Centenares de objetos de valor, a menudo escondidos por mantos de tierra en las denominadas huacas o templos ceremoniales, han sido expoliados durante años por nativos o avispados extranjeros que los venden en el codicioso mercado del arte. El aumento de ese comercio ilícito, equiparable al tráfico de armas y de drogas, ha disparado las alarmas. Según el Instituto Nacional de Cultura, desde 1976 se han robado un total de 1.276 piezas del país, cifra que los expertos consideran aún mayor.

            Cerámicas, tejidos y metales, en los que las antiguas civilizaciones dejaron señas del más avanzado conocimiento de la naturaleza, la arquitectura o el arte textil, caen diariamente en manos de saqueadores. Sus acciones están alentadas por los altos precios que alcanzan los tesoros expoliados, a menudo superiores a los 150.000 dólares, en EEUU y Europa, los principales destinos del mercado negro. A ello se suma la facilidad con la que los ladrones consiguen ingresar en antiguos templos, recintos religiosos y museos.

           En un territorio superior a un millón de kilómetros cuadrados (1.285.216 km2), custodiar los bienes nacionales se ha convertido en un gran reto, cuya solución pasa, según los expertos, por aumentar la inversión estatal. Carentes de ese capital, muchos sitios aparecen saqueados repetidamente, revelándose así como víctimas de un profundo olvido gubernamental. Ejemplo de ello es la ciudadela de Cahuachi, una de las construcciones de adobe más extensas del mundo, al nivel de Chan Chan, ubicada cerca de la norteña ciudad de Trujillo.

             Sede de la cultura nazca, que habitó la región del mismo nombre entre los 400 años antes de Cristo y los 400 de la nueva era, Cahuachi supera los 24 kilómetros cuadrados. Sin embargo, una sola persona se encarga de velar por su seguridad, lo que explica la desoladora imagen de la ciudadela, en la que los restos de tumbas saqueadas se mezclan con la tierra que durante años ha resguardado los tesoros escondidos por los antiguos nazcas.

             La triste historia del saqueo en Perú ha provocado el esparcimiento de su patrimonio por el mundo. Y hoy es habitual encontrarse con coleccionistas privados, museos e, incluso, casas de subastas con tesoros que fueron desposeídos de su nación originaria. Precisamente uno de los capítulos recientes más oscuros tuvo lugar en mayo en Nueva York, cuando la casa Christie’s subastó un conjunto de piezas precolombinas, las que fueron adquiridas por 45.600 dólares.

UNA LACRA DE ORÍGENES REMOTOS.

            El origen de los saqueos en Perú es tan remoto como el del mercado negro del arte, aunque uno de los momentos más oscuros sigue siendo el que rodea al descubrimiento de Machu Picchu por el estadounidense Hiram Bingham. Este expedicionario, quien en 1911 llegó a la ciudadela y la dio a conocer al mundo, se llevó un año después unas 5.000 piezas en calidad de préstamo. Desde entonces, los objetos de oro, plata, madera, hueso, piedra y cerámica se encuentran en la Universidad de Yale, desde donde el Estado peruano busca repatriarlas hace décadas.

           Otro tesoro, la momia del rey mochica que vivió hace 1.700 años en el norte de Perú –conocida como el Señor de Sipán–, ha sido víctima también de profanaciones. El arqueólogo Walter Alva, descubridor de este valioso hallazgo que ha sido catalogado como uno de los más importantes del siglo XX y comparable con Tutankamon, recordó a Efe que, tras las primeras excavaciones en la denominada Huaca Rajada, dormía con un arma para ahuyentar a los profanadores. Para este arqueólogo, el problema seguirá existiendo mientras perdure el valor de las colecciones privadas.

             A sabiendas de que del templo donde apareció el Señor de Sipán se robó otra tumba de igual valor, vislumbra, sin embargo, un futuro esperanzador. En los años 40, 50 y 60 hubo un gran auge de los saqueos, aunque actualmente existe una mayor conciencia popular y se ha incrementado también el esfuerzo de las autoridades. Según Alva, para quien los robos al patrimonio contribuyen a la lamentable pérdida del pasado histórico, las zonas más huaqueadas –término con el que se designan los templos profanados– se encuentran en el norte.

