El gremio de los Empleados Judiciales aceptó en una asamblea en la tarde de este martes la oferta de aumento salarial hecha por la Provincia en la negociación paritaria. El aval se dio luego de más de dos meses en conflicto que paralizó el Poder Judicial y tras los fuertes descuentos que se aplicaron por el paro de mayo.
En concreto, el gremio aceptó la propuesta general de 15% divido en tres meses -para julio, agosto y septiembre-, pero con el agregado que ya puso sobre la mesa el Gobierno: dejar de calcular los porcentajes sobre el mes de diciembre. De esta manera, en agosto y septiembre se hará sobre el haber de julio.
Sin embargo, hubo dos aspectos claves que permitieron descomprimir la situación -el Poder Judicial estuvo paralizado durante casi un mes en mayo-.
Por un lado, el acuerdo por el convenio colectivo de trabajo y la derogación de la acordada 19.000 -que se dio durante la conciliación obligatoria-.
Por el otro, el aumento del ítem judicial que, de 20 puntos, ahora será de 27 puntos y se calcula sobre factores decisivos en el bono de sueldo, como la asignación de clase, títulos, antigüedad. Según explicaron desde el gremio, impacta en el básico y en la categoría del trabajador.
Hay otro elemento más que permitió la aceptación, pero ya había sido acordado previamente. A la par de que Empleados Judiciales rechazó el llamado “ítem aula” para el sector, sí aceptaron otro adicional denominado “ítem CPP” -Código Procesal Penal- o “ítem efectividad”.
Ese plus apunta directamente a los trabajadores de las oficinas fiscales y no es menor: corresponde al 65% del básico.
Respecto al convenio colectivo de trabajo, Ricardo Babillón -secretario general- señaló que los judiciales mendocinos no están encuadrados en ningún marco legal y que había actividades contempladas para un Poder Judicial de hace 60 años.
En este punto, se acordó con la Suprema Corte que en un plazo de 6 a 8 meses pueda implementarse un convenio propio, acorde a la realidad de los judiciales mendocinos.