El Poder Ejecutivo de Mendoza presentó a la Legislatura un proyecto de ley que propone modificar las leyes 6.730, 8.008 y 9.040, con el objetivo de mejorar la eficiencia del fuero penal. La iniciativa plantea cambios en la organización de audiencias, la distribución de causas y el funcionamiento de la Oficina de Gestión Administrativa Penal (OGAP), apuntando a un uso más equitativo de los recursos y a la agilización de los procesos.
Entre los diagnósticos que sustentan la reforma, el Gobierno advirtió de una marcada concentración de audiencias en el turno matutino: entre 2023 y 2024, el 86% se realizaron entre las 8 y las 13 horas, sin registro de actividad después de las 18.
Esto genera, según el proyecto, una capacidad edilicia ociosa en las tardes que podría aprovecharse. Por ello, se plantea fijar los debates correccionales exclusivamente en horario vespertino y ampliar la publicación y registro de todos los actos procesales, reforzando la transparencia.
Otra de las modificaciones centrales apunta a equilibrar la carga de trabajo entre los Tribunales Penales Colegiados y los Juzgados Penales Colegiados. En 2023, mientras los primeros recibieron 1.871 causas, los segundos tramitaron 19.923. El proyecto busca redistribuir competencias y asignar a los Tribunales la totalidad de los debates correccionales, que suman unos 4.000 anuales, liberando tareas a los jueces de primera instancia.
La propuesta también incorpora obligaciones para publicar la agenda penal en la web del Poder Judicial, con detalles de las partes intervinientes y motivos de suspensión o reprogramación. Además, redefine funciones de la OGAP para fortalecer la planificación, control de audiencias y gestión de recursos humanos y tecnológicos, bajo supervisión de la Suprema Corte.
Según el Ejecutivo, estas reformas pretenden “asegurar un mejor servicio de justicia para los mendocinos” mediante la optimización de tiempos, el uso completo de la infraestructura judicial y una distribución más equilibrada del trabajo en el fuero penal.