El jueves pasado se conoció la denuncia penal que recayó contra dirigentes de la Organización Libres del Pueblo (OLP), una organización respaldada por La Cámpora, por obligar a los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo a pagarles un diezmo, y por supuestas maniobras extorsivas para cobrar ese dinero.
En concreto, las dos hermanas identificadas como N y L, que denunciaron y pidieron reserva de la identidad por temor a represalias, acusaron en la Justicia federal al referente en Mendoza de la OLP, Juan Aguilar, su mujer Yéssica Alcalá, Ana Gutiérrez y Carlos Gaime. Sin embargo, el fuero federal pasó el caso a la Justicia local, a la Fiscalía de Delitos No Especializados, por considerar que el caso no le compete.
La denuncia se basa en que, una vez que cobran el programa nacional, a los beneficiarios se los obliga a depositar el 10% en la organización y a asistir a las marchas políticas, caso contrario, dan de baja a los planes.
En abril del año pasado, El Sol dio a conocer la maniobra que realizaba la organización para quedarse con el dinero de los planes sociales. En ese entonces, Aguilar se defendió asegurando que se trataba de un “aporte voluntario” y además dejó en claro que nadie estaba obligado a ir a las marchas.
Ahora, las denunciantes cansadas de la “extorsión” que vivieron relataron en primera persona las irregularidades que se cometen dentro de la organización K que comanda Aguilar y los problemas que tuvieron durante su paso por la OLP.
La historia en primera persona
L: Empecé hace más de doce años con Juan Aguilar. Siempre tuve encontronazos con él, por ejemplo, íbamos a formar una cooperativa de vivienda con una cuota social, pero él quería quedarse con la plata, le dije que no y se enojó. Entramos a la OLP porque primero entraron mis padres y mi hermano a trabajar.
En mi caso empecé a trabajar en los merenderos y ahí me pidieron los datos para darme de alta en el Potenciar en el año 2021. En ese momento les tenía que pagar una cuota de $1.500 y después de $2.000. Le pagaba a Yéssica. Además, si te conseguían un trabajo tenías que darle la mitad del sueldo. Eso era una obligación y si no te quedabas sin trabajo.
En enero decidí cambiarme de organización y me dieron de baja el Potenciar, pero no sólo eso, me dieron la baja a la tarjeta de la asignación, me la bloquearon sin aviso. Estuve meses tratando de volver a cobrar, tengo siete hijos que mantener y mandar a la escuela.
En Guaymallén tienen una casa grande donde además de cobrar el 10% de los planes, guardan la mercadería que les manda el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Se la guardan y la venden en la feria.
N: Mi historia empezó en plena pandemia. Era encargada de redes sociales de la OLP, trabajé para ellos mucho tiempo gratis. Después me dieron de alta en el programa en octubre del 2020. Íbamos al banco a cobrar y después les daba el 10% y firmaba una planilla donde quedaba registrado. Otros hacían las transferencias por Mercado Pago. Me obligaron también a poner 5 mil pesos en una rifa de electrodomésticos.
En los merenderos donde trabajamos teníamos que pelear constantemente por la mercadería, en algunos casos se vencía porque no la querían dar. Después agarran a los compañeros y los ponen a vender. Juegan con los más necesitados.
Ellos (Juan Aguilar y el resto de los denunciados) viven gracias a lo que el Gobierno les da. Juan Aguilar tiene un caserón en Corralitos, no se entiende cómo. En el caso de su mano derecha, Ana Gutiérrez, apareció de la noche a la mañana con un cero kilómetro y todos empezaron a tener propiedades. Además, tiene protección de la hinchada de la Lepra porque les da los Potenciar a ellos.
Por todas estas cosas decidí cambiarme de organización y denunciar. Cuando renuncié a la OLP me dieron de baja el Potenciar Trabajo. En cuanto a la cantidad de programas que tiene la OLP, es mentira que son 300, están arriba de los 600, por lo que se quedan con muchos millones por mes al pedir el 10%.
En mi caso iba a las marchas, me gusta la política sana, pero no la extorsiva.
Polémicos planes
El plan Potenciar Trabajo implica el cobro mensual de la mitad del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Actualmente, los beneficiarios cobran alrededor de $33 mil. A cambio, tienen que realizar una contraprestación de 20 horas semanales.
La práctica ilegal que realiza la OLP es recurrente también en otras organizaciones, que le dan un uso meramente político y clientelista a este tipo de programas que baja la Nación.
Es por eso que, para evitar la “extorsión” de los movimientos sociales, los beneficiarios pueden cambiarse una vez al año de unidad de gestión y pasar a depender de la unidad gubernamental para no tener la obligación de realizar el aporte a las organizaciones políticas.
También desde hace tiempo los Potenciar Trabajo están en el ojo de la tormenta tras la detección de serias irregularidades en el otorgamiento de los mismos, razón por la cual en enero la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, suspendió a unos 155 mil beneficiarios.