El Gobierno nacional, a través de la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), calificó a las personas con discapacidad de “imbéciles”, “idiotas” y “débiles mentales”.
Los términos presentes en la normativa que fija criterios de evaluación para las personas que pueden acceder o continuar recibiendo una pensión por invalidez, despertaron fuertes críticas en diferentes sectores de la provincia porque, aseguran, son palabras que dejaron de usarse muchos años atrás y son sumamente ofensivas.
Por otro lado, cuestionaron lo que establece la publicación que salió este jueves en el Boletín Oficial. Según detallaron desde la Defensoría de las Personas con Discapacidad de Mendoza, vuelve incompatible la pensión con la posibilidad de tener un trabajo, ya que solo accederán al beneficio aquellos que tengan una “condición grave de salud”.
Críticas y malestar
En uno de los puntos del anexo del “Baremo para la evaluación médica de invalidez de las Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral”, el Gobierno nacional hace referencia a “retardos mentales“. Este término se reemplazó hace tiempo por “discapacidad intelectual“.
También se incluyeron calificativos como “imbéciles“, “idiotas” y “débiles mentales” para hablar sobre el coeficiente intelectual de una persona. De esta forma, fue que rápidamente llegaron los repudios.
Juan Carlos Gónzalez, defensor de las personas con discapacidad de Mendoza, mencionó que se trata de términos de la psiquiatría de más de 100 años atrás y aseguró que es una “terminología más que anacrónica, ofensiva”.
“Estos términos no responden a todos los tratados internacionales de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nuestro país la declara con rango constitucional. Estas palabras no solo contrarían la legislación nacional e internacional en materia de discapacidad, sino que además nos ofenden“, declaró en diálogo con El Sol.
En la misma línea se expresó Gabriela Juárez, quien estuvo 8 años a cargo de la Dirección de Discapacidad de Mendoza.
“Son términos que ya no se usan desde 2008 y lo establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es algo que está fuera de tiempo“, sumó.
Gónzalez, también apuntó contra la ANDIS y expresó que no se trata de un “error o algo que desconozcan”.
“Claro que esto no es una casualidad. Lo gravísimo es que proviene de la misma Agencia Nacional de Discapacidad. Entonces, realmente no podemos dejar de estar azorados frente a esta a esta resolución. Me provoca mucha tristeza porque estos relatos marcan la vuelta atrás en la conquista de muchos derechos que nos han costado mucho a las personas con discapacidad“, afirmó.
Pensión y trabajo, de la mano
La resolución publicada este jueves se desprende del Decreto 843/ 2024 que hace referencia a las pensiones no contributivas por invalidez laboral. Por esta normativa, la Defensoría de la provincia ha presentando un recurso en la Justicia.
“El Decreto 843 viene a reglamentar esta resolución, que es entender que la persona con discapacidad va a poder acceder a una atención solo si tiene una condición grave de salud. Es como si no pudiésemos acceder al mercado laboral solo por esto, cuando en realidad no podemos por otros motivos que no son de salud, sino sociales como pueden ser el desconocimiento y la discriminación“, explicó González.
Además, el defensor llamó a la reflexión y resaltó la necesidad de generar una compatibilidad entre la pensión y el trabajo.
“Se declara incompatible la pensión con la posibilidad de tener un pequeño trabajo. Y la pensión debe acompañar a la persona que quiere conseguir un trabajo porque son mayores los gastos que vamos a tener. Por ejemplo, un persona con discapacidad visual no puede usar el mismo teléfono que otra persona; alguien con discapacidad motriz debe pagar apoyos. Por eso el beneficio debe ser compatible con trabajar“, concluyó.
Comunicado oficial
Tras las críticas, desde la Agencia Nacional de Discapacidad argumentaron que son “términos que, históricamente” se han utilizado en la medicina psiquiátrica, aunque explicaron que se trató de un “error”, sin “intención discriminatoria”. Además, afirmaron que la resolución y los anexos será modificados siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes.