          En el centro y sur del país, donde abunda el exquisito arte colonial que combina influencias europeas con toques indígenas, los saqueos se concentran en iglesias y catedrales. Los delitos en esos templos se han convertido tan habituales que muchas poblaciones disponen vigilantes nocturnos, escogidos entre los propios nativos, para custodiar sus tesoros. Según el responsable de patrimonio de la Agencia Española de Cooperación Internacional (Aeci) en Perú, Juan de la Serna, los lienzos son las piezas que más se sustraen, seguidos de retablos y esculturas.

            Estos hurtos, que antes realizaban pobladores de las mismas localidades andinas como forma de subsistencia, son perpetrados cada vez más por mafias organizadas, detalló de la Serna a Efe. Agregó que, aun que es difícil determinar la cantidad de objetos que han sido robados del país, probablemente ronde 50 por ciento del patrimonio. Los ladrones de tesoros no entienden de sitios ni de razones. Y así como profanan huacas y templos religiosos, no dudan en sustraer piezas de los museos.

           Entre los objetos que han sido arrancados de sus urnas figura la bandera de Perú ideada por el general argentino José de San Martín, que ondeó durante la primera ceremonia de proclamación de la independencia. La recuperación de esta pieza, que terminó con celebración oficial, fue posible sólo gracias a que una mafia la ofreció a un coleccionista de Lima.

 LA LUCHA POR RECUPERAR LA MEMORIA HISTÓRICA.

           Conscientes del aumento del tráfico ilícito de bienes culturales, el Gobierno peruano ha multiplicado sus esfuerzos. El Instituto Nacional de Cultura (INC), a través de la Dirección de Defensa del Patrimonio Histórico, es el organismo encargado de frenar el delito. Creado en el 2003, está integrado por especialistas de diferentes campos que trabajan junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Policía Nacional, la Interpol, el Ejército y la Fiscalía, entre otros organismos. Además, el aeropuerto internacional de Lima cuenta, desde 1999, con un módulo capaz de identificar piezas originales. Pero la lucha contra el saqueo trasciende a las autoridades y radica, en gran parte, en la conciencia de los mismos habitantes.

             La directora del INC, Cecilia Bákula, recordó en un documento publicado recientemente que la prevención y la defensa son siempre armas más eficaces y necesarias y asegura que la responsabilidad es de todos. En ese intento de concientizar al pueblo, se enmarca la iniciativa del INC de preparar brigadas de voluntarios que protejan sitios arqueológicos. La problemática ha alcanzado tal nivel que el Consejo Internacional de Museos se ha volcado a la elaboración de una Lista Roja de Bienes Culturales, dedicada exclusivamente a Perú.

           Ese documento, que contiene fotos de 28 categorías de piezas que corren riesgo de caer en manos de traficantes, es el primero de un país americano. Los anteriores, ideados desde el 2000, corresponden a África, América latina, Irak y Afganistán. Por otro lado, para facilitar la repatriación de los bienes expropiados, el Gobierno peruano acaba de firmar un convenio con Suiza y busca renovar el Memorando de Entendimiento con EEUU.

            Los esfuerzos estatales empiezan a dar sus frutos, ya que, en junio, el Gobierno de Washington devolvió a Perú 412 piezas precolombinas. En paralelo, se han iniciado 184 procesos jurídicos en 12 países. Mientras las autoridades celebran lo que consideran un paso adelante, los expertos recuerdan que la lucha para frenar el tráfico ilícito pasa ineludiblemente por registrar todo el patrimonio nacional, algo que consideran que está hecho sólo en 40 por ciento.

          Para conseguirlo, el pleno del Congreso aprobó, en primera votación, un dictamen que obliga a registrar los bienes culturales y a informatizar una lista. El reto está servido, sobre todo para quienes dudan de que los propósitos se cumplan, como sucede con las penas por expoliación de patrimonio. Y es que, aunque ese delito se sanciona con hasta 8 años de cárcel, los arqueólogos sostienen que raramente se imparte justicia. Mientras las autoridades se afanan por frenar un delito histórico, los peruanos presencian con resignación la lamentable pérdida de su herencia histórica.