El Ministerio de Desarrollo Humano entregó ayer material mediante el que se explica a los uniformados cómo lidiar con casos en los cuales se vean involucrados menores de edad. La Dirección de Niñez y Adolescencia continuará la capacitación de los efectivos. El lunes, especialistas del Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad dieron a policías de la provincia textos para que se interioricen en el procedimiento que deben realizar en caso de tener que resolver un conflicto en que se vean involucrados jóvenes o niños.
El objetivo es formar a las fuerzas en el tratamiento de casos que involucren a menores de edad y orientarlos en el conocimiento de la legislación vigente en este aspecto. La ministra de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, Silvia Ruggeri, y el ministro de Seguridad, Carlos Ciurca, presidieron el acto de entrega del material, que se realizó en la Biblioteca Pública General San Martín, en Capital.
Entre los textos entregados a los policías figura la Ley 26.061 de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para que los uniformados se interioricen en ella, la hagan cumplir y la respeten. Esta actividad se complementará con una capacitación que se le brindará a los agentes, a cargo de los profesionales de la Dirección de Niñez y Adolescencia. El objetivo de estas actividades es que cada comisaría cuente con personal capacitado en el trato de niños y adolescentes, y en la atención de las denuncias que involucren a los mismos.
La orientación comenzará a darse a comisarios y a personal con nivel de mando y, en la primera etapa, se han entregado más de cien ejemplares del material de estudio. La ley incluida en este material estatuye en uno de sus artículos que los organismos del Estado deben garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Además, la norma dicta que se debe priorizar la protección y auxilio del niño o niña en cualquier circunstancia y que estos tienen preferencia de atención en los servicios esenciales.
Otro de los artículos dice que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio o a ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o negligencias, así como explotación sexual, secuestros o tráfico. También se establece que los organismos del Estado deben garantizar programas gratuitos de asistencia y atención integral, que promuevan la recuperación de todas las niñas, niños y adolescentes. Además, la normativa deja en claro que los menores tienen derecho a su libertad personal, sin más límites que los establecidos en el ordenamiento jurídico vigente y no pueden ser privados de ella ilegal o arbitrariamente.
