El camarista Alberto Lugones, el principal aliado de Walter Bento en el Consejo de la Magistratura, podría perder su lugar en el órgano encargado de elegir, controlar, sancionar y remover a los magistrados.

El próximo 18 de octubre, los abogados y jueces elegirán a sus cuatro representantes para formar parte del Consejo de la Magistratura. La lista Celeste, que agrupa a los magistrados más cercanos al Gobierno, volvió a elegir como cabeza de fórmula a Lugones. Por el sector más crítico hacia el oficialismo, agrupados en la Lista Bordó, el candidato es Diego Barroetaveña, juez de Cámara Federal de Casación Penal. Como tercera opción, desde “Compromiso Judicial”, competirá el camarista Comercial Eduardo Machín.

Pero la Ley 24.937, que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, determina que sus miembros tienen que estar en funciones durante cuatro años, pudiendo ser reelegidos únicamente con un período de intervalo entre cada gestión. En tal sentido, Lugones fue impugnado porque no cumple con el tiempo necesario de intervalo para que pueda ser reelecto.

Machín denunció que como Lugones asumió en noviembre del 2018, no está habilitado a participar en estas elecciones de octubre. La presentación fue aceptada con el voto de tres de los cinco integrantes de la Junta Electoral de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, lo que dejó al camarista aliado al kirchnerismo con un pie afuera del organismo.

“El Dr. Lugones pretende ser reelecto en el cargo, algo que a nuestro entender se encuentra vedado”, rezaba el escrito de impugnación, que destaca que la redacción de la ley 24.937 destaca que “para poder ser nuevamente electo una vez completado de manera total un mandato, debe existir un intervalo de un período lo que no estaría sucediendo en la especie”.

En su resolución, la mayoría de la Junta Electoral de la Asociación relató que Lugones pretende presentarse a la elección para el periodo 2022/2026 en el mismo carácter en que lo hizo para el periodo 2018/2022. Es decir, “como juez de Cámara, hombre y de una Cámara Federal de Provincia”.

“No cabe sino concluir que su postulación no satisface el requisito en análisis para ser candidato en las presentes elecciones, toda vez que no habrá transcurrido un periodo entre el agotamiento de su mandato actual como consejero de la Magistratura en representación de los jueces y el comienzo de aquel para el cual pretende postularse”, advierte el fallo de la Junta Electoral.

No obstante, el magistrado que está al frente de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín se postuló para un nuevo periodo, argumentando que estaba autorizado a hacerlo debido a los recientes cambios que sufrió el organismo. Según publica el diario Clarín, Lugones tiene la opción de apelar ante la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini. Y en caso de prolongarse el conflicto, podría intervenir incluso la Cámara Electoral. ​

Mala noticia para Bento

La posible baja de Lugones como consejero sería una muy mala noticia para Bento, el juez federal de Mendoza procesado por liderar una banda que cobraba coimas a cambio de beneficios judiciales y por enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.

La relación entre ambos quedó en evidencia en una comunicación que mantuvieron cuando Bento ya sabía que su situación judicial era comprometida y pocos días antes de que se conociera la imputación en su contra.

Ver también: “Gracias hermano”: ¿el mensaje que empezó a tener sentido en el Consejo de la Magistratura?

“Gracias hermano”, le respondió Bento a Lugones el 29 de abril del año pasado, en una conversación por Telegram.

Lugones fue uno de los principales defensores de Bento en los debates que se dieron en el Consejo de la Magistratura, y puso en duda la investigación realizada por el fiscal Dante Vega y el juez Eduardo Puigdéngolas.

La investigación

El pasado 8 de septiembre, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó por unanimidad un proyecto de notificación para que Bento comparezca ante los consejeros. De esta manera, se dio un nuevo paso en el proceso que podría desencadenar en la suspensión del juez federal.

La citación de Bento, una suerte de descargo-indagatoria, fue votada en bloque por el pleno de la Comisión, que fijó el 14 de octubre, a las 9, como fecha de comparecencia.

Tras la indagatoria, el diputado nacional Pablo Tonelli (PRO), presidente de la Comisión de Acusación y miembro informante del Bentogate, contará con 20 días para elaborar un proyecto de dictamen para proponer al plenario del Consejo la desestimación de la denuncia, la imposición de una sanción disciplinaria o la apertura del procedimiento de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento.

Por el tono de las acusaciones, el juicio político es una posibilidad más que concreta. Esta opción, además, está acompañada por la suspensión del magistrado.

Si Bento presenta su renuncia y el Poder Ejecutivo la acepta, se archivará el caso. Pero ya sin fueros, podría terminar detenido. En cambio, si el procedimiento ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados avanza, “el fallo que decida la destitución deberá emitirse con mayoría de dos tercios de sus miembros”.