En 2023, Mendoza presentó en la Corte Suprema de Justicia cinco acciones judiciales contra la Casa Rosada que se resumen en tres temas puntuales: reconocimiento de territorios a presuntas comunidades mapuches en el sur provincial, cambios en el Impuesto a las Ganancias y trabas en el acceso a dólares oficiales.
A raíz de un pedido de informe que realizó El Sol, desde Casa de Gobierno dieron a conocer en qué situación judicial se encuentran las demandas que realizó Rodolfo Suarez en su último año como gobernador de Mendoza.
En la escueta respuesta oficial se puede observar que cuatro de esos litigios (dos entablados contra el ex Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y otro par relacionado con el decreto que estableció el nuevo piso a partir del cual se paga Ganancias) se encuentran en “trámite”. El restante reclamo que hizo Suarez antes de dejar el sillón de San Martín para tener acceso al Mercado Único Libre de Cambios (MULC) está bajo el concepto jurídico de “moot case”.
Los defensores legales que figuran en las diferentes causas son Ricardo Canet, asesor legal, el fiscal de Estado, Fernando Simón y el abogado adscripto Juan María Díaz Madero.
Ya de lleno en demandas, bajo la carátula “Mendoza, provincia de c/ Estado nacional (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas -Inai-) s/acción de nulidad”, la Provincia inició acciones legales contra el Inai luego que le otorgara tierras, en enero de 2023, a la presunta comunidad mapuche Suyai Lefv de Malargüe. Además de dicho pedido, el Estado provincial presentó, en agosto de 2023, una medida cautelar.
La postura del Gobierno de Suarez y ahora de Alfredo Cornejo, es que le declare inconstitucional y la nulidad de la decisión del INAI debido “al exceso de facultades incurridas por las autoridades de dicho instituto al otorgar personería jurídica a pseudo comunidades aborígenes, sin la debida intervención de la Provincia, condición que no solamente prevé la ley nacional Nº 23.302 sino también el convenio entre partes que tiene firmado ese organismo con la Provincia“.
El último movimiento reportado por el máximo órgano de Justicia fue a finales de noviembre del año mediante una firma de despacho por parte de la Procuración del Tesoro de la Nación.
El reclamo del Impuesto a las Ganancias
En plena campaña electoral, el por entonces ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, impulsó la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.
A partir de la eliminación de la cuarta categoría, se incrementó a 15 salarios mínimos vitales y móviles ($ 1.980.000) el piso de ingresos brutos mensuales a partir del cual los trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados comienzan a pagar el impuesto.
Como Ganancias es un tributo coparticipable, esa reforma aprobada por ley provocó el desplome los ingresos de las provincias. Por ese motivo, en noviembre del año pasado Suarez presentó una acción de inconstitucionalidad, con una medida cautelar, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De esa manera, Mendoza fue la primera jurisdicción en anteponer una acción legal contra la reforma tributaria implementada por el Gobierno nacional.
El último movimiento de la demanda caratulada “Mendoza, provincia de c/ Estado nacional (P.E.N.) s/acción declarativa de inconstitucionalidad” ocurrió el 4 de marzo de año, cuando la Corte Suprema hizo saber que “las actuaciones se encuentran a consideración del Tribunal“.
Si bien la demanda sigue su derrotero judicial, desde el punto de vista político la administración de Javier Milei plantea la posibilidad de subir nuevamente el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para compensar a las provincias y lograr el apoyo de los gobernadores en el nuevo proyecto de la Ley Bases que se tratará en el Congreso.
El “moot case” al cepo a las provincias
En junio del año pasado, el Banco Central emitió una resolución que disponía a las provincias a que solo pudieran comprar el 40% de sus deudas en dólares al valor de cambio oficial, por lo que tendrían que afrontar el 60% restante con fondos propios.
Ante esta medida y frente a un pago de vencimientos de deuda que tenía que hacer la Mendoza por 45 millones de dólares en septiembre de 2023, Suarez presentó un planteo de inconstitucionalidad alegando a que las “provincias no podían ser excluidas de las normas sobre tipos de cambios”.
La causa caratulada “Mendoza, provincia de c/ Banco Central de la República Argentina y otro s/acción declarativa de certeza” tuvo un arduo movimiento procesal hasta se fijaron dos fechas de audiencias para que las partes se expresen frente a los supremos.
Pero las audiencias no se llegaron a realizar. En ese lapso, las autoridades del Banco Central y del Gobierno provincial mantuvieron una serie de reuniones en la que llegaron a un acuerdo y así Mendoza pudo acceder a los dólares necesarios para afrontar sus vencimientos.
Una vez “solucionado” el conflicto, la representación legal de la Provincia presentó una nota escrita en la que denomina a la causa bajo la definición de “moot case”. Hasta el momento, la Corte Suprema no ha expresado.
“Moot case” es un término legal que hace referencia a la ausencia de una discusión real entre las partes porque ya alcanzaron un acuerdo en medio del proceso judicial y, por lo tanto, se ha extinguido la controversia.