Un proyecto de ley para fiscalías especiales paralizado

En la Legislatura, la preocupación por el incremento de la violencia hacia las mujeres ha generado una comisión bicameral y diversos proyectos de ley relativos a la problemática. La principal fue la adhesión a la ley nacional sancionada hace dos años. A partir de allí, hay otras normas complementarias. Pero también en la Casa de las Leyes evidencian que la articulación entre la Justicia y la Policía no es óptima.

“Notamos muchas fallas desde lo policial en la coordinación con el Poder Judicial”, apuntó Lorena Meschini, presidenta de Derechos y Garantías. “Tal vez se necesite conformar un órgano específico” que verifique y controle , sostuvo la diputada radical. “Evidentemente, estas órdenes de restricción no se les debe dar bolilla o deben estar sobrepasados”, apuntó Mónica Zalazar, diputada justicialista que dirige la comisión de Género. 

Zalazar propuso crear fiscalías especiales sobre violencia de género, ya que serían ámbitos específicos para realizar el seguimiento de toda la problemática. El proyecto está paralizado desde hace dos años en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, sin respuesta de la Procuración General de la Corte, a cargo de Rodolfo González. El argumento es sencillo: Zalazar adujo que falta presupuesto en la Justicia para poder abrir cuatro fiscalías especiales en cada circunscripción judicial. 

“Estas órdenes de restricción no se les debe dar bolilla o deben estar sobrepasados”, Mónica Zalazar

Sin emergencia 

La emergencia en violencia de género es otra de los proyectos anclados sin que lleguen al recinto. El oficialismo es reacio a estas declaraciones y solo basta recordar las contradicciones que generó la pedida por el vicegobernador Carlos Ciurca. El proyecto del diputado massista Daniel Cassia tampoco encontró eco, aunque implicaría que se destinen recursos de manera directa para abordar la violencia de género. 

A ello se suma una norma presentada recientemente, el botón antipánico, de la diputada radical Beatriz Varela. En Seguridad, Alejandro Gil recordó a su vez que el Gobierno presentó al BID un proyecto para financiar este dispositivo de alerta, pero que fue rechazado por el organismo financiero. En ese mismo paquete de proyectos, el BID sí aprobó un crédito por siete millones de dólares para que la Provincia sumará más cámaras de vigilancia.